Indecopi: «No deberíamos ser la primera opción para resolver controversias»

Ivo Gagliuffi, el nuevo presidente del Indecopi, detalla sus planes para agilizar la labor de la institución y la resolución de conflictos entre empresas y consumidores.

A seis meses de iniciar su gestión, Ivo Gagliuffi se muestra entusiasta y optimista por el trabajo que ha logrado el Indecopi. Sus tres decretos legislativos —el 1308, 1309 y 1256— ya cuentan con reglamentos aprobados o por aprobar a más tardar en abril, según el funcionario. Para Gagliuffi, estas medidas tienen como propósito mejorar la relación entre las empresas y los consumidores para reducir controversias y agilizar los plazos y procesos del Indecopi para resolver los casos en menor tiempo. ¿Cómo lograr que se cumpla esta meta? Gagliuffi detalla los avances del Indecopi a SEMANAeconómica.

¿Cuáles son las metas de su gestión?

Queremos simplificar procedimientos para reducir plazos. Por ejemplo, el procedimiento de registro de marcas pasará de un total de 210 días a máximo 60 días. Además, no deberíamos ser la primera opción para resolver controversias entre empresas y consumidores.

¿Qué otras opciones plantean?

Estamos trabajando una directiva para que las empresas interioricen la normativa de protección al consumidor […] y refuercen mecanismos de compliance en este tema. Las controversias también deberían ser resueltas directamente entre las empresas y los consumidores.

¿De qué forma?

En el decreto 1308 planteamos que si una empresa subsana una falla antes de ser notificada con una denuncia, no hay caso. Además, aún si hay una denuncia, el Indecopi archiva el caso si las partes llegan a un acuerdo. También buscamos que se creen defensorías del consumidor gremiales. Hemos emitido lineamientos para la creación de tribunales privados, para que de forma gratuita y no vinculante para el consumidor, resuelvan conflictos entre consumidores y proveedores. Si éstos tribunales resuelven en contra del consumidor, el consumidor se puede acercar al Indecopi si desea.

¿Qué otras iniciativas existen?

Hemos reforzado las gerencias de supervisión y fiscalización para identificar casos de impacto colectivo y general, y no sólo resolver casos individuales. El primer caso de este tipo que hemos identificado son las universidades que operan sin la plena autorización de la Sunedu.

¿Qué pasará con ellas?

Si el Indecopi concluye que afectaron negativamente a los estudiantes, se aplicarían desde multas hasta medidas correctivas. Se podría solicitar el reembolso de lo que pagaron los estudiantes o que continúen sus carreras en otras universidades que indique la Sunedu.

¿Cuáles han sido los avances en la eliminación de barreras burocráticas ilegales?

Hemos emitido el decreto 1256, que implementa un cambio de visión [en la estrategia antibarreras]. Ahora se trata de prevenir su existencia, al educar a los funcionarios públicos para que sepan qué es una barrera y cuándo no implementarla. Es como un programa de compliance dirigido a entidades públicas. Si hay un barrera, persuadimos a que la levanten voluntariamente, sin una denuncia. Sino, se le aplica una multa [a la entidad pública]. Además, cuando se identifica una barrera, se puede eliminar con efecto general. Es un gran avance porque ahorra costos no sólo al denunciante sino a todos los agentes económicos afectados.

¿Y en el programa de compliance para los casos de colusión?

Estamos evaluando emitir una guía para la implementación de programas de compliance [contra la colusión]. El primer programa de compliance es para [el caso de colusión de] las farmacias [Arcángel, Fasa, Inkafarma, Mifarma y Nortfarma]. Cuando la Comisión de Defensa al Consumidor resuelva el caso, que está impugnado en segunda instancia por una de las farmacias, la medida correctiva que dicta es que durante tres años se establezca un programa de compliance constante en las empresas que han estado involucradas.

¿Se han encontrado nuevos casos de colusión?

Eso se maneja de manera confidencial. Lo que sí hay son seis programas de clemencia en curso. Este año emitiremos una guía de clemencias para que los delatores tengan en claro cuál es el procedimiento.

Si finalmente se aprueba el control de fusiones, ¿qué posición tomará el Indecopi?

Si se implementa, costará entre S/.4 millones y S/.5 millones anuales. Hemos advertido que no debe aplicarse retroactivamente. Además el umbral para establecer cuándo aplicar el control de fusiones se debe basar en los activos o las ventas conjuntas que resultan de la fusión. No se debería basar en la participación en el mercado porque no queda claro cómo medir esto: sí sería con base en el territorio cubierto o a la cantidad de competidores.

¿De qué manera se está digitalizando el Indecopi?

Estamos trabajando el requisito de la interoperabilidad, para acceder a los documentos que tiene el Estado —como el DNI, o documentos de registros públicos, o antecedentes policiales— y no tener que pedírselo a los ciudadanos. También queremos que todos los procedimientos y servicios del Indecopi, como el registro de marcas, los procedimientos concursales y las denuncias, sean digitalizados. La plataforma [para esta digitalización] debería estar en un año o dos.