Nueva norma de APP: divergencias por impacto significativo en destrabe de proyectos
Especialistas están a la espera de precisiones en el reglamento para dilucidar mejor los efectos de los cambios normativos, oficializados a fines de julio.
Para la consultora internacional PricewaterhouseCoopers (PwC), el nuevo marco normativo de las Asociaciones Público Privadas (APP) no generará un impacto significativo en el sector infraestructura. Carlos Salazar, director del área de financiamiento de infraestructura y proyectos de PwC, señaló esta semana que la norma, publicada a fines de julio en el marco de la delegación de facultades legislativas al gobierno, no ataca problemas como descoordinación entre entidades, que generan costos y amplían plazos, la poca capacidad de los ministerios para preparar sus propios planes de infraestructura, y lentitud en la emisión de los Informes de Evaluación de APP.
Salazar, al igual que otros especialistas, está a la espera del reglamento de la nueva ley, la cual será publicada en menos de 90 días. Éste debería precisar los procesos que involucran la evaluación de los proyectos en cartera de ProInversión y cómo pueden ser simplificados.
Además, Salazar indicó que está pendiente la definición del “equipo mínimo” que debe conformarse para implementar el diálogo competitivo —figura creada por la reciente ley que permite que se incorporen las opiniones previas que tengan los postores sobre aspectos técnicos en proyectos que requieran la participación de al menos dos postores desde una fase temprana—.
SEMANAeconómica, en su última edición impresa, recogió la opinión de diversos especialistas e indicó que la nueva norma de APP podría facilitar los procesos de las empresas y, en el largo plazo, destrabar proyectos. En el análisis, se destacó los cambios normativos que apuntan a desincentivar el incumplimiento de los acuerdos firmados para la promoción de proyectos de parte de entidades públicas, las cuales asumirían costos y daños, y el mayor rol del Ministerio de Economía (MEF) en la planificación de las APP, pues ahora la entidad pública titular del proyecto deberá solicitar opinión al MEF sobre la modalidad y la programación presupuestal multianual para asumir los proyectos.
Mientras los funcionarios del MEF tendrán mayor relevancia en los procesos, el director de proyecto tendrá menos relevancia, ya que dependerá técnicamente de las direcciones especiales, indicó Pierre Nalvarte, socio de Roselló Abogados, quien también participó en el evento de PwC. Estas direcciones especiales podrán aprobar los informes de evaluación y el plan de promoción. Antes sólo se limitaban a su revisión.
Por su parte, José Antonio Honda, socio del estudio Olaechea, señaló a esta revista que los nuevos cambios generan incertidumbre, sobre todo cuando se tiene una norma que deja muchos aspectos a la reglamentación. No resulta positivo que una norma cambie tantas veces en los últimos años, precisó.
En el evento, Carlos Salazar se mostró a favor de los cambios relacionados a ProInversión, que será presidido por el ministro de Economía y cuyo Consejo Directivo estará integrado por cuatro ministros más, sin ningún independiente. Para el especialista de PwC, el fallo en el esquema anterior era que la agencia no contaba con el “grado” para realizar propuestas de inversión, lo que originaba que los proyectos no encajen con el mercado ni se realicen rápidamente.
