Gobierno condiciona reemplazo de la tasa Libor en contratos y aumenta riesgo de controversias en concesiones
Si bien el gobierno ya está actuando frente a la descontinuación de la tasa Libor, el “contrabando” de otros cambios contractuales podría retrasar la suscripción de las adendas y la ejecución misma de esos contratos, advierte Michelle Aramburú, asociada principal del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez.
El Estado todavía no ha emitido lineamientos generales para formalizar de manera uniforme el reemplazo de la tasa Libor, ya en desuso, en los contratos de concesión. De manera individual, algunas entidades públicas han empezado a usar una nueva tasa de referencia y, en paralelo, a incorporar otros cambios en los contratos, lo que aumentará el riesgo de controversias.
En octubre destacamos la situación potencialmente conflictiva en la ejecución de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) ante la indefinición en cuanto al reemplazo de la tasa Libor. En estos meses, Proinversión ha venido adecuando los proyectos en cartera, eliminando del diseño de los contratos de APP y proyectos en activos la referencia a la tasa Libor y empleando en su lugar la tasa de interés legal publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Por su parte, la Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha dispuesto la sustitución de la tasa Libor en diversos proyectos de adendas a los contratos de concesión de transmisión de electricidad; sin embargo, la DGE está empleando estas adendas para incorporar otros cambios en los contratos como la cláusula anticorrupción.
En el informe de sustento para la elaboración de las adendas, la DGE únicamente justifica la modificación de los aspectos contractuales relacionados a la tasa Libor sin hacer mención alguna a la cláusula anticorrupción. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en el 2019 que no es requisito la incorporación de esta cláusula para la celebración de adendas a los contratos de APP, con lo cual la propuesta de adenda de la DGE debería estar limitada únicamente a solucionar la situación de desuso de la tasa Libor.
Si las acciones de la DGE son replicadas por otros titulares de contratos de APP, cada entidad incluiría su propia agenda en las adendas, lo que generaría un proceso complejo de negociación entre las partes y, a su vez, retrasaría su suscripción. Incluso, los concesionarios podrían oponerse al condicionamiento del reemplazo de la tasa Libor al “contrabando” de otros aspectos contractuales y negarse a firmar las adendas, aumentando así el riesgo de controversias en las concesiones.
Si bien existe una tendencia parcial en buscar una solución frente a la descontinuación de la tasa Libor, seguimos frente a una falta de planificación por parte del Estado, lo que se podría traducir en retrasos en la ejecución de contratos de APP.
Fuente : Semana Economica
