Los CEO comienzan a perder la paciencia ante la gestión de Vizcarra

XV Encuesta de Gerentes Generales. La cautela del presidente Martín Vizcarra para impulsar políticas con impacto económico elevó el descontento empresarial. El deterioro es mayor en las pymes.

Los gerentes generales son cada vez más escépticos sobre la administración de Martín Vizcarra. La XV Encuesta de Gerentes Generales revela que la aprobación de los ejecutivos hacia el presidente es de tan solo 51%, con una especial desazón entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ello contrasta con el resultado del 2018, año en que la misma encuesta recogió el optimismo de los gerentes generales inmediatamente después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El respaldo fue casi unánime: el 80% de los ejecutivos aprobó la nueva gestión de Vizcarra. Hoy, la historia es diametralmente distinta.

Los resultados de la encuesta indican que la ‘luna de miel’ entre el empresario y Vizcarra ha terminado. Ya no se le otorga al presidente el beneficio de la duda sobre el manejo de las tensiones con el Legislativo, que terminaron por costarle la presidencia a su antecesor. El 88% cree que el Congreso y el Ejecutivo tienden al conflicto y los ejecutivos no tienen certeza de que eso vaya a cambiar en los próximos meses. El 57% cree que la dinámica actual se mantendrá.

Esa situación no permitirá que el gobierno avance con las reformas que le interesan al empresariado, como la laboral. En los últimos doce meses, además, el presidente Vizcarra fue cauto con sus políticas económicas, pero osado en su agenda anticorrupción y de reforma política. En el par de años que le quedan al gobierno, todo indica que la relación entre el presidente, el Congreso y el empresario seguirá colmada de ásperos desencuentros y descoordinaciones.

LE PERDIERON LA PACIENCIA

Cuando Vizcarra asumió la jefatura del Estado cimentó su gobernabilidad en una sosegada convivencia con el Congreso. Las tensiones políticas que desembocaron en la renuncia de Kuczynski decrecieron luego de la transición. El 80% de los CEO veía que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tendía a la concertación. Fue así durante cuatro meses, hasta que la disminución en los niveles de popularidad presidencial y la revelación del caso Lava Juez, que comprometía a la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, lo llevaron a buscar un nuevo anclaje para la gobernabilidad: la indignación de la ciudadanía por los escándalos de corrupción. En una segunda fase, que va desde el Mensaje a la Nación de 28 de julio del año pasado hasta el referéndum de diciembre, Vizcarra orientó sus esfuerzos a una agenda reformista en lo político y lo judicial.

Cerrado el proceso de consulta popular, empezó una tercera fase en la que que apareció una ligera expectativa empresarial de que el gobierno, aprovechado su capital político, apueste por una agenda económica. “No se esperaba que el gobierno de Vizcarra hiciera todo, no tenía que ser el salvador. Pero hubiera sido bueno que se compre dos o tres temas grandes”, comenta Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía.

En una entrevista con SEMANAeconómica, Vizcarra aseguró que luego de la agenda anticorrupción su gestión comenzaría a “trabajar en la mejora de la infraestructura y productividad”. Más tarde reforzó ese mensaje en la CADE 2018 y, el último día del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó la Política Nacional de Competitividad. Pero nada de esto ha sido suficiente para ganar el apoyo de los gerentes generales. “El gobierno va a ser más cauto [con el plan], hubo una reacción muy fuerte desde los sindicatos”, opina el politólogo Arturo Maldonado, socio de 50+1.

Los ejecutivos creen cada vez más que el desempeño del Ejecutivo para atraer inversiones, destrabar proyectos, ejecutar inversión pública y fomentar inversión minera es deficiente. “Las personas que toman decisiones sobre inversiones y gestiones de empresas están atentas a eso. No se dejan marear por discusiones que son escaramuzas [políticas]. Vemos las cosas que van a impactar en el país, y esas decisiones no se están tomando”, remarca Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura.

CORPORATIVOS CON VIZCARRA

Las grandes empresas aún respaldan a Vizcarra. Aunque entre el 2018 y el 2019 su aprobación bajó desde 77% hasta 57%, quienes creen en su administración aún son mayoría. No ocurre lo mismo con las pymes, que eran un importante grupo de apoyo cuando Vizcarra subió al poder. El 56% de las medianas empresas y el 51% de las pequeñas desaprueban su gestión.

En el Perú el 3.2% del total de empresas son pequeñas, el 0.1% son medianas y el 0.5% son grandes según datos del Ministerio de la Producción al 2017. El resto son microempresas. “No se están dando las medidas para que las pequeñas empresas aumenten su productividad. Eso se siente en la billetera del día a día. No se están haciendo reformas integrales como la reforma laboral”, comenta Fernando Calmell, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP).

La falta de una reforma laboral y tributaria impactan en las empresas medianas y pequeñas debido a que elevan sus costos, lo que las desincentiva a seguir creciendo y a dejar atrás la informalidad. “A la gran empresa le costará más y la hará menos competitiva, pero puede pagar estudios de abogados, un equipo de recursos humanos para cumplir con la legislación laboral, y enfrentar el costo logístico porque tiene mayor productividad. Pero el mediano y el pequeño esperan que el gobierno le solucione estos temas”, explica Macera.

De otro lado, la evaluación negativa de la inversión pública es mayor entre los gerentes de las pymes. Ese componente del PBI cayó 10.9% en el primer trimestre, según el Banco Central de Reserva (BCR), pese a que el Ejecutivo desplegó esfuerzos para evitar la contracción que suele registrarse tras el cambio de autoridades subnacionales. “La reconstrucción, que era una esperanza de desarrollo para el microempresario, está estancada. Cualquier tipo de inversión publica repercute en la micro y pequeña empresa”, afirma Calmell.

Gobitz prevé que las empresas priorizarán la optimización y la ampliación de inversiones antes que ingresar a nuevos negocios. Esa lógica de inversión no cambiará hasta que haya más claridad respecto a las políticas económicas del gobierno. Eso impacta directamente en su capacidad para atraer inversiones y genera menor entrada de capitales. “Si eres grande tienes varias unidades de negocio y puedes encontrar opciones para optimizar operaciones o ampliar otras. Pero cuando eres pequeño y tienes una unidad de negocio, esas oportunidades ya no existen. Mientras más chico eres, el invierno te afecta más”, explica el ejecutivo.

El balance sobre las políticas de promoción de la inversión minera es mayoritariamente regular, pero las percepciones negativas han crecido. “Hay una sobrerregulación y una falta de coherencia en las exigencias. No nos oponemos a proteger el medio ambiente o actuar con responsabilidad social, pero ponen más y más trabas que hacen imposible que los proyectos se desarrollen con la velocidad que requiere el país”, advierte Marcelo Santillán, CEO de la mineraPoderosa. El gobierno, por ejemplo, aún no decide si le dará la licencia de construcción al proyecto cuprífero Tía María. “Del 0 al diez, yo le pondría un cuatro [al gobierno]”, agrega.

La reciente cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo le ha permitido recuperar una popularidad que venía cayendo desde abril. Pero desde el sector privado aquel suceso podría haber deteriorado aún más sus expectativas. “La dinámica del Ejecutivo es tratar de apoyar al presidente en los temas anticorrupción, pero no hay mensajes claros en los temas sectoriales. Allí los ministros pierden un poco de fuerza. Ya quedó claro que mueven su agenda pública sobre la base de medidas más efectistas”, dice Maldonado. La lógica de la sobrevivencia política prevalecería sobre cualquier política económica.