Gremios en alerta máxima por el cierre de los depósitos fiscales
La baja del exterior impuso una llave morsa sobre las terminales portuarias que debieron hacer frente al menor por las restricciones a las importaciones; a la reducción de clientes por la proliferación de las alianzas navieras, y a la prácticamente nula posibilidad de reducir .
Es algo que los gremios portuarios reconocen. Muchos de ellos, como Guincheros, esperaban que Tecplata comenzara a operar. Muchos dejaron su por la posibilidad de arrancar en una nueva empresa, que llegaba apalancada por el optimismo, la fe y la esperanza. Hoy son alrededor de 300 trabajadores en total que cayeron en las curiosas generales de la ley: son advertidos como “ñoquis naranjas” cuando la realidad comercial de la terminal es la que marcó la inactividad presente.
La preocupación gremial está nuevamente en su punto máximo. La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) está en asamblea permanente y evalúa medidas por la suspensión de la habilitación de seis importantes depósitos fiscales, predios permisionarios de la aduana para el almacenamiento importaciones y la consolidación de exportaciones.
De la decena de medidas correctivas que la Aduana pudo aplicar recurrió a la pena máxima, como es todo su derecho.
La mayoría de las empresas damnificadas -Lo Primo II, Dodero, Carestiba, Censer, Logística Central y Logexpor- presentaron distintos planteos en sede judicial, desde recursos de reconsideración hasta cautelares autónomas.
Los depósitos que ya no pueden operar tienen un plazo para vaciarlos. Muchos comenzaron con las suspensiones y el adelanto de vacaciones, pero los que tenían personal tercerizado los dieron de baja directamente.
Los despidos de entre 600 trabajadores directos y 1000 indirectos están a la vuelta de la esquina. Y eso alarma a las bases y las dirigencias sindicales.
Pero lo peor no es eso: las empresas plantearán la apertura del procedimiento de crisis en el Ministerio de Trabajo que, si acata, habilitará a que las empresas puedan despedir gente con una indemnización del 50%, aludiendo que la causa de esta crisis es por una situación ajena a la propia empresa.
Los depósitos son habilitados, controlados, multados y, en última instancia, cerrados por la Aduana. “En 25 años pasé por entre 10 y 15 gestiones aduaneras y siempre nos adecuamos a las nuevas administraciones. ¿Por qué no lo íbamos hacer en esta?”, señaló el presidente de uno de los depósitos que perdió la habilitación por decisión del director general de Aduanas Juan José Gómez Centurión. (Por Emiliano Galli; La Nación)
