MEF debe tomar acciones para evitar doble tributacion
Este tipo de contratos incentiva el ingreso de más inversiones extranjeras, las que generan más empleo y activan la recaudación.
El panorama fiscal internacional ha sufrido una serie de cambios, debido a las acciones adoptadas por las empresas multinacionales para enfrentar la última crisis mundial, lo que ha llevado a que estas tomen una serie de esquemas para sacar el máximo provecho de las legislaciones tributarias de los países donde operan. Esto es una conducta que se observa en los países desarrollados, al igual que en los países en desarrollo. Ello ha originado que desde el año 2009 se haya observado una cierta reticencia en algunos países para suscribir los convenios para evitar la doble imposición (convenios fiscales), debido a que se han presentado casos en que las empresas varían el domicilio de sus matrices a países con baja o nula imposición tributaria, que han suscrito este tipo de acuerdos con otros países, con lo cual se configura una conducta elusiva.
Ante ello, gracias al apoyo político de los líderes del G-20, la comunidad internacional ha emprendido acciones conjuntas con miras a mejorar la transparencia y el intercambio de información en materia tributaria, así como enfrentar los puntos débiles que han sido identificados en el sistema tributario internacional que permiten prácticas de erosión de las bases imponibles y el traslado de las ganancias o beneficios a jurisdicciones con nulo o poco nivel de tributación. Estos estándares internacionalmente aceptados en campos como la transparencia y el intercambio de información en materia tributaria han significado el fin de la era del secreto bancario.
La erosión de las bases imponibles y el traslado de las ganancias o beneficios han alcanzado tal grado de importancia que se han convertido en un problema prioritario en la agenda política de los gobiernos. En líneas generales, se calcula que las pérdidas a nivel mundial por estas prácticas oscilan entre los US$100.000 y los US$240.000 millones, siendo su mayor impacto especialmente en los países en desarrollo.
La afectación de estas prácticas entre los contribuyentes menoscaba la confianza de estos en el sistema tributario de los países, haciendo que algunos contribuyentes se cuestionen el seguir tributando cuando las grandes corporaciones no lo hacen. Por este motivo, en el año 2013 los líderes del G-20 y los países OCDE colaboraron en el desarrollo del Plan de Acción BEPS (Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios) con la finalidad de restablecer la confianza en el sistema tributario internacional y asegurarse de que las ganancias o los beneficios tributen en la jurisdicción en que se desarrollan las actividades económicas y donde se genera valor. Gracias a este Plan de Acción se desarrolló y aprobó un paquete de medidas diseñadas precisamente para ser implementadas a nivel doméstico y en aplicación de las disposiciones contempladas en los convenios fiscales, basándose en el reforzamiento de las medidas de transparencia y la coordinación entre los gobiernos.
Estas medidas son fruto del trabajo conjunto y en igualdad de condiciones entre los países integrantes del G-20 y los de la OCDE, así como cada vez más países en vía de desarrollo. El Perú forma parte de los esfuerzos técnicos.
Se aprobaron cuatro estándares mínimos para hacer frente a los problemas que se plantean en aquellos casos en que la inacción por parte de algunos países se habría traducido en efectos fiscales colaterales (efectos adversos sobre la competencia). Así se tienen:
1. Disposiciones modelo para impedir el uso abusivo de convenios fiscales, que impidan el recurso a sociedades “canalizadoras de rentas” en países y jurisdicciones en los que rijan convenios fiscales favorables para canalizar las inversiones y conseguir beneficiarse de tipos de gravámenes reducidos.
2. Informes estandarizados país por país, lo que da a las administraciones tributarias una imagen global de dónde declaran los beneficios, tributos y actividades económicas de empresas multinacionales.
3. Un proceso de revisión interpares reforzado para frenar las prácticas fiscales nocivas, incluidos los regímenes especiales de patentes que presentan características dañinas, así como el intercambio espontáneo de información relevante sobre los fallos o resoluciones con relación a los contribuyentes, para prevenir que la falta de la misma pueda ocasionar la erosión de las bases imponibles en otra jurisdicción y el traslado de ganancias o beneficios.
4. Un acuerdo para garantizar los avances en la resolución de controversias, aprovechando el firme compromiso político con la resolución eficaz y oportuna de controversias a través del procedimiento amistoso.
Se ha desarrollado un marco inclusivo que permite a los países y jurisdicciones interesadas en colaborar con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G-20 en la elaboración de normas que regulen las BEPS. Para poder formar parte de este esfuerzo, los países interesados deberán adherirse al marco, aceptando el paquete de medidas del Proyecto BEPS y comprometerse a implementarlo sistemáticamente.
El calendario de aplicación del paquete variará en el caso de los países en desarrollo, adecuándose a las circunstancias propias de cada uno de esos países. Los países adherentes participan en calidad de Asociados BEPS en el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE y sus órganos auxiliares, en igualdad de condiciones con los miembros de la OCDE y con los miembros del G-20 no pertenecientes a la OCDE que ya participan en el proyecto. El CAF es el organismo decisorio clave de la OCDE en materia tributaria, a través del que los países miembros y Asociados de la OCDE desarrollan y ejecutan el plan de trabajo de fiscalidad.
El CAF lleva a cabo el plan de trabajo sobre fiscalidad a través de grupos de expertos nacionales organizados por áreas técnicas en grupos de trabajo, los cuales desarrollan normas y directrices fiscales internacionales, al tiempo que desempeñan tareas de carácter técnico. Estos grupos de trabajo informan al CAF, donde altos funcionarios de los países participan en el proceso decisorio del CAF, garantizando un compromiso político en los resultados del comité.
La toma de decisiones por consenso es lo que garantiza la igualdad de condiciones, ofreciendo a cada uno de los gobiernos participantes enormes oportunidades al tiempo que les transfiere importantes responsabilidades. Al ser el resultado moralmente vinculante para todas las partes intervinientes en el proceso, el acuerdo por consenso ofrece una base sólida para la aplicación abierta y coherente de los acuerdos alcanzados. Como país, el Perú se ha comprometido con cuatro de las 15 acciones contempladas en el Proyecto BEPS, cuyo cumplimiento viene siendo materia de supervisión por parte de la OCDE.
En tal sentido, considerando que el Perú viene adoptando los criterios y documentos de la OCDE y ha suscrito en el presente año la Convención Anticohecho del mismo organismo, la cual prohíbe el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y del mismo modo suscribió la Convención multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (con 119 países y jurisdicciones participantes en la Convención), es el principal instrumento mundial para aumentar la transparencia y combatir la evasión fiscal transfronteriza. La Convención entrará en vigor el 1 de septiembre del 2018.
Considerando lo señalado, ya se han establecido a nivel internacional una serie de medidas para corregir las distorsiones originadas por las prácticas elusivas que muchas empresas multinacionales habían adoptado a fin de reducir el impacto tributario sobre sus ganancias o beneficios en inversiones realizadas en países en desarrollo. En ese sentido, consideramos que el Ministerio de Economía y Finanzas debería retomar sus esfuerzos para continuar con las negociaciones de los convenios fiscales para evitar la doble imposición, que se vieron paralizados por estas acciones, dado que nuestro país se encuentra necesitado de inversiones extranjeras que permitan reactivar nuestro aparato productivo y que a su vez generen más empleos y activen la recaudación que tanto requiere el Estado para encarar las demandas de la población.
