Banca corporativa: la mira vuelve a la construcción, pero con cautela
Especial Banca 2018. En marzo las colocaciones al sector construcción dejaron de caer por primera vez en nueve meses. Las constructoras tienen más herramientas para reponerse de Lava Jato, pero las contigencias legales seguirán este año.
El 2018 no será el año del repunte de la banca corporativa, pero al menos no será peor que en el 2017. El año pasado se tenía previsto crecer cerca de 10% en este segmento. En el camino la meta se recortó a la mitad, y finalmente se creció 4%. La banca corporativa podría crecer 7% este año, según el BCP.
Este año la construcción podría dejar de ser el patito feo de la economía, al menos a nivel de la gestión de riesgos. Al cierre del 2017, las colocaciones a ese sector cayeron 5%. Esta vez la construcción, con la minería y la pesca, son las apuestas de la banca corporativa para crecer.
En ello coinciden Mariano Baca, gerente de división de banca mayorista del BCP, y Víctor Gordillo, head of global clients and M&Ade BBVA Continental. De esos tres sectores, el que mayor incertidumbre ha generado ha sido la construcción. La colocación mensual de créditos a dicho sector estuvo en terreno negativo desde junio del 2017, y recién en marzo se registró un crecimiento marginal de 0.6% interanual.
A los bancos no les ha faltado razón para ser más cautos. El escándalo Lava Jato –que estalló en diciembre del 2016 en el Perú–, lejos de menguar, se intensificó en enero tras revelarse el caso del‘club de la construcción’. La investigación de la Fiscalía de la Naciónapenas ha comenzado.
Como adelantó esta revista, las contingencias legales marcarían el ritmo de recuperación de las constructoras este año. El reemplazo del Decreto de Urgencia (DU) 003 por la Ley 30737 ha sido la primera medida del Ejecutivo para mitigar el colapso del sector. “Este año el volumen de obras es 50% menor que hace cuatro años”, dijo a esta revista Alfredo Romero, director de la constructora JJC, en mayo. La pregunta clave para el sector financiero es: ¿funcionará el cambio regulatorio?
LA CADENA DE PAGOS DE ODEBRECHT
El ‘nuevo’ DU 003 cumple con permitir que, en caso de que Odebrecht venda alguna empresa o concesión en el Perú, ésta se realice sin esperar a que el procurador calcule la reparación civil que tendrá que pagar la empresa.
Ello es posible porque la ley permite que el Estado apruebe las ventas de Odebrecht tras retener el 50% del valor de la venta, que se destinará a un fideicomiso de reparación civil. El efecto inmediato de esta medida sigue siendo incierto, y es una de las principales contingencias para la mejora de la cadena de pago del sector.
La incertidumbre sobre si la Ley 30737 se implementará en toda su magnitud está en cómo impactará a Odebrecht. Ésta argumenta que la retención del 50% limita su capacidad de pagar deudas a sus accionistas, y que ello dificulta concretar ventas. El caso más representativo es de la hidroeléctrica Chaglla, en Tingo María.
Al cierre de esta edición, Bloomberg reportaba que dicho acuerdo de venta había “expirado”, pero que Odebrecht aún buscaba maneras de viabilizarla. “La regulación peruana no permite cumplir con algunas condiciones del acuerdo”, declaró la brasileña a Bloomberg en un comunicado.
Si se considera que la venta de grandes activos estará fuera del mapa, al menos en el corto plazo, queda otro mecanismo para aliviar a los proveedores –mypes– de sus deudas con Odebrecht: la “dación en pago”.
Se trata de la posibilidad de que Odebrecht entregue maquinaria o vehículos para atender sus deudas. Las daciones en pago también tienen que ser aprobadas por el Estado, a través del Ministerio de Justicia (Minjus). Cinco empresas ya han acordado daciones en pago con Odebrecht por US$1.63 millones.
El criterio del Minjus al aprobar estas solicitudes será clave para elsector financiero, pues significa que dichos proveedores tendrían alguna posibilidad de reducir sus apalancamiento.
El mecanismo está diseñado para mypes, pero grandes empresas como Obrainsa y Ferreyros también han solicitado acceder a ese beneficio. El Minjus aún no ha aprobado ninguna solicitud.
LAS CONSTRUCTORAS LOCALES
A finales del 2017, las cartas fianza dejaron de emitirse por dos razones: la cautela del sector financiero, ante las constantes paralizaciones de obras –a pedido, sobre todo, de gobiernos subnacionales–, y la falta de decisión de empresas, como mineras e inmobiliarias, sobre qué constructoras contratar.
“No hubo mayores requerimientos de fianzas para contratar nuevas obras porque los mismos clientes no tenían claro con quién contratar. Fue un periodo en el cual el sector estuvo paralizado”, recuerda Mariano Baca, del BCP.
Un primer cambio para la banca respecto a las constructoras localesha sido una revisión de sus políticas para otorgar cartas fianza, explica Baca, pero evitó precisar qué políticas se han modificado específicamente.
Ambos ejecutivos estiman que el reglamento de la Ley 30737 ayuda a que el sector financiero mida el riesgo legal de las constructoras de mejor forma, sobre todo en el caso de las exsocias de Odebrecht(Graña y Montero, JJC e ICCGSA). Dichas empresas están obligadas a conformar fideicomisos para cubrir una eventual reparación civil.
Las tres firmas ya habían puesto en marcha algunas acciones para superar la crisis. JJC puso los flujos de todas sus obras en fideicomisos el año pasado. Graña y Montero refinanció las deudas que dejó el Gasoducto Sur Peruano, y este año ha retomado su plan de venta de activos. ICCGSA ha reprogramado el pago de sus bonos y se ha alejado de un escenario de quiebra.
Ni el BBVA Continental ni el BCP dejarán de financiar al sector, aseguraron sus ejecutivos, especialmente por la perspectiva prometedora de la minería. Durante el 1T18, la banca colocó S/.4,900 millones en crédito al sector construcción, cifra más cercana al del 1T16, cuando no había crisis y las colocaciones alcanzaron S/.5,100 millones.
¿DÓNDE ESTÁN LAS OBRAS?
Las menores colocaciones en el sector construcción no sólo obedecen a una mayor cautela del sector financiero, sino también a la dificultad del Estado de ejecutar grandes obras, con inversiones de más de US$100 millones.
Aparte de las obras para los Juegos Panamericanos 2019, que moverían unos US$300 millones en inversión este 2018, Gordillo, del BBVA, no ve grandes inversiones en infraestructura este año, con excepción de la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez. El concesionario, Lima Airport Partners, debería seleccionar a la constructora que liderará el proyecto en el segundo semestre.
Las cifras respaldan a Gordillo. No se vería una mayor actividad en infraestructura de gran envergadura hasta el 2019, con la condición de que este año se adjudique la cartera de ProInversión, estimada en US$4,000 millones.
Ya hay algunos avances. Primero, la adjudicación del Puerto de Salaverry al Grupo Romero, una obra que demandará US$100 millones de inversión en los primeros cinco años.
Le seguiría la buena pro de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Titicaca, que debería decidirse este 19 de junio: si ninguna empresa, aparte de la proponente –las españolas Accionay Tedagua–, expresa su interés por la PTAR, ésta se adjudicará al proponente. La inversión estimada en esta obra es de US$255 millones.
Aparte del sector público, la inversión minera, e incluso de las pesqueras –que este año verían una buena temporada de pesca–, marcarán la agenda de la banca corporativa. Todas las inversiones requieren la intervención de constructoras. Los siguientes meses serán críticos para medir cuánto podrá reponerse el sector.
