Gasoducto Sur Peruano: el conflicto que lleva a Odebrecht y sus socios al arbitraje
El grupo Odebrecht cuestiona un contrato suscrito con Graña y Montero y Enagás que la pone en desventaja para cobrar los créditos dados al consorcio del GSP.
Esta semana se ha abierto otro capítulo en la ya complicada relación del grupo Odebrecht y sus socios Graña y Montero (G&M) y Enagásen el consorcio Gasoducto Sur Peruano, que iba a construir y operar el proyecto energético del mismo nombre: Odebrecht se enfrentará en un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) a sus socios por una discrepancia sobre un “Contrato de Subordinación y Cesión de Derechos”.
El hecho se hizo público el 3 de enero debido a una notificación de G&M al mercado peruano, que explicaba muy poco sobre el fondo del problema. Enagás también ha sido notificada sobre el arbitraje, pero ésta no lo ha reportado como hecho relevante al mercado español, presumiblemente por no considerar que afectará el desarrollo del negocio, su reputación o valor de la acción. El conflicto, sin embargo, no es poca cosa.
EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS
El contrato que Odebrecht cuestiona no es público, al no ser parte del contrato de concesión, sino de un acuerdo entre las tres empresas en tanto trataban de conseguir un financiamiento de largo plazo de más de US$4,000 millones para el cierre financiero del proyecto, que al final no se dio.
El contrato data del 29 de abril del 2016, luego de que los tres socios obtuvieran un crédito puente —para financiar la fase inicial de construcción— por alrededor de US$600 millones. Para éste, cada empresa asumió garantías en proporción a su participación en el consorcio: G&M con 20%, Enagás con 25% y Odebrecht, 55%.
El consorcio trataba de asegurar a los bancos que harían el cierre financiero, para repagar el préstamo puente, que el consorcio no se vería afectado en caso alguna de las partes no pudiera pagar las garantías ya contraídas. Según G&M, el contrato de subordinación y cesión de derechos establece que si una de las partes no cumplía con sus obligaciones como “garante” del préstamo puente, cobrará al GSP las deudas pendientes en último lugar. Además, el contrato establecía que al declararse insolvente el consorcio, Odebrechtcedería su derecho de cobro de créditos al GSP a favor de G&M y Enagás.
El arbitraje iniciado por Odebrecht busca invalidar ese contrato, y se da en medio de un procedimiento concursal del Indecopi, que declaró la quiebra del consorcio. Este procedimiento se inició el 4 de diciembre del 2017, a un pedido de Enagás en febrero de ese año, bajo el argumento de tener facturas por US$417,000 que el consorcio no podía pagar. Hoy, los acreedores —entre ellos, la constructora Odebrecht— están solicitando ser reconocidos como tales por el Indecopi.
LA POSICIÓN DE ODEBRECHT
Odebrecht niega que haya incumplido con asegurar el cierre financiero para repagar el préstamo puente, pues ésta era una obligación de todo el consorcio, pese a que sus problemas reputacionales jugaron también un rol en el fracaso del mismo. Y acusa a la española Enagás, que era gerente del consorcio desde marzo del 2016, de haber generado su quiebra por haber solicitado la intervención del Indecopi para otros fines.
“Enagás ha causado la insolvencia del GSP con la finalidad de apropiarse de los derechos de crédito del grupo Odebrecht y anteponer así la recuperación de su inversión a los créditos de los proveedores del proyecto”, indicó la brasileña. En febrero, cuando Enagás solicitó al Indecopi intervenir, el consorcio tenía caja por US$1.4 millones y S/.24 millones, “suficientes en exceso” para pagar los US$417,000 reclamados por Enagás, asegura Odebrecht.
Sin embargo, el Indecopi hace una evaluación global del nivel de deuda sobre el capital del consorcio. Sólo considerando que la inversión patrimonial supera los US$1,000 millones —que también debe ser devuelta a los accionistas—, y sin operación que genere flujos al consorcio, es poco creíble que éste cumpla con un benchmark sectorial de solvencia. Para Odebrecht, sin embargo, los activos por US$2,500 millones, que sería el valor de las obras avanzadas, deberían haberse considerado.
Odebrecht también considera que este contrato, que lo colocaría en último lugar para reclamar su inversión, ha perdido validez porque se había creado para conseguir el cierre financiero. “El contrato sólo tenía eficacia para procurar el financiamiento a largo plazo”, dice la empresa. Así, resuelta la concesión por el Estado, no habría más cierre financiero que conseguir y, con ello, el contrato perdería su eficacia.
“Odebrecht está argumentando ‘sustracción de materia contractual’, un aspecto sumamente técnico, poco usado y poco claro”, comentó sobre aquél punto un abogado especializado en corporate finance, que prefirió mantener su identidad en reserva por no estar autorizado a declarar sobre el caso.
LA POSICIÓN DE LOS SOCIOS
G&M considera que el contrato es válido y que Odebrecht pretende desconocerlo para “supuestamente” honrar las deudas con sus proveedores, un problema “exclusivo” de la situación de liquidez de la brasileña. Efectivamente, Odebrecht reconoce que con este arbitraje busca que se respete “la cadena de pagos a proveedores del GSP, para que no se vea interrumpida por la recuperación de inversión de Enagás y G&M”.
Enagás declinó comentar la posición de Odebrecht. Sin embargo, es previsible que la española comparta la postura de G&M, que también niega la solvencia de la sociedad. “El principal activo de la compañía es la cuenta por cobrar frente al Estado por la inversión hecha en el proyecto, pero aún es incierta la fecha de devolución”, dice G&M, que apoya la solicitud de Enagás para que el Indecopi intervenga.
Ahora que Odebrecht ha iniciado este arbitraje, el resultado del procedimiento concursal se puede alterar: si se invalida el contrato en cuestión, Odebrecht podría recuperar su inversión antes que G&M y Enagás. En todo caso, el arbitraje podría durar un año y, mientras tanto, los créditos en controversia serían declarados “contingentes”, es decir, que quienes sean titulares de éstos tendrán derecho a voz pero no a voto en la Junta de Acreedores. Así, Enagás y G&M no podrían decidir el orden de los pagos.
Ni Enagás ni G&M harían ningún ajuste financiero a los flujos que recibirían como parte del procedimiento concursal del Indecopi, por considerar que el acuerdo es completamente válido. G&M señaló que aún está evaluando el impacto de este arbitraje en el proceso concursal. Pero, además, queda pendiente otra cuestión clave: si el Estado devolverá o no la inversión del consorcio. El Indecopi puede establecer una Junta de Acreedores, y las socias pueden seguir en disputa, pero mientras el Estado no valorice los bienes del proyecto e inicie una nueva subasta, no habrá dinero por el cual hacer cola para cobrar.
