PPK: mejor renuncia que vacancia

La Voz de SE. Incluso cuando es discutible que el presidente de la República sea un “incapaz moral permanente”, la gobernabilidad recomienda que renuncie y no que lo vaquen.

La suerte parece estar echada para el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La moción de vacancia fue aprobada por 93 votos, largamente suficientes para que se apruebe en el seno del Congreso el próximo jueves. Pero la inminencia no equivale ni a justificación ni a conveniencia. El país debe preguntarse, entonces, ¿ha incurrido PPK en causal de vacancia? Asimismo: ¿es esa la mejor salida a esta terrible crisis política?

Ninguna de esas interrogantes tiene una respuesta fácil. La causal invocada para vacar a PPK es la de “permanente incapacidad moral”. Aunque en su origen histórico ésta se refería a la imposibilidad psicológica (mental) para gobernar, modernamente se entiende como la falta de idoneidad conductual o reputacional para dirigir el gobierno y el Estado. Así se aplicó en el año 2000 cuando se vacó al expresidente (hoy preso) Alberto Fujimori, y así lo considera la doctrina jurídica nacional. El problema es que el concepto resulta demasiado discrecional –los congresistas juzgan la moralidad del presidente– y abre la puerta a vacancias meramente políticas (no jurídicas) que socavan (más) el modelo presidencialista de nuestra Constitución.

Aunque el sentido común sugiere que quienes tendrán a su cargo calificar al mandatario no gozan precisamente de la autoridad moralpara hacer ese juicio, no se puede pasar por alto que la propia conducta de PPK es la que ha abierto esta caja de Pandora. Que una empresa suya –aunque él no la gestionara directamente— recibiera pagos de Odebrecht cuando él era ministro y tenía poder para decidir sobre las contrataciones de dicha empresa con el Estado peruano constituye en el mejor de los casos un pésimo manejo del conflicto de interés. Que quien administraba su empresa –el chileno Gerardo Sepúlveda– tuviera a su vez otra empresa que prestaba millonarios servicios a Odebrecht relacionados a temas sobre los que PPK tenía decisión política es por lo menos imprudente. Ambas cosas revelan un estándar paupérrimo –acaso decimonónico– de exigencia en el cumplimiento de los deberes fiduciarios hacia los ciudadanos titulares de los bienes públicos que como funcionario público tenía a su cargo.

¿Eso lo hace moralmente incapaz de gobernar el país? Depende de muchas cosas, pero sobre todo de la opinión de esos ciudadanos. Si ellos hubieran sabido al elegirlo presidente que había manejado así las cosas cuando fue ministro y aun así lo hubieran elegido, sería absurdo enmendarles la plana. Pero no lo sabían porque PPK no transparentó esto como candidato, y tampoco como presidente incluso cuando se le preguntó al respecto. De hecho, sostuvo lo contrario (que nunca recibió pago alguno –se entiende que ni directo ni indirecto– de Odebrecht). Su oportunidad de enmendar ese error era sincerarse antes de que la oposición encontrara evidencias, como se lo recomendó esta revista (SE 1598). No es casual, por ello, que el pedido de vacancia se sustente principalmente en ese punto: que PPK mintió al país. Esta revista, por cierto, discrepa de la afirmación contenida en ese documento en el sentido de que “mentirle reiteradamente a …[los] peruanos configura una incapacidad moral indiscutible”. Si ese fuera el estándar, casi ningún presidente –casi ningún legislador, casi ningún político– podría retener su puesto.

Dice el jurista Abraham García Chávarry, en un estudio sobre la figura de la incapacidad moral en la Constitución peruana, que ésta debe ser entendida como la que se deriva “de aquellas conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones [constitucionales del tipo] de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial que hagan que no pueda ser posible (sic) que su titular se mantenga en el cargo”. Aunque por factores en parte contingentes –el propio escándalo Lava Jato, su escasísimo capital político, etc.–, es fácil concluir que PPK no podrá mantenerse en el cargo hasta el final de su mandato. Debido a sus laxos estándares en materia de conflictos de interés y de transparencia con la ciudadanía ha perdido auctoritas –autoridad moral–, y ése era uno de los poquísimos pilares sobre los que se sostenía su debilitado gobierno. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta, la de la conveniencia de la vacancia.

A nadie le conviene la vacancia. Al país –y a su economía– le genera inestabilidad, a la oposición fujimorista la hará ver como todavía más autoritaria y prepotente, y a PPK no lo dejará como un héroe, ni mucho menos, por las razones expuestas en los párrafos precedentes: la ciudadanía no lo verá como una víctima totalmente inocente, sino como alguien que por lo menos contribuyó, aunque sea por omisión, a que lo terminen vacando. Por ello lo recomendable es que el presidente renuncie y le ahorre al país el triste expediente del juicio político. De esa manera la reconstitución de la legitimidad gubernamental empezará más rápido. Pero en cualquier caso –renuncia o vacancia– se debe respetar al milímetro la línea de sucesión constitucionalmente prevista. La idea del llamado anticipado a elecciones generales no debe ser acogida. Una democracia republicana es la que aplica su Constitución pase lo que pase, y por cierto quién reemplaza al presidente anticipadamente saliente y en qué términos, es una de las provisiones constitucionales más importantes. También debe respetarse escrupulosamente el debido proceso.

Finalmente, en un momento crítico como éste, lo esperable es que la clase política toda –no sólo el presidente– se comporte con altura y madurez. La invocación, por tanto, no debe ser sólo para que PPKrenuncie, sino que ha de extenderse al Congreso –y sobre todo a la mayoría fujimorista– para que deponga de una vez su descontrolado e infantil revanchismo obstruccionista. No se le puede pedir al sucesor constitucional de PPK –el vicepresidente Martín Vizcarra– que asuma su responsabilidad histórica si es que le va esperar la misma suerte que a su predecesor en materia de relaciones Ejecutivo-Legislativo. Es la hora de la colaboración, no del oportunismo. Si el fujimorismo cree que este desenlace es un triunfo, está absolutamente miope. Es una tragedia para el país, y si quiere llegar a algún lado, la historia sólo premia a quienes en la tragedia sacan lo mejor de sí, no lo peor.