¿Regreso al estatismo portuario?»
Escribe Gonzalo Ruiz Díaz, economista asociado de Macroconsult.
Durante las últimas semanas, el Congreso de la República ha estado discutiendo un proyecto de ley que modificaría la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). Esta iniciativa, propuesta por Perú Libre, busca modificar dos artículos de la LSPN que otorgan al Estado la facultad de concesionar la construcción y operación de infraestructura portuaria. El proyecto busca restringir la participación privada a un máximo del 40% en asociación con el Estado y limitar el plazo de las concesiones a un máximo de 10 años.
Es importante destacar que hace menos de un año, este mismo Congreso aprobó la Ley 32048, que elevó los plazos máximos de concesión de 30 a 60 años, equiparándolos a los de otros sectores.
El 92% del comercio exterior del país se realiza a través de los puertos. La reforma del sector portuario peruano es considerada una de las más exitosas de los últimos años.
Según un estudio de Macroconsult en 2024, los terminales portuarios concesionados contribuyeron aproximadamente el 2.4% del PBI del sector transporte entre 2012 y 2022. En términos de empleo, las concesiones portuarias generaron alrededor de 46 mil empleos en 2022, considerando impactos directos, indirectos e inducidos. Además, el sector portuario aportó aproximadamente US$ 125 millones anuales en tributos en 2021 y 2022, y transfirió alrededor de US$ 30 millones anuales al Estado.
El aporte más significativo de la reforma ha sido la mejora de la competitividad del país, agilizando y haciendo más eficientes las cadenas logísticas del comercio exterior. Por ejemplo, antes de la reforma, el rendimiento en el servicio a contenedores era de 12 a 16 contenedores embarcados o desembarcados por hora; actualmente, supera los 30 contenedores por hora. Esta mayor eficiencia reduce los tiempos de espera de las naves, disminuye los fletes, genera ahorros para los dueños de la carga y aumenta la competitividad de los exportadores.
Según el Container Port Performance Index (CPPI) de 2023, el Callao se ubicó en el puesto 26 de 100 puertos a nivel mundial y en el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe.
A medida que la economía y el comercio exterior peruano crecen, surgen nuevos desafíos y brechas por cubrir. El exministro José Salardi anunció la necesidad de impulsar adendas a los contratos de concesión para ampliar la capacidad de los terminales. Se estiman inversiones adicionales de US$ 1,300 millones en el Muelle Norte del Callao y US$ 1,000 millones en el Muelle Sur. En el Puerto de Matarani, se prevén inversiones por US$ 708 millones en los próximos años.
ProInversión tiene en cartera tres proyectos portuarios: uno marítimo en Chimbote (US$ 262 millones en inversiones referenciales) y dos fluviales en Pucallpa (US$ 185 millones) y Nuevos Terminales en Loreto-Saramiza e Iquitos (US$ 132 millones).
El Terminal Portuario de Chancay, recientemente inaugurado, ha representado inversiones por US$ 1,300 millones en su primera etapa y busca convertirse en un centro regional para la carga con destino u origen en el continente asiático.
Estos resultados positivos se atribuyen al esfuerzo privado y a la credibilidad en un marco institucional que ha atraído a operadores portuarios internacionales. Aún hay aspectos por mejorar, especialmente en el desarrollo de infraestructuras complementarias para un acceso fluido y eficiente a los puertos.
Según la Encuesta Logística Nacional de 2023, los principales problemas en los puertos, según los prestadores de servicios logísticos, son los tiempos de espera (23%), la congestión (17%) y la complejidad de los trámites aduaneros (14%). Proyectos como el Antepuerto del Callao y las obras viales para facilitar el acceso al puerto de Chancay son prioritarios para abordar esta problemática. Permitir a los operadores portuarios participar en la ejecución de estas obras es un paso en la dirección correcta. La agenda es un desafío que involucra a reguladores, autoridades locales, Gobierno central y sector privado, y no debería politizarse.
@Gestion
Gonzalo Ruiz Díaz, economista asociado de Macroconsult.
