Lava Jato: nuevo DU 003 afectará al menos a cinco concesiones
La Línea 1 del Metro de Lima, la carretera Ancón-Pativilca y la planta La Chira serán algunas de las APP en las que el Estado retendrá pagos obligatorios.
La modificación del Decreto de Urgencia (DU) 003, aprobada por el Congreso el 9 de noviembre, ralentizará aún más al sector infraestructura, que ya viene siendo afectado por la actual versión del decreto. Éste busca, desde su entrada en vigencia en febrero, cautelar el pago de la reparación civil de las empresas que cometieron delitos de corrupción, en el marco del caso Lava Jato.
La modificación de la norma no sólo generará denuncias contra el Estado —por vulnerar el principio de presunción de inocencia—, sino que afectará la sostenibilidad financiera y pondrá en riesgo la operación de cinco grandes concesiones, como la Línea 1 del Metro de Lima. Éstas serán cinco asociaciones público privadas (APP) adicionales a las que ya afecta la Ley hoy vigente, según un análisis de SEMANAeconómica. En esas cinco APP, el Estado tiene pagos obligatorios por US$285 millones sólo este año:
RETENCIONES OBLIGATORIAS
El cambio al DU 003, pendiente de promulgación, ampliará su alcance a las empresas que se consorciaron con Odebrecht con una participación mayor al 5%: Graña y Montero (G&M) y JJC Contratistas Generales (JJC).
Una de las medidas del DU es que el Estado retenga una porción de los pagos que hace por las APP con dichas empresas, equivalente al margen de utilidad neta de las concesiones. Hay dos formas en las que puede hacerlo: con base en los últimos cinco años en “proyectos similares”, según el texto, o en la proyección hecha en el expediente técnico del proyecto. Esta última es una incorporación a la norma vigente.
“No es un cálculo fácil de hacer. Habrá que recurrir a ProInversión”, dijo una abogada que asesoró algunas de esas obras y pidió anonimato por acuerdos de confidencialidad.
Ya en marzo (SE 1562), esta revista previó que la retención se aplicaría de forma equivocada, por la complejidad para determinarla. Tal ha sido el caso de Olmos y la hidroeléctrica Chaglla, concesiones de Odebrecht en venta en las que se retuvieron pagos por un total de US$5.5 millones, que luego fueron devueltos, informó Odebrecht en un comunicado.
A la fecha, hay cuatro concesiones de Odebrecht con retenciones por US$4.4 millones. Además de las APP, la retención también se aplicará a obras públicas y pagos por servicios al Estado no ligados a infraestructura. Así, los contratos de JJC y G&M por dicho concepto se verán afectados. Esta revista se contactó con JJC al respecto, pero no recibió respuesta al cierre de la edición.
EL IMPACTO EN GRAÑA Y MONTERO
G&M confirmó algunos de los impactos del DU 003 en sus operaciones no ligadas a APP. Por ejemplo, indicó que Concar, empresa del grupo que brinda mantenimiento de infraestructura, tiene contratos de obras públicas con el MTC y con gobiernos regionales. GMP, empresa de hidrocarburos, tiene contratos con Petroperú y Perupetro.
“Las entidades del Estado encargadas de efectuar las retenciones no están preparadas para calcularlas. Esto va a generar demoras en los pagos a nuestras compañías, afectándolas severamente en su liquidez”, dijo G&M en un comunicado a esta revista. GMP representa 34% de las ventas de G&M en infraestructura, mientras que las cinco concesiones que se verán afectadas, 41%.
SEMANAeconómica consultó por los flujos de G&M que se verían afectados, pero la firma indicó que el análisis detallado aún está en marcha. En cuanto a la venta de bienes y activos, el nuevo DU 003impondrá a G&M y JJC un proceso de autorización de ventas por parte del Minjus, como sucede hoy con Odebrecht. El proceso no ha funcionado, y no lo hará tampoco en el corto plazo, pues aún depende de fijar la reparación civil, indica Rafael Boisset, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
La venta de Olmos, pendiente desde noviembre del 2016, se caería en diciembre justamente por la aplicación del DU. De hecho, el ministro de Agricultura, José Hernández, dijo a SEMANAeconómicaque la venta de Chavimochic III, hoy una obra paralizada por no contar con todos los terrenos entregados, tampoco se pudo completar por el DU 003. “Había tres postores, pero éstos se cayeron por el decreto”, afirmó Hernández.
De las dos socias de Odebrecht afectadas, las sanciones del DU para venta de activos es particularmente dañino para G&M, pues aún no culmina su plan de desinversión para pagar las deudas del Gasoducto Sur Peruano. Las ventas pueden incluir tanto participaciones en concesiones como unidades de negocio.
De la lectura del DU, se desprende que la venta de participaciones en concesiones pasarán por la autorización del Minjus. No sería el caso para las empresas que no se asociaron a Odebrecht, como Viva GyMo CAM. Consultada, G&M indicó que aún está trabajando en dicho análisis.
En todo caso, el DU bloquearía las posibles ventas de mayor valor para el grupo como los activos en las unidades de infraestructura e ingeniería y construcción, que juntas representan el 71% de las ventas y 58% del ebitda de G&M.
La autógrafa de esta ley será evaluada por el Ejecutivo, que puede o no pronunciarse al respecto. De no hacerlo, el nuevo DU 003 deberá ser promulgado por el Congreso. Si el Ejecutivo observara la norma, el Congreso podría acoger las observaciones u aprobar la autógrafa de la ley por insistencia.
