Los primeros reajustes en el plan económico de PPK

El futuro ministro de PPK, Alfredo Thorne, tranquilizó a las agencias de riesgo por posible alza del déficit fiscal

Tras anunciarse a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como virtual presidente, una de sus propuestas en materia económica tuvo eco a nivel internacional. Así el viernes, las agencias calificadoras de riesgo Fitch y Moody’s advirtieron que la propuesta de ampliar el límite del déficit fiscal a 3% como porcentaje del PBI generaba preocupación, dado que temían que este se saliera de control. Tras la advertencia, Alfredo Thorne, virtual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró de inmediato dos medidas: que este ajuste se encontrará entre el 2,8% y el 2,9% del déficit hasta el 2017 y ratificó a Julio Velarde como titular del Banco Central de Reserva (BCR) en aras de asegurar la continuidad de la política monetaria.

Moody’s declaró a Reuters que las medidas anunciadas eran una señal positiva y que regresaba la tranquilidad.. Frente a este contexto, nos preguntamos sobre la viabilidad tanto a nivel de gestión pública como económica de algunas de las medidas bandera de la contienda.

Más gasto, menos recaudación
El aumento del tope del déficit fiscal en la propuesta de PPK, responde, en parte, a las medidas propuestas en materia tributaria como la disminución del IGV hasta el 15% en el 2019 y el aumento de la recaudación tributaria en dos puntos hasta el mismo año. Esto sustentado en parte a través de un aumento de la formalidad en términos de PBI y empleo.

El tope del déficit fiscal se incrementa a través de un cambio en la Ley de Transparencia Fiscal, el cual, ha señalado Thorne, sería transicional porque hacia el 2021 se regresaría al 1% establecido.

“La deuda del Perú como porcentaje del PBI es una de las más bajas de la región. Creo que hay espacio para aumentar el nivel de deuda”, afirma Carlos Casas, economista de la Universidad del Pacífico. Sin embargo, advierte, podría preocupar una tendencia demasiado acentuada en el crecimiento de los pasivos del país.

En esta línea, Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincide en que hay espacio para ampliar la deuda, dado que esta se encuentra contenida y que contamos con un buen ráting crediticio de las calificadoras.

“Financieramente, tiene sentido tomar dinero prestado si puedes acceder a una tasa relativamente baja y así no perder liquidez para enfrentar momentos de vacas flacas”, sostiene Macera.

Otra medida que plantea el nuevo gobierno es reducir el IGV progresivamente en dos años del 18% al 15%. El plan contempla que dicha reducción se vea compensada por el aumento de la formalidad tanto como porcentaje del PBI como en términos de empleo. Sobre la disminución del IGV, Casas sostiene que no es recomendable dada la situación fiscal. “En el año 2015 se ha visto que la recaudación ha caído a pesar de que el país ha seguido creciendo”. Añade que generar un impulso fiscal es más efectivo a través del aumento del gasto que vía una reducción de impuestos.

La reducción de la tasa del IGV solo se puede aprobar a través de una norma con rango de ley, es decir, a través del Congreso o por medio del Poder Ejecutivo si es que el Congreso le delega facultades para promulgar estas normas, explica Pablo Sotomayor, socio del Estudio Miranda & Amado. Dado que el IGV finalmente es un impuesto que se suma al valor de venta, ya ha sucedido que se redujo la tasa de IGV pero el vendedor acomodó su precio de venta, con lo cual, no se consiguió la reducción de precios esperada advierte Sotomayor. El plan de Fuerza Popular no incluía ninguna propuesta de este tipo y tanto en los debates técnicos como en los que sostuvieron Kuczynski y Fujimori, Fuerza Popular planteó una firme oposición a la medida.

Finalmente, el plan de Kuczynski contempla un régimen de beneficios tributarios alternativo para las mypes y pymes. Entre estas medidas se encuentra la reducción del Impuesto a la Renta del 28% al 10% por 10 años para las pequeñas empresas que se formalicen con un crédito tributario adicional por trabajadores que se formalicen. Sotomayor añade que dos de los principales problemas de las pymes y mypes en materia tributaria consiste en que el nivel de fiscalización y sanciones aplicadas son excesivas, además de tener formatos y procedimiento excesivamente complejos. El abogado coincide con el presidente electo en que los beneficios tributarios deben venir acompañados de otros incentivos como el otorgamiento de créditos y, además, considera que la propuesta sí conversa, en cierta medida, con la de Fujimori.

Las agencias calificadoras no fueron las únicas que reaccionaron el viernes. También, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia en esta contienda, reconoció la victoria de Kuczynski como virtual presidente. En su discurso, Fujimori recalcó que su partido –con mayoría en el Congreso– cumpliría su rol de oposición durante el siguiente período. “Somos la fuerza”, afirmó.

Así, el gobierno entrante enfrenta un panorama político complejo que, como afirman muchos analistas, requerirá un manejo político mucho mayor que el técnico. Sin embargo, Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) afirma que el fujimorismo es “discursivamente peleón, pero a la vez muy pragmático”, ejemplo de esto es el mecanismo de “voto a conciencia”. Por esto, el experto considera que una posición revanchista en el Congreso por parte del fujimorismo no tendría sentido si es que busca la presidencia en el 2021, meta que Sosa asegura que Fujimori no dejará de lado.

Infraestructura
Una de las principales reformas propuestas en este ámbito a nivel de gestión es la regionalización de Pro Inversión, el reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por uno nuevo e incrementar el presupuesto destinado a las obras de infraestructura.
Sobre la regionalización de Pro Inversión, Thorne ha señalado que la medida se orientará a reducir la burocratización y acabar con las adendas que hoy en día son el principal motivo de la para de muchos de estos grandes proyectos.

Sobre el SNIP, la propuesta consiste en disolver el sistema actual e implementar uno nuevo. Jorge Danós, abogado del Estudio Echecopar, explica que el propósito original SNIP fue evitar que se invierta en obras sin sentido, como estadios o monumentos.

Para realizar la reforma, sin embargo, el experto considera que la vía no es disolver el sistema, sino mas bien, revisar las directivas y reglamentos, así como simplificar la sábana de requerimientos que el sistema solicita para sacar adelante una obra pública.
Pablo Secada, economista jefe del IPE, asegura que la reformulación de un sistema de inversión pública debe considerar la inversión privada en el mismo paquete y debe responder a un plan nacional de infraestructura.