Carrió denunció a Cristina Kirchner y a Randazzo por falta de control en el Puerto de Buenos Aires
Junto a la diputada Villada, Carrió le pidió a la Justicia que se cite a declaración a la ex presidenta y al ex ministro de y para saber qué controles hizo el en una trama delictiva ocurrida entre 2011 y 2015, en el Puerto porteño, por el cobro del TAP (Transporte Argentino Protegido).
Las diputadas por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada le pidieron hoy a la Justicia que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, por la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en una trama delictiva ocurrida entre 2011 y 2015, en el Puerto de Buenos Aires, se informó desde ese espacio político.
«Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte Aníbal Florencio Randazzo, ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional», dice la presentación que se sorteó hoy mismo y recayó en el Juzgado Federal 12, a cargo del juez Sergio Torres, que deberá instruir la investigación, según confirmaron a Télam fuentes del entorno de Carrió
Según consta en la denuncia, la ex presidenta y el ex funcionario «eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto -el de Buenos Aires- que es propiedad del Estado Nacional», durante 2011 y 2015, años en los que se registraron «maniobras de extorsión». Las legisladoras pidieron a la Justicia que se investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad, así como el uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder.
La denuncia alcanzará a directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, como el señor Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A, entre otros, y reclama que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido) que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule.
«Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte, Aníbal Florencio Randazzo , ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional.
Sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.», indicó Gregorio Hernández Maqueda, el abogado de las diputadas.
El TAP se comenzó a exigir en 2011 como parte de un convenio entre las firmas IVETRA S.A, APC S.A, Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires , y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional. «Sin la contratación de este certificado, el personal de las Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires habría impedido de hecho el ingreso y egreso de carga tanto de exportación como de importación», según la denuncia.
«Si pensamos que, en promedio, el costo para los operadores portuarios aumentaba un 12% por cada pago del TAP y lo multiplicamos por los 600.000 contenedores que aproximadamente circulan cada año podemos tener una idea de las proporciones del daño causado a la economía argentina, en especial a los exportadores de productos agropecuarios», señaló Hernández Maqueda.
«El altísimo costo de vida de los argentinos no se puede separar del accionar de mafias privadas y sindicales enquistadas en dependencias públicas como la que imponía el TAP», aseguró el abogado.
La estimación anual percibida en concepto de TAP fue de 51 millones de dólares más IVA en el período 2015/2016, que se tradujo en un fuerte incremento de los precios logísticos del comercio nacional y afectó de manera directa la competitividad del comercio exterior argentino.
Asimismo, la denuncia de Carrió reclama que se investigue si los responsables de APC S.A. e IVETRA S.A. incurrieron en el delito de evasión agravada. (TELAM / LA NACION)
Fuente : Nuestro Mar
