Contraloría: Han creado un monstruo
La Voz de SE. Las pugnas entre el Legislativo y el Ejecutivo, así como el oportunismo del contralor, están desnaturalizando el Sistema Nacional de Control.
Las riñas de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo continúan deteriorando el clima político. Ambos poderes del Estado pusieron el foco en la Contraloría como intermediador determinante en las investigaciones del contrato del aeropuerto de Chinchero y sus modificaciones. En resumen, le dieron potestad de decidir el futuro de un ministro, ámbito muy lejano a sus competencias constitucionales. Esto desnaturaliza a la Contraloría y la carga con balas políticas que no corresponden a un órgano de control.
Fiel a su estilo, el contralor, Edgar Alarcón, correspondió al protagonismo con denuncias penales sin sustento, y correcciones ‘técnicas’ sobre el perjuicio económico al que incurriría el Estado bajo las modificaciones realizadas al contrato original de Chinchero. Más allá de por qué la Contraloría usó una tasa de interés distinta a la estipulada en el contrato para elaborar sus cálculos económicos, y sin consultar a una entidad independiente con más capacidades técnicas, el problema de fondo radica en la excesiva injerencia que se le está dando a la Contraloría en el desarrollo de proyectos de infraestructura (SE 1534). ¡¿Quién controla al contralor?! vociferaba Fernando ‘Popi’ Olivera durante el debate presidencial del año pasado llevado a cabo en la sede de la Contraloría. La necesidad de una respuesta se irá haciendo más urgente a medida que más proyectos se paralicen por el matiz político de un órgano diseñado para el control, no para trabar proyectos ni hacer renunciar ministros.
Así, empoderada la Contraloría, ahora parece actuar bajo intereses sospechosamente políticos, como era previsible. El contralor por su parte pareciera más proclive a atender los argumentos que proliferan desde la oposición que a buscar la verdad o aplicar la ley, en curiosa ‘coincidencia’ con el sector más radical de Fuerza Popular. Cuando salió a la luz la irregularidad en la compra de computadoras en el Congreso, el contralor minimizó el hecho aludiendo que “estamos haciendo ruido por S/.5 millones” y descartó cualquier responsabilidad de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, parlamentaria fujimorista. En contraste, ante la politización del caso Chinchero, la Contraloría respondió con irresponsable celeridad. Adelantó parte de su auditoría (el caso culminará en julio), realizó denuncias penales a diez funcionarios y atribuyó a Vizcarra responsabilidad administrativa, sin sustentar cuáles son ni dónde están los delitos cometidos.
Este clima político debilita la institucionalidad y desincentiva las necesarias inversiones privadas. Asimismo, una Contraloría ávida por hallar problemas en proyectos grandes y pequeños (siempre que no comprometan al fujimorismo), y por realizar denuncias penales sin presentar fundamentos adecuados, ralentiza la firma de proyectos en el sector público. Más aún si recientemente la Contraloría presentó un proyecto de ley que busca quitar el beneficio de defensa y asesoría legal a funcionarios públicos, según su propia discrecionalidad. En estas condiciones, ¿qué funcionario firmaría un proyecto y qué privado querría invertir?
