Cosco Shipping defiende régimen privado del megapuerto de Chancay y descarta ausencia del Estado ante disputa con Ositrán
Cosco Shipping indicó que, una vez concluido el proceso judicial, la empresa evaluará las acciones correspondientes para salvaguardar sus derechos.
Gerente general adjunto del terminal portuario descartó que el puerto cuente con un régimen privilegiado, incluyendo el uso del área acuática, y sostuvo que los pagos realizados responden a tasas establecidas en la normativa vigente y a trámites regulares ante el Estado.
El megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports, rechazó que exista una ausencia de presencia estatal en sus operaciones y defendió el marco legal que regula su funcionamiento como puerto de titularidad privada, en medio de la controversia con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
Así lo señaló Gonzalo Ríos Polastri, gerente general adjunto del terminal portuario, en Ampliación de Noticias de RPP, quien precisó que en Chancay operan de manera permanente diversas entidades del Estado encargadas de la supervisión, control y fiscalización de las actividades portuarias.
“En el puerto de Chancay están presentes todas las organizaciones del Estado que ejercen control sobre la carga, los volúmenes, las transacciones, ingresos y salidas. Hablamos de la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio de Transportes, autoridades ambientales y Aduanas, para la cual incluso se ha construido un edificio propio”, afirmó en entrevista radial.
Disputa con Ositrán
Ríos Polastri explicó que el conflicto con Ositrán no es reciente y responde a una discusión de larga data sobre el alcance de las competencias del regulador en puertos privados. Según indicó, Ositrán buscó inicialmente equiparar el régimen de supervisión del puerto de Chancay al de los puertos concesionados, pese a que estos últimos son de titularidad pública.
“La Ley del Sistema Portuario es clara: Ositrán solo interviene en puertos privados cuando existen aspectos de competencia determinados por otra autoridad. Hoy, incluso, Ositrán ha reducido su posición únicamente al tema de protección de usuarios, dejando fuera la regulación de calidad de servicio y otras funciones”, sostuvo.
En ese contexto, recordó que el Poder Judicial ya emitió un primer pronunciamiento favorable al puerto, al considerar que su modelo se ajusta a lo que establece la Constitución en materia de protección a la inversión privada y estabilidad jurídica.
Puerto privado de uso público no implica regulación automática
Sobre el principal argumento de Ositrán —que Chancay es un puerto privado de uso público—, el ejecutivo aclaró que se trata de una clasificación definida por ley y no por la empresa.
“El uso público significa que el puerto está abierto a cualquier usuario. Pero la propia ley establece que los puertos de titularidad privada, incluso cuando prestan servicios de uso público, no deben ser supervisados ni regulados por Ositrán. Ese punto está expresamente desarrollado en la normativa”, remarcó.
Añadió que la legislación también permitió que puertos privados de uso privado puedan destinar hasta el 70% de su capacidad a uso público sin que ello genere intervención del regulador.
Defensa de usuarios y mecanismos de solución
Frente a los cuestionamientos sobre una eventual desprotección de los usuarios, Ríos Polastri aseguró que existen múltiples instancias para la defensa de exportadores e importadores que operen en el puerto.
“Las relaciones entre el puerto y los usuarios son contratos entre privados, pero además existen mecanismos como arbitrajes, Indecopi, la Autoridad Portuaria Nacional y los propios procedimientos de solución de controversias publicados en nuestra web”, indicó.
Enfatizó que la defensa de usuarios no es una competencia exclusiva de Ositrán, la cual se justifica principalmente cuando se trata de bienes públicos entregados en concesión, situación que —según remarcó— no aplica en el caso de Chancay.
Pago del aporte regulatorio bajo protesta
Respecto al aporte por regulación de Ositrán, equivalente al 1% de las ventas, el gerente general adjunto confirmó que el puerto lo ha venido pagando desde el inicio de su etapa operativa, aunque bajo protesta.
“Hemos sido respetuosos del marco institucional y hemos pagado el aporte, pese a que consideramos que no corresponde. Desde junio del año pasado hemos desembolsado cerca de medio millón de dólares”, precisó.
Indicó que, una vez concluido el proceso judicial, la empresa evaluará las acciones correspondientes para salvaguardar sus derechos.
Finalmente, Ríos Polastri descartó que el puerto cuente con un régimen privilegiado, incluyendo el uso del área acuática, y sostuvo que los pagos realizados responden a tasas establecidas en la normativa vigente y a trámites regulares ante el Estado.
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