Gobierno publica norma para facilitar expropiación y adquisición de terrenos
Se establece que la firma concesionaria podrá participar en la compra y se derogaron normas anteriores.
El Poder Ejecutivo publicó la ley marco para la adquisición y expropiación de predios y otras medidas destinadas a facilitar la ejecución de obras de infraestructura. Así, quedaron derogadas las leyes 30327 –de mayo pasado– y 30025 –de mayo del 2013– en cuanto a iniciativas de expropiación y obtención de predios. Además, quedó explícito que la empresa concesionaria podrá participar en el proceso de adquisición de predios y que la negociación entre el Estado y el concesionario para obtener los terrenos no requerirá una ley expropiatoria previa.
Esta norma es, por lo menos, la tercera que publica el Poder Ejecutivo en los últimos dos años para facilitar y resolver las trabas referidas a predios que existen en la ejecución de proyectos. El balance de la disposición –según los especialistas consultados– es positivo.
Mayor agilidad
Un primer aspecto que favorecería la obtención de predios es que la norma pretende dar un tratamiento unificado y ordenado a estos procedimientos. La dispersión de disposiciones muchas veces dificulta la actuación de los funcionarios, en vez de facilitarla; y resulta un sobrecosto para las inversiones, indicó Mario Zúñiga, de Contribuyentes por Respeto.
Asimismo, se estableció que la concesionaria podrá participar en el proceso de adquisición de terrenos y se le reconocerán los costos incurridos. Zúñiga precisó que antes esta posibilidad no era del todo clara y era discusión de interpretación.
Otro aspecto favorable es la posibilidad de que el Estado y el propietario o poseedor del predio en cuestión puedan iniciar negociaciones para transferir los terrenos (lo que se conoce como trato directo) antes de que se dicte la ley que autorice la expropiación, señaló Luis Peschiera, socio del estudio Delmar Ugarte Abogados.
“A veces es más sencillo adquirir directamente los predios, sin forzar una expropiación”, detalló Víctor Miranda, abogado de ese mismo estudio.
La nueva norma generaba expectativa, pues la obtención de predios es uno de los principales problemas que afectan la ejecución de obras. De hecho, uno de cada tres proyectos de infraestructura pública por iniciarse entre este y el próximo año tiene riesgos relacionados con la obtención de predios, según la asociación Infraestructura para Todos.
Redes públicas
Libres de interferencias
En muchos casos, no basta con tener los terrenos para ejecutar la obra, sino que se necesita que no existan redes de servicios públicos que los atraviesen (lo cual se conoce como interferencia). No había plazos predeterminados para que estas redes sean retiradas, por lo que las empresas concesionarias de las obras no tenían predictibilidad sobre el tiempo que deberían esperar para que las prestadoras de servicios públicos retiren las redes.
La reciente norma especifica un plazo de 35 días hábiles para que las empresas prestadoras de los servicios públicos presenten un presupuesto, costos y cronograma para retirar las interferencias. A pesar de que se haya establecido un plazo, no queda claro cuál será el plazo máximo ni la consecuencia de no cumplirlo, indicó la asociación Contribuyentes por Respeto.
