Michiquillay: proyecto no se pospuso sólo por la crisis política

No sólo la crisis política, sino también observaciones al contrato que aún no se resuelven, pesaron en la decisión de postergar la buena pro, según ejecutivos de algunas empresas postoras.

Michiquillay no va, por ahora. La licitación del proyecto minero de cobre fue pospuesta por ProInversión para el 20 de febrero del 2018, a pesar de que ayer se debió realizar la ceremonia de adjudicación. De acuerdo con el ente promotor, la decisión respondió a un pedido de las empresas postoras, que “manifestaron que la actual coyuntura política afecta la presentación de sus propuestas económicas”.

No obstante, también pesaron en la decisión de posponer la licitación las observaciones enviadas por distintas empresas tanto al Ministerio de Energía y Minas (MEM) como a ProInversión sobre el contrato a firmarse. Entre dichas observaciones, la falta de una delimitación clara de los terrenos donde operaría la minera ganadora sería la principal.

SIN LÍMITES CLAROS

De acuerdo con el CEO de una de las mineras interesadas en el proyecto —que prefirió mantenerse en el anonimato debido a que la licitación se mantiene abierta— no existe un compromiso claro en el contrato de adjudicación para que el ganador reciba terrenos en el área que rodea el proyecto. Ésta habría sido una de las principales razones por las que se estaría aplazando la licitación.

Dichos terrenos son necesarios para alojar la zona periférica de la mina (planta de beneficio, cancha de relaves, pilas de mineral, etc.). No definir dicha área antes de que se licite el proyecto y que este punto no haya sido parte de un acuerdo con las comunidades de la zona de influencia —quienes deben entregar los terrenos a la minera— le restaron atractivo al proyecto e inclinaron a algunas empresas a no presentar ofertas en los días anteriores a la licitación de ayer, dijo el ejecutivo.

Consultada al respecto, ProInversión envió un comunicado en el que indicó que “es responsabilidad del adquiriente [el concesionario deMichiquillay] llegar a un acuerdo con las comunidades y los titulares de los terrenos a través de una negociación privada entre las partes”, y que el Estado tiene un rol de garante de “trato justo” de acuerdo al marco vigente.

“Con las comunidades campesinas de la zona de influencia directa del proyecto ya tenemos actas firmadas que nos han permitido recoger sus sugerencias, las mismas que ya han sido incorporadas en las bases y en el contrato de transferencia”, continúa el comunicado. Efectivamente, el MEM ha llegado a diversos acuerdos con las comunidades de Michiquillay y La Encañada, que se han mostrado a favor del proyecto.

Sin embargo, en el contrato actual —disponible en ProInversión—, los acuerdos alcanzados con las comunidades no incluyen, efectivamente, un compromiso específico sobre la delimitación de los terrenos circundantes al yacimiento, que implicaría una eventual reubicación o reasentamiento de población.

“No tener una delimitación clara [de la operación minera] es razón suficiente para que se aplace la licitación”, indicó Héctor Collantes, head of equity research de Credicorp Capital.

“Se han firmado compromisos con las comunidades para que parte del pago de transferencia vaya al Fondo Michiquillay, pero no hay nada que nos asegure a las empresas que se nos van a otorgar las tierras”, afirmó dicho ejecutivo. El contrato estipula que el 50% del precio de transferencia, así como el 50% de los pagos correspondientes a las regalías contractuales, serán transferidos al Fondo Social Michiquillay.

“Si ya se les dio todo, ¿cómo vamos a poder negociar nosotros con ellos?”, indicó el ejecutivo minero, quien además aseguró que tanto la empresa que representa como otra empresa nacional decidieron no presentar una oferta para la licitación.

COMPLICADO PERO POSIBLE

De acuerdo con el ranking anual del Instituto Fraser, la incertidumbre sobre la titularidad de los terrenos es el principal factor que disuade a las empresas mineras a invertir en el Perú, junto a la incertidumbre en cuanto a los acuerdos socioeconómicos con las comunidades en la zona de influencia de la operación.

El CEO de la minera que conversó con SEMANAeconómica reveló que, al igual que otra de las mineras interesadas, había comunicado sus observaciones a ProInversión. A la fecha, esta empresa decidió no participar en la licitación debido a dicha observación. No obstante, tanto el ejecutivo como Collantes coincidieron en que estas observaciones son subsanables y no ponen en peligro el proyecto. “El cobre ha mantenido un buen nivel, por lo que el proyecto todavía es atractivo”, agregó Collantes.

Otro motivo que habría hecho menos atractiva la licitación fue que las obras de ingeniería hechas por Anglo American no han sido incluidas en el data room del proyecto [archivo digital donde se incluye información crucial del proyecto], por lo que el operador partiría de cero en dicho aspecto. “A pesar de que el proyecto tiene un nivel de exploración avanzado, se van a requerir muchos trabajos de ingeniería al no estar dicha información en la sala de datos”, afirmó el ejecutivo.

No obstante, ProInversión negó que éste sea el caso, y aseguró en el comunicado que “el Estado ha puesto a disposición de los postores toda la información y documentación recibida de Anglo Americancomo resultado de la resolución del contrato de concesión anterior”.

Así, se tendrá que esperar hasta febrero del próximo año (y al final del debate de vacancia de hoy) para saber si Michiquillay va o no va.