Jaime Reusche, de Moody’s: “En 2025 no se cumpliría con la meta [fiscal del Perú]”
El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, anticipa que el país sumaría un tercer año sin cumplir la regla del déficit fiscal. Sus esperanzas de rectificación de la trayectoria fiscal están puestas recién en el próximo gobierno.
¿Qué motivó la decisión de Moody’s de ratificar la calificación del Perú en ‘Baa1’ y cambiar su perspectiva de ‘negativa’ a ‘estable’?
Más allá de los drivers que indicamos en la acción crediticia, hubo dos temas. Uno es el análisis comparativo: si bien Perú perdió buena dosis de credibilidad por el manejo fiscal subóptimo, sale mejor en comparación con el resto de la región. El otro punto es su trayectoria estructural. El otro punto es que analizamos más a fondo la trayectoria estructural de Perú. Lo que no habíamos terminado de interpretar es si estamos ante un retroceso o si lo estamos confundiendo la parte baja del ciclo económico. Por el momento, le damos el beneficio de la duda al Perú.
El siguiente es un año preelectoral. ¿Hasta cuándo mantendrá Moody’s ese beneficio de la duda para el Perú?
Hasta que entre el siguiente gobierno. Ayudaría a tener algo de confianza que el nuevo gobierno enfatice un buen manejo fiscal, como en el pasado. Y que ayude a rectificar y consolidar la trayectoria fiscal. Si es que en el 2026 hay un retorno de la trayectoria fiscal antigua el daño es reversible, ese es nuestro escenario base.
¿Queda mucho espacio fiscal para que el Perú se mantenga bien en la comparación con otros países de la región?
No mucho. Cada vez se aleja un poco más de la regla de deuda, que no debe superar el 30% del PBI. Y pierde credibilidad, cuando se sigue superando los techos de déficit fiscal. Este ya sería el segundo año. Y en 2025 llegaría a 2.4%; entonces, no se cumpliría con la meta [fiscal] de 2.2%. Las consideraciones políticas están pesando más que cumplir con las metas fiscales. Antes no estaban presentes y eso ha causado mucha molestia en muchos de los agentes económicos.
A propósito de la reciente salida de la viceministra de Hacienda, ¿le incomoda a Moody’s la salida de técnicos clave del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?
Hemos visto más fricciones, porque se trata de balancear las presiones de llegar a las metas de déficit fiscal. Los técnicos abogan por eso y los políticos no les hacen caso. El Congreso es incongruente con las medidas de gasto que adopta. El Gobierno sigue aumentando el gasto de inversión pública, con más recursos a [gobiernos] subnacionales. Creemos que en 2026, regresando a condiciones políticas más normales, [el MEF] podría escuchar nuevamente a sus técnicos.
Moody’s esperaba que Petroperú genere utilidades en el 2025. ¿Siguen considerando dicho escenario?
Hubo demoras por el funcionamiento de la Refinería de Talara, más de lo que habíamos proyectado antiguamente. Nuestra expectativa es que, hacia finales del 2025, Petroperú nuevamente quede en cero; no con pérdidas, pero tampoco con utilidades. En nuestro caso, tomamos la deuda de Petroperú y todas las empresas públicas no financieras como deuda del gobierno. Siempre vemos deuda a nivel del sector público no financiero, que influye en toda esta deuda. En el peor de los casos, el gobierno tuviese que absorber toda la deuda de Petroperú y eso no le cambiaría contablemente, porque ya está incluido como deuda pública. Sí causó preocupación, pero ahora esa resolución temporal no ha generado un costo fiscal demasiado grande. Y se está resolviendo prácticamente con la capitalización de la deuda de la deuda con el MEF. Era poco probable que el MEF viese ese préstamo repagado.
Sobre la recientemente publicada reforma de pensiones, ¿el costo fiscal es sostenible en el tiempo?
Nunca se da una sola reforma de pensiones, siempre son varias. Hacer que el sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo es prácticamente imposible, cuando el perfil demográfico se empieza a deteriorar. Esta reforma es un paso más y se van a requerir reformas complementarias para tratar de aumentar las contribuciones, para generar más incentivos a la formalización, entre otras. Sobre el costo fiscal, aún hay debate. Nosotros pensamos que esto va a costar anualmente 0.3 puntos del PBI. Esta es la ley macro y estamos muy a la espera de los detalles, para ver si el costo fiscal es mayor o menor. Creemos que sí será necesario que se adopte algún tipo de medida de ingreso estructural, porque esto genera un gasto que no está compensado con ingresos estructurales. Eso va a tener que verse, seguramente, en el siguiente gobierno.
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