Respuesta flexible a la corrupción daña las economías menos que “tolerancia cero”
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID):
Los enfoques de “tolerancia cero” que piden anular los contratos de asociación público-privada afectados por la corrupción generan más efectos negativos a la economía y al erario público que otras medidas “flexibles y proporcionales”, según informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado el miércoles.
El documento analiza los marcos legales de América Latina que estipulan la anulación de los acuerdos afectados por la corrupción y concluye que con “herramientas legales más proporcionales”, que incluyan sanciones pero que habiliten la continuación de la obra, son más recomendables.
Roberto de Michele, experto del BID, explicó que las políticas de “tolerancia cero” generan “la nulidad de toda la cadena” afectando a proveedores y retirando los incentivos para que quienes financian sigan financiando, lo que genera “parálisis”.
“Otro enfoque es la respuesta proporcional”, dijo. “No implica dejar de considerar que haya responsabilidades por hechos ilegales. No permite al corrupto lavarse las manos. Sugiere contar con una batería de medidas para aislar el hecho”, afirmó.
Según De Michele, “los países con abanicos más amplios” de respuesta a la corrupción tienen mejores posibilidades de tomar decisiones menos dañinas.
El informe sugiere incorporar remedios que permitan continuar con los proyectos “mientras se aplican medidas correctivas y disuasorias como multas, inhabilitaciones futuras o reemplazo de subcontratistas”.
