Chile : EPV solicita legislar para evitar judicializaciones “infinitas” de proyectos en procesos de evaluación ambiental

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) solicitó legislar a modo de frenar las “judicializaciones recursivas e infinitas” de proyectos sujetos a procesos de evaluación ambiental, lo que permitiría otorgar certeza a las partes interesadas, evitar riesgos y prevenir que las distintas fases sometidas a observaciones y revisiones sean extendidas de manera indefinida.

Lo anterior fue expresado por el gerente general de la EPV, Franco Gandolfo, y el presidente del directorio de la EPV, Luis Escobar, en el marco de sus intervenciones ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado. En la oportunidad se presentaron apreciaciones sobre los desafíos encontrados en la elaboración y desarrollo del proyecto de expansión portuaria de Valparaíso en las instancias de evaluación ambiental.

Cabe recordar que en la ocasión legislativa se están recogiendo comentarios que permitan avanzar en la reforma de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (N°19.300), denominada Evaluación Ambiental 2.0, que contempla fortalecer y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La misma está siendo discutida en particular luego de haber sido aprobada en general el martes 4 de junio de 2024.

En este sentido, desde la EPV se apuntó a limitar las posibilidades de judicializaciones recursivas de los proyectos y a mejorar los mecanismos para evitar la “instrumentalización” dentro de las instancias ambientales, ya que “una nueva judicialización del proceso hasta instancias de Corte Suprema hace daño, bastante daño, porque además puede ser recursiva e infinita”, acotó Gandolfo.

“Nosotros creemos que la fuerza del proceso de diálogo que hemos llevado, de los acuerdos que hemos suscrito, ayuda en gran parte a mitigar estos riesgos, pero por su puesto no los elimina. El diálogo, a nuestro juicio y es una convicción a la que hemos llegado, debe ser permanente”, agregó.

Al respecto, el presidente del directorio de la EPV, Luis Escobar, remarcó que “hay tres elementos centrales del proceso actual a los cuales hay que buscar una solución. Uno es lo que tiene que ver con los criterios de admisibilidad, es decir, quiénes tienen derecho, y hasta dónde y cuándo, a volver a presentar sus casos y llevarlos hasta a la Corte Suprema”.

“Yo soy de la opinión que debería haber algún tipo de filtro, que lo debería ejercer la Autoridad Ambiental, de forma tal que una vez escuchados los argumentos exista una decisión respecto de la validez de esos argumentos en el tiempo. Ponerle algún tipo de límite a la recursividad de este proceso”, agregó, subrayando que “cada uno de esos procesos toma bastante tiempo y, entonces, los proyectos se van retrasando”.

“Ahí me parece que el sistema ambiental tiene que ser mucho más potente en el sentido de agrupar todos los distintos puntos de vista que están en juego. Alguien tiene que decir que son relevantes, pero lo son hasta un límite, porque si no este proceso sigue al infinito y eso tiene un costo alto no solo para el proyecto -como ya paso y donde uno de los concesionarios se tuvo que retirar porque no le daba el plazo para rentabilizar el proyecto- también tiene un costo alto para el país. Eso de alguna manera tiene que quedar incorporado en el diseño del sistema”, complementó Escobar.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien también formó parte de la instancia legislativa en que expusieron las empresas portuarias estatales de Valparaíso y San Antonio en el Senado, dio cuenta que el proyecto de Ley contempla atender algunas de la inquietudes planteadas.

“La judicialización recursiva al infinito está abordada (en el proyecto de Ley) y tenemos una simplificación, que el proyecto lo llama simplificación o recurso único de reclamación, que también debiera definitivamente ayudar a que este loop infinito se acorte, dando mucha más certeza. Es algo que ha generado bastante consenso”, mencionó la autoridad del MMA.

Expansión portuaria de Valparaíso

Desde la EPV se observa con cautela la posibilidad que ocurran judicializaciones recursivas e infinitas, ya que se encuentran próximo a abordar un segundo grupo de obras en una etapa de tramitación ambiental particular, parte del Acuerdo por Valparaíso, y que se relacionan con el Muelle de Cruceros, los trabajos a realizar en el Sector de San Mateo y la Extensión del Frente de Atraque 1, 2 y 3.

Lo anterior “va a tener una temporalidad distinta que hemos fijado hasta 2030, porque el 1 de enero del año 2030 concluyen las concesiones actuales del Terminal 1 y Terminal 2 del Puerto de Valparaíso y, por lo tanto, hay que tener sentado en ese instante a otro concesionario”, destacó Gandolfo.

La definición de Valparaíso es, en vez de tener dos terminales, pasar a tener uno solo y, por tanto, tener un nuevo concesionario que asuma la operación, pero que también se haga cargo de la construcción del Sitio Costanera en lo que le sea pertinente. Razón por la cual desde la EPV se contempla tener con un Resolución de Calificación Ambiental (RCA) afirme para aquella fecha.

“Pero, probablemente, la RCA del otro grupo de proyectos, si es que enfrenta judicializaciones posteriores, se va a pasar del año 2030 y lo que hemos hecho nosotros es armar un contrato de concesión sui generis en ese sentido, en cuanto a que la obligación del privado es entrar y construir todo, pero en caso que la empresa portuaria no consiga la RCA de ese segundo paquete de obras, nosotros le cortamos la concesión y no será a 30 años sino a 20 años, pero el concesionario no construye y nos quedamos con un déficit de capacidad para la zona central del país”, sumó el gerente general de la EPV.

“Nuestra expectativa sería que al momento de iniciar el proceso de licitación, que va a iniciarse por ahí por el año 2028, nosotros tengamos todas las RCA afirmes y exista mejor certidumbre, a efectos que cuando el privado entre lo haga directamente a construir”, añadió.

La EPV apuntó que esto se trata de “un gran cambio desde el punto de vista de la estructuración de concesiones desde el ámbito portuario, pero también creemos nosotros que aquí surgen, a partir justamente de la experiencia, la necesidad -que hemos reflejado en tres componentes- de ojalá buscar maneras de robustecer las facultades del SEIA en términos de los filtros técnicos que tienen que ejecutarse al momento de recibir las observaciones, filtrando aquello que creemos puede ser filtrable”, explayó Gandolfo.

“Que la definición de las medidas ambientales y todo lo que hay detrás de ellas, como en el caso nuestro que nacen de un proceso amplio de participación, ahora van a enfrentar la institucionalidad del SEIA, donde nuevamente vamos a tener actores como el Consejo de Monumentos u otros que pueden cuestionar esas medidas desde otras miradas. Entonces, a nosotros nos gustaría que esos elementos no cambien el origen ciudadano que ha tenido todo este trabajo a lo largo de cuatro años que hemos ejecutado. Eso ya lo vivimos con el primer proceso”, sostuvo.

“La importancia de la participación para nosotros es una convicción y ha sido una herramienta que nos debería robustecer la posibilidad, pero eso no obsta que existan grupos interesados, con visiones particulares de desarrollo de la ciudad -legítimas por su puesto- pero que finalmente instrumentalizan las RCA e impidan que proyectos se desarrollen. Creemos que ojalá, si fuera posible en un cambio normativo, regular esos elementos para que no hayan judicialización recursivas e infinitas que es un poco a lo que estamos enfrentados hoy”, concluyó Gandolfo.