BID: Más allá de procesos eficientes, se necesita «confianza en los actores judiciales»
REFORMA JUDICIAL
ENTREVISTA. Roberto de Michele, especialista del BID, comenta el impacto que la corrupción en el sistema de justicia puede ocasionar en la calificación de riesgo de un país, además de los pasos que debería seguir una reforma judicial.
Sobra la reforma del sistema de justicia, a cargo de una comisión consultiva por mandato del presidente Martín Vizcarra a raíz de divulgación de audios que revelan presunto tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Roberto de Michele, especialista principal en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), opina que, además de procesos eficientes y transparentes, se debe trabajar en restablecer la confianza de la ciudadanía en los actores judiciales. “Es necesario que haya transparencia en el proceso de selección de los jueces y en el ejercicio de la judicatura, que los ciudadanos puedan entrar a la sala de audiencias de un tribunal, que escuchen como se razona un caso, que puedan escuchar las partes para generar una conexión entre ciudadanía y jueces”, indicó.
En relación a la difusión de audios de jueces y consejeros del CNM, ¿cómo afecta el riesgo país del Perú y las inversiones?
Hay evidencia de que efectivamente los países que tienen mayores niveles de corrupción concentran más dificultades para lograr inversión. Recientemente nuestra división del BID [División de Innovación para Servir al Ciudadano] publicó un estudio [El uso de indicadores de corrupción en las calificaciones soberanas] donde se demuestra que las calificadoras de riesgo califican con menor puntaje a aquellos países que tienen indicadores de gobernabilidad, transparencia e integridad más débiles. Por el contrario aquellos países que tienen mejores índices, tienen riesgo país más bajo.
[Este tipo de escándalos] sí pueden afectar negativamente, puede incrementar la tasa riesgo. Esto no ocurre automática e inmediatamente, pero sí será un factor de análisis cuando se actualicen las calificaciones de riesgo. Si se incrementa la inestabilidad política, el riesgo país efectivamente va a subir.
¿Cómo debería orientarse la reforma judicial y por qué es importante para las inversiones?
Las reformas judiciales tienen que estar acompañadas de mecanismos sólidos y transparentes de selección, promoción y remoción de las personas que administran el organismo judicial. Un país puede tener los procesos judiciales más eficientes pero si no tiene confianza en los actores judiciales, esto no sirve de mucho.
En América Latina en general no hay una administración de justiciaeficiente. No se logra que los ciudadanos confíen en la imparcialidad de este mecanismo. Esto impedirá que se alcance la calidad de las inversiones económicas que se necesitan para superar las trabas de desarrollo.
Las inversiones que un país busca son las de largo plazo, que generan empleo formal y que se preocupan por los derechos de los trabajadores y usuarios. Estas requieren Estados de derecho más fuertes e instituciones transparentes y para eso hay que invertir un capital político significativo a lo largo del tiempo. Muchas veces los gobiernos hacen apuestas de corto plazo y, lamentablemente, en algunos casos los escándalos nos vuelven a llamar la atención de la importancia de estas reformas estructurales que se deben iniciar.
¿Cuáles serían los pasos para iniciar una reforma integral en el sistema de justicia?
Hay distintas maneras. Primero, se debe tener un diagnóstico del problema, ver si se trata de los procesos o de la selección de personas. Es una combinación de esos dos factores. En muchos países se hace esto de forma gradual, como hacer divisiones de especialidades, por ejemplo en el área de derecho civil, derecho comercial, se podría empezar por ahí.
Desde luego los ciudadanos percibimos más el problema cuando este se encuentra en la justicia penal, como cuando hay un escándalo de corrupción. Es necesario que haya transparencia en el proceso de selección de los jueces y en el ejercicio de la judicatura, que los ciudadanos puedan entrar a la sala de audiencias de un tribunal, que escuchen como se razona un caso, que puedan escuchar las partes para generar una conexión entre ciudadanía y jueces.
¿Qué opinas sobre la abundancia de cláusulas arbitrales en la mayoría de contratos que celebran los inversionistas?
Que las partes no usen los mecanismos locales es un indicador de que hay un problema. Hay una prórroga a otra jurisdicción pues los países terminan litigando en otras jurisdicciones como Estados Unidos o Inglaterra. Los costos de esas disputas legales son considerables y la capacidad que puedan tener las partes de hacer valer sus derechos es siempre una pregunta abierta. El objetivo debería ser que las controversias se resuelvan en nuestros propios países, con nuestras reglas porque tenemos confianza en que son legítimas y serán aplicadas de manera ecuánime.
Estos temas sí preocupan a los inversores aún cuando tengan la garantía de que las disputas principales se dirimirán en otra jurisdicción. Es hora de una reforma judicial. El presidente de la República [Martín Vizcarra] parece apuntar en esa dirección.
