Fiscalización laboral: Sunafil ganaría competencias y mayor cobertura en regiones
El ente encargado de las inspecciones laborales tendría un marco de competencias más amplio, de aprobarse el proyecto de ley presentado por PPK, aunque éste dista de una reforma laboral integral.
El gobierno ha puesto sus ‘balas’ en uno de los aspectos de la reforma laboral: la fiscalización. El proyecto de ley presentado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) durante su mensaje a la nación el pasado 28 de julio apunta a fortalecer las competencias y el ámbito de actuación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), con el fin de garantizar una mejora de las inspecciones laborales.
MAYOR COBERTURA
El proyecto de ley busca que las competencias en fiscalización laboral, concentradas en los gobiernos regionales, se trasladen a la Sunafil. De tal manera, el ente fiscalizador llegaría a regiones donde antes no operaba. Actualmente, sólo hay cobertura en diez regiones del Perú, sin incluir Lima.
El ente fiscalizador se desempeñaría como la Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo y ampliaría su cobertura, ante una reducción de las competencias de los gobiernos regionales. Estos pasarían a orientar a la Sunafil sobre las zonas donde debe priorizar la fiscalización.
Este proyecto de ley pretende corregir la baja fiscalización que ejercían los gobiernos regionales en sus respectivas jurisdicciones. “Desde que ha tenido lugar la función compartida [entre gobiernos regionales y la Sunafil], la cobertura ha sido baja”, comenta Sylvia Cáceres, jefa de la Sunafil, a SEMANAeconómica.
La funcionaria también comenta que la Sunafil apunta a ampliar la infraestructura institucional y aumentar el número de inspectores. A octubre del 2016, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contaba con 463 inspectores: 248 en Lima Metropolitana y 215 en las regiones.
Ampliar la cobertura territorial implica que la fiscalización llegue a nuevas empresas, especialmente a microempresas. La Sunafil sólo llega al 9% de las empresas registradas en la Sunat. “No las fiscalizas porque si las multas no te van a pagar. No tienes incentivos económicos”, comenta Jorge Toyama, socio del estudio Miranda & Amado y especialista en derecho laboral.
“[Con el proyecto de ley] se busca pasar del 9% al 12% de cobertura en el corto plazo y seguir creciendo para que más adelante lleguemos hasta el 30%”, agrega Cáceres.
Además, el gobierno de PPK estaría asignando más recursos a la superintendencia para el 2018. La Sunafil prevé un incremento presupuestal de aproximadamente S/.70 millones. El presupuesto de apertura de este año fue de S/.86.38 millones.
REFORMA MÁS INTEGRAL
Si bien la fiscalización es importante, sería insuficiente. Se necesitaría una reforma laboral más integral que también abarque la rigidez laboral del mercado peruano, según los analistas consultados por SEMANAeconómica. El Perú ocupa el noveno puesto en rigidez laboral, según el World Economic Forum (WEF).
Oscar Sumar, director de la consultora Regulación Racional, sostiene que es necesario complementar la fiscalización con una flexibilización del régimen laboral. El abogado Jorge Toyamacoincide: “En las empresas formales, el problema determinante es la rigidez para despedir; prefieren contratar a alguien para que trabaje horas extras en vez de tener un empleado adicional”, comenta.
Sobre el impacto de la fiscalización en la informalidad, otro de los problemas medulares en materia laboral, Cáceres precisa que la Sunafil no es la única responsable. “Para la formalización, se requieren comisiones, incentivos tributarios, cuotas o nichos de oportunidad que sean alentados por otros sectores, como el turismo o la agroexportación. Sólo así, es más probable que una empresa se anime a dar el salto a la formalidad”, señala.
Las propuestas recomendadas que apuntan a flexibilizar el mercado laboral son impopulares. Sin embargo, el proyecto de fortalecimiento de Sunafil no tendría este inconveniente. “Yo creo que la sociedad y las autoridades están convencidas de la necesidad de incrementar la fiscalización en el trabajo, eso ha generado consenso. El éxito corresponde al Congreso y al sector de trabajo de que las desarrolle”, asegura Sylvia Cáceres.
