Nuestra infraestructura institucional ante el sismo Lava Jato
Voces y Opiniones. El sector privado tiene que construir una infraestructura institucional que prevenga, mitigue y monitoree riesgos, explica Beatriz Boza, socia de EY.
Nuestros tres últimos presidentes están bajo sospecha de corrupción, junto a importantes autoridades regionales y locales. Hay empresas emblemáticas en el ojo de la tormenta y abogados de destacados estudios investigados como facilitadores de la corrupción. Parece que de ésta nadie se salva. El baile recién empieza. ¿Qué hacer?
¿Resolvemos el problema impidiendo que las principales constructoras peruanas participen de la reconstrucción? ¿Las constructoras brasileñas y sus socios son los causantes de todo? Pensar que el problema lo generaron ‘los otros’ y no nosotros es una salida fácil que hipoteca nuestro futuro, pues no sólo no aborda el tema de fondo sino que lo enquista mucho más. ¿Significa, acaso, que de esa manera desterraremos la coima de la contratación pública o el outsourcing de la corrupción a través de bonos de éxito de los abogados, el lobby bajo la mesa o la impunidad? Claro que no.
Los sismos y desastres naturales ponen a prueba la infraestructura física e institucional de un país. Hoy vivimos un terremoto de gran magnitud, Lava Jato, que los ‘sismólogos’ anticipan tendrá fuertes ‘réplicas’ a partir de junio. Toca preguntarnos: ¿qué infraestructura institucional hemos construido que nos permita prevenir, mitigar y monitorear riesgos, así como tomar acciones eficaces de manera coordinada y contar con voceros legitimados que inspiren confianza para plantear el derrotero a seguir?
En ello hay una ineludible responsabilidad de las autoridades pero también de nosotros en el sector privado, en particular de los gremios, en tanto interfaces para la acción colectiva. Me refiero a los gremios empresariales, sindicales y profesionales, además de la academia y la sociedad civil.
Si en el pasado los gremios se justificaban como bastiones de defensa frente al Estado, nuestra sociedad demanda, cada vez más, que los gremios articulen el propósito de su sector de cara al país y que garanticen estándares mínimos de comportamiento por parte de sus agremiados. La idea del gremio tipo club del pasado, donde “otorongo no come otorongo”, da paso al gremio como sinónimo de los más altos estándares de calidad, integridad y compromiso con el país, que prestigian y legitiman al sector, sea éste sindical, profesional o empresarial.
Un aviso publicado esta semana en los principales medios conjuntamente por Capeco y la CGTP refleja un nuevo paradigma de gestión gremial, tanto sindical como privada.
Capeco y la CGTP se suman también con sus respectivos colegios profesionales, de ingenieros y arquitectos. Los líderes de cada una de esas organizaciones han sabido forjar una silenciosa pero muy interesante alianza para vislumbrar juntos el propósito del sector construcción en el Perú, permitiéndoles trascender del escándalo de Lelio Balarezo (el prófugo expresidente de Capeco acusado de defraudación tributaria) y de Lava Jato. Es en la forja de alianzas de este tipo que se sientan bases sólidas para construir incluso ante desastres o la adversidad. No es una tarea sencilla y menos en nuestro medio, pero allí es donde se cristaliza el liderazgo personal y gremial.
Ese liderazgo es aún incipiente en lo referido a contar con mecanismos creíbles que promuevan y garanticen la integridad en los negocios. Por iniciativas, declaraciones y pactos de integridad no nos quedamos. Hay muchos, en varios sectores y de diversa índole pero usualmente ‘sin dientes’ para hacerlos cumplir de manera que podamos aislar a los culpables y no satanizar a toda la organización. Es precisamente en este campo donde tenemos una tarea ineludible que acometer, y los abogados un gran pasivo con nuestra sociedad.
