El ojo puesto en las barreras

Propuestas para disminuir exigencias ilegales

Tarea de todos ● Los trámites ilegales obstruyen la inversión y fomentan la informalidad ● El Indecopi y la Secretaría de Gestión Pública serían claves para una solución.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó medidas para reducir las barreras burocráticas ilegales e irrazonables que obstruyen la inversión privada y fomentan la informalidad. Entre las iniciativas, destacan el fortalecimiento de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (CEB) y de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En un contexto en que reactivar la inversión privada ha tomado mayor relevancia, vale la pena analizar su viabilidad.

Uno de los puntos en la agenda de la CCL es reducir el tiempo que demora eliminar las barreras, ya que esto puede tomar hasta cinco años. “Cuando se denuncia una barrera burocrática ante el Indecopi, se tiene que ir a la CEB –donde toma entre seis y ocho meses–; luego, la entidad denunciada apela y pasa al tribunal del Indecopi –unos ocho meses más–”, señala Víctor Zavala, gerente del centro legal de la CCL. Después, se acude al Poder Judicial, donde el proceso puede tomar entre tres y cuatro años, instancia que ratifica la decisión del Indecopi en el 98% de los casos. “Cuando finalmente se da la razón al ciudadano, la decisión solo aplica para su caso y no las demás personas”, añade. De ahí que el gremio haya propuesto –tal como lo ha hecho la congresista fujimorista Cecilia Chacón en un proyecto de ley y el Poder Ejecutivo en su pedido de facultades legislativas– que las resoluciones del Indecopi tengan efectos generales y no solo para el denunciante.

En tanto, Fernando Cáceres, de la asociación Contribuyentes por Respeto, llama la atención sobre la posibilidad de que más entidades públicas busquen que sus resoluciones tengan efectos generales, como la Sunat u organismos reguladores, lo que afectaría el equilibro de poderes constitucionales.

Sin embargo, existen otras formas de lograr que las acciones del Indecopi tengan efectos generales; y de hecho ya lo hace. La autoridad ha puesto énfasis en investigaciones desarrolladas por iniciativa de la autoridad. Así, ha conseguido que las propias entidades públicas eliminen voluntariamente las barreras burocráticas, lo que ahorra al Indecopi el trabajo de tener que estar iniciando procedimientos sancionadores que cuestan dinero, explica Francisco Ochoa, subjefe de la Secretaría Técnica de la CEB.

—Buscar recursos—

La otra arista de las propuestas de la CCL es reforzar la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM. Esta tiene la labor de fiscalizar que los trámites exigidos por las entidades públicas – publicados en el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de cada entidad estatal– cumplan las leyes. “Son más de 2.500 entidades públicas de todos los niveles [de gobierno], y con cuatro o cinco personas en la SGP será difícil que se pueda fiscalizar y exigir el cumplimiento de estas normas”, indica Zavala, en relación con la situación actual de la secretaría.

Al respecto, Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), advierte sobre la relevancia que adopta la fuente de financiamiento de las entidades públicas al momento de buscar eliminar requisitos ilegales. “Está bien la idea de estandarizar los costos y hacer que las municipalidades no traten de sacar plata por cualquier lado [a través de requisitos ilegales o irrazonables, por ejemplo], pero me parece que tiene que ir acompañado por una estrategia bien pensada de cómo sustituir esos ingresos para que las municipalidades puedan operar como se espera”, opina Macera.

“Lo que llamamos costos de transacción se multiplican por cero; y eso es un grave error”, advierte por su parte Cáceres sobre la posibilidad de que se asignen nuevas tareas al Indecopi para fiscalizar y promover la eliminación de barreras burocráticas. Esto ya que, en el cálculo de los costos de implementación, no se suele considerar el personal ni el tiempo adicional que se requerirían para cumplir esta nueva tarea.

Para saber más

¿Qué es una barrera burocrática ilegal?

Son los requisitos, derechos de tramitación, plazos administrativos, regí- menes de silencio administrativo, entre otros, que no se encuentran de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo vigente. Pueden ser ilegales por ser contrarios a la ley, o irrazonables, al ser desproporcionales