ProInversión: Las regiones deben crear capacidades para formular proyectos

ENTREVISTA. Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión, detalla cómo los gobiernos subnacionales serán clave para las APP y el nuevo diseño de los contratos de concesión.

El 2017 y 2018 serán probablemente los años más agitados para ProInversión. Al menos así parece augurar la implementación del nuevo reglamento de asociaciones público-privadas (APP), aprobado hace una semana. Una primera conclusión del nuevo reglamento es que los proyectos cofinanciados estarán en manos de las regiones.

El cambio que esto conlleva no es menor: para que el nuevo marco de promoción de la inversión privada funcione, los gobiernos regionales tendrán el reto de crear equipos técnicos permanentes para agilizar los proyectos de inversión, analiza SEMANAeconómica en su última edición (SE 1562).

¿Cómo ha planeado el Ejecutivo implementar el reglamento? En esta entrevista, Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión, detalla algunos de los ejes principales para llevar la norma a la práctica: instalar nuevas oficinas macrorregionales, crear comités de inversión que podrían modificar la organización de funciones de los gobiernos subnacionales, crear un equipo itinerante de apoyo y diseñar contratos con más candados para evitar las problemáticas modificaciones contractuales (‘adendas’).

Ahora los gobiernos regionales formularán y declararán la viabilidad de los proyectos de inversión. ¿Cómo será el acompañamiento de ProInversión?

La norma indica que hay una separación entre lo que hace el concedente y Proinversión. En el caso de los concedentes, que son gobiernos regionales, estarán a cargo de la formulación. Proinversión tiene el mandato de dar asistencia a las regiones para que tengan una mejor capacidad de formulación, y ya lo ha estado haciendo para APP y obras por impuestos a partir de su red descentralizada.

Tenemos una oficina de coordinación regional en Piura —que estamos viendo cómo recuperar tras las inundaciones—, y en Arequipa. Además, tenemos siete puntos de contacto de Conectamef (ver mapa).

El plan del 2017-2018 es crear cuatro oficinas más y pasar a tener una red descentralizada de seis oficinas macrorregionales que asistan a varias regiones a la vez. Las regiones tienen que ir creando capacidades propias para formular proyectos, y lo que Proinversión tiene que hacer es entrenarlas. Vamos a hacerlo inicialmente con la técnica de “entrenar haciendo”, pero tiene que haber una capacidad de las regiones de crear equipos que sean permanentes y superen los cambios de administración gubernamental.

¿Ya han identificado las macrorregiones donde estarán las nuevas oficinas?

Estamos trabajando en eso. Tenemos una identificación preliminar, pero la idea es tomar esa identificación y hablar con los gobiernos regionales para instalar las oficinas considerando el compromiso que necesitamos de su parte, como tener un equipo básico para que pueda ir formándose en diseñar proyectos.

¿Cuándo se crearán?

Las cuatro estarán creadas en el 2018. No tenemos las fechas exactas de sus aperturas, pero se darán entre el 2017 y 2018. No todas van a tener la misma capacidad, pero desde ahí atenderemos la red descentralizada. Por otro lado, también incrementaremos los puntos de Conectamef. Además, vamos a tener también un equipo itinerante, que dará asistencia a las regiones con mayor carga y de mayor urgencia.

¿Qué tipo de asistencia daría el equipo y cómo estará conformado?

Asistirán en la formulación de proyectos y obras por impuestos. También trabajaremos en las capacidades de promoción de inversión de los gobiernos subnacionales. Será el primer equipo en iniciar actividad, pues es más sencillo de crear, al no depender de infraestructura física. El equipo itinerante tendrá unas cinco o seis personas, considerando que tendrán que ver la estructuración financiera, la parte legal, y del manejo de los proyectos.

¿Qué significa que las regiones “creen sus propias capacidades de formulación de proyectos”?

Que tengan equipos con alguna permanencia. Lo que ha venido sucediendo es que ProInversión hace las capacitaciones y los equipos cambian muy rápido. Tiene que haber algún equipo los gobiernos regionales puedan blindar de alguna forma para que transiten de una administración a otra. Las APP son proyectos de largo plazo, que transcienden los gobiernos.

¿Tendría que cambiar la organización de funciones de los gobiernos subnacionales?

Algo que se establece en el reglamento es que todas las entidades subnacionales tienen que crear estos comités porque son los que elaboran el plan multianual de inversiones en agosto de este año. Ahora bien, si se crea un comité pero éste no tiene capacidad administrativa, no se avanza mucho. Los gobiernos subnacionales van a tener que pensar en esa capacidad, de acuerdo a su tamaño y prioridad de proyectos. Sería ideal que hubiera un criterio más técnico que político si quieren crear una unidad más permanente.

El directorio de ProInversión tendrá ahora tres directores independientes. ¿Qué perfiles buscan y para cuándo estaría completo el directorio?

Lo ideal sería tener personas con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, experiencia legal en APP y en promoción de la inversión, que tenga una visión más amplia para guiar todas las modalidades de APP. La idea es que los tres directores independientes sean nombrados en bloque por el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros. Sin duda serán nombrados para el segundo trimestre.

CAMBIOS EN LOS CONTRATOS

El reglamento ahora pone candados a las ofertas temerarias. ¿Cómo se dará ello?

Ese criterio se incluirá en las bases. El jefe de proyecto y quien lo estructura, tiene que identificarse si hay algún riesgo de que se presenten ofertas temerarias. ¿Cómo se hace en otros países? Por ejemplo, en Colombia se eliminan las ofertas más bajas y más altas; otros países se eliminan las ofertas dependiendo de la distancia entre ellas. Esos mecanismos se van a definir por proyecto, no de manera general.

Sobre la expropiación de terrenos, ¿se va a trabajar con un porcentaje de expropiaciones definido en las bases de los proyectos antes de licitarlo?

No está específico en porcentaje, pero sí se indica que el informe de evaluación –un informe central para el diseño de cada APP– tiene que incluir un porcentaje sustancial de terrenos liberados. ¿Qué es sustancial? El criterio principal tiene que ser determinar cuánto se necesita de terrenos liberados para asegurar que las obras no se detengan por problemas de acceso a terrenos. En algunos casos puede ser 30% y en otros, un poco más o menos. Lo importante es que haya esa evaluación hecha de manera previa para indicar el porcentaje.

La cartera de proyectos para el 2017-2018 es de más de US$4,000 millones. Por los desastres de El Niño, sería razonable aplazar su adjudicación. ¿Están contemplando hacerlo?

Estamos haciendo todo lo posible porque no se aplace más allá de lo necesario para adecuar nuestros procesos a las normas que han salido. Por ejemplo, las limitaciones a la Ley de Contrataciones del Estado para evitar que empresas vinculadas a corrupción participen, el Decreto de Urgencia 003. Esos son los únicos ajustes que hemos considerado en los procesos, y eso no genera ningún cambio respecto de lo que anuncié anteriormente: tener tres adjudicaciones en el primer semestre y otros tres en el segundo.