Urgencia portuaria, Chile no puede seguir anclado al pasado
Fue transversal la preocupación de actores políticos, empresariales y sociales al recibir la noticia del inicio de la operación del puerto Chancay, Perú.
Con una capacidad total de 5.4 millones de teus y una inversión inicial de capitales chinos de más de $1.300 millones de dólares, el vecino país concluyó la construcción del puerto más grande del continente, lo que le permitirá fortalecer sus intereses estratégicos.
La concreción de esta mega obra nos debe llevar a reaccionar, ya que resulta evidente nuestro atraso, pese a que contamos con una posición privilegiada. El Océano Pacífico que baña nuestra costa nos vincula a una extensa comunidad de naciones que nos permite acceder a nuevos mercados, realizar amplios intercambios culturales y científicos y ser parte de desafíos planetarios multilaterales en distintas áreas. Hablamos de estar interconectados con más de 2.500 millones de personas.
Por eso los puertos son más que infraestructura, son parte de una estrategia de desarrollo para el crecimiento y el bienestar nacional, por lo cual propongo que su política y planificación tengan un cambio profundo.
Contamos con un marco legal obsoleto. La ley de puertos del año 1998 quedó en el pasado al no dar lugar a un sistema portuario orgánico y coherente que resguarde el interés público y genere reglas claras para el interés privado.
Puertos de Chile y los desincentivos para la inversión
Un botón de muestra. Los ciclos de inversión son excesivamente largos. La construcción de nuevos terminales e infraestructuras puede superar más de una década por procedimientos, trámites y permisos que no tienen fin, lo que desincentiva y desacelera la inversión.
Considero también que la falta diálogo y acuerdos puerto-ciudad contribuyen a ralentizar aún más los procesos, ya que no debemos olvidar que los principales terminales se ubican en zonas urbanas y generan impactos negativos en la calidad de vida de miles de ciudadanos y en el medioambiente.
A lo anterior, se debe sumar la falta de mecanismos efectivos de articulación solidaria de la actividad portuaria con el desarrollo económico local y el bienestar general de la población, como lo es la falta participación de las ciudades en la riqueza que producen los puertos.
Por otra parte, la ausencia de una política de Estado que incentive la formación de capacidades profesionales y técnicas avanzadas, le cierra la puerta a la posibilidad de contar con futuras generaciones orientadas a la producción de conocimiento y preparación adecuada para los desafíos crecientes de esta industria.
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Pero hay luz al final de túnel
El Acuerdo por Valparaíso demuestra que es posible salir del pantano. Se trató de un esfuerzo conjunto que realizamos en octubre de 2023 entre el municipio, el gobierno regional y la estatal portuaria. Apoyado por un amplio y transversal abanico de actores, el objetivo es poner en marcha sin más dilaciones una inversión de $800 millones de dólares que supondrá la construcción de nuevos terminales y zonas de transferencia que duplicarán la capacidad actual, a partir de un nuevo diseño más amigable al contemplado en el proyecto original.
El Acuerdo, que fue puesto en manos del Presidente de la República, también contempla la construcción del primer muelle de pasajeros del país para potenciar el turismo regional, inversiones en todo el Borde Costero porteño para su efectivo aprovechamiento y una agenda de trabajo común para resolver la forma en que la ciudad participará de la riqueza producida por su puerto.
Una verdadera transformación para Valparaíso y una contribución al desarrollo nacional. Si queremos resultados distintos en materia portuaria, es momento de comenzar a hacer las cosas de forma distinta. El país requiere planes grandes, no hay tiempo que perder.
@BioBio
