“Renegociación de contratos de Camisea debe ser liderada por el Gobierno”
En virtud de lo anunciado en la campaña por Peruanos Por el Kambio sobre renegociar el contrato de exportación del gas de Camisea, el experto considera central que sea el propio gobierno quien negocie con México. La discusión pasaría por las, hoy, bajas regalías así como la discusión por el precio que se paga por el gas natural peruano.
¿Cuáles son los ejes centrales de la renegociación de los contratos de exportación del gas de Camisea?
De acuerdo a la legislación vigente y al contrato firmado de exportación, la modalidad de cobro de las regalías establece rangos de precios a partir de los cuales se cobra la regalía. Eso determina que las regalías se calculen a partir de precios de 50 centavos de dólar por millón de BTU. Como la regalía es de 37%, recibimos 18 centavos de dólar aproximadamente por millón de BTU. Sin embargo, en el mercado interno el gas se vende entre US$ 2,50 y US$3,50 por millón de BTU y a partir de allí se calcula la regalía, mucho más que cuando se exporta. Esto ha sido denunciado muchas veces y debe cambiarse porque está mal negociado.
¿Y el segundo tema?
¿Cuál es su opinión sobre ese planteamiento?
No estamos de acuerdo. Lo que debe primar es el planteamiento fijado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, en su fallo de mayo del 2015. El CIADI, ante la denuncia que se hizo por parte de Perupetro de que en el 2011 se había estado re-exportando el gas que iba a México a destinos en los cuales se pagaba un precio superior (sin que el Perú sepa), estableció que el precio final que vale para la venta del gas es no solamente el mercado de destino de ese gas sino también el lugar donde ese gas se consume finalmente.
¿Ese tema sería central para preservar los intereses del país?
Nuestro gas no se puede vender al precio que diga una canasta, sino al precio al cual ese gas es vendido en el mercado de destino y consumo final. Eso es lo que estableció el CIADI y no hay por qué no cumplirlo en adelante. Tenemos ahora un grave problema con Shell porque, además de su contrato de exportación a México a precio Henry Hub, negociado en el 2007, en el 2014 le vendió a Trafigura 7 embarques de gas natural, que también tenía a México como destino. Pero el precio no era el Henry Hub, sino un precio internacional de US$ 17 por millón de BTU. Pero Shell no le dijo eso al Estado peruano, pues “consideró” que, como vendía a México, podía declarar el precio barato de US$ 3,50 por millón de BTU. Increíble. Eso ameritó un pronunciamiento del MEM y Perupetro y se estableció un diferencial a pagar al Estado peruano. Solamente después de investigaciones y denuncias hechas por el congresista Manuel Dammert es que se descubre que ese gas en realidad no estaba yendo como parte del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México sino como parte del contrato con Trafigura que tenía en ese momento una licitación ganada con el Estado mexicano. Esto además configura todo un problema que le concierne al anterior gobierno porque hay diferentes informaciones de prensa donde se dice que el diferencial de regalía que ha pagado Shell por ese gas vendido a Trafigura (y no a la CFE) ha sido de US$ 13,7 millones.
¿Se conoce el sustento de esa cifra?
No conocemos de ningún informe que lo especifique. No sabemos quién lo firmó ni cómo se ha establecido y esto debe ser materia de investigación por este Congreso o por el Ejecutivo.
Regalías y precios, ¿son los únicos temas dentro de la renegociación?
No. El otro tema es quién negocia. Los dos primeros temas antes mencionados son temas de negociación. Ahora bien, de acuerdo a la legislación vigente y a los contratos firmados quien debe negociar esto es la empresa que comercializa, que es Shell, empresa que está en falta con el Perú por no haber declarado la venta a México a precio alto a través de Trafigura. No estamos de acuerdo en que Shell negocie, algo que parece que sí aprueba el actual gobierno.
¿Qué plantea ?
El Estado peruano debe intervenir en esta negociación de gobierno a gobierno para establecer claramente que el gas peruano de ninguna manera se puede vender a un precio inferior a aquel que se vende al mercado interno. Y en segundo lugar, hay que establecer con el gobierno de México un calendario para disminuir drásticamente la cantidad de exportaciones a ese país. Es importante recalcar un hecho reciente: la CFE ya contrató la licitación de un ducto para obtener gas barato (shale gas) de EEUU, lo que debe materializarse en 18 meses. O sea que la renegociación está a la orden del día, también por ese tema, ya que el gas peruano se va a reemplazar por el gas de EEUU. Quien debe llevar a cabo esa negociación es el presidente Kuczynski o su ministro de Energía y Minas, directamente con el presidente Peña Nieto o con la Comisión Federal de Electricidad de México.
¿Cómo renegociar a nivel de gobierno si se dice que el Estado no puede intervenir en contratos de privados?
Desde la Ley 26221 (Ley de Hidrocarburos) de 1993, hay una falla de origen que es que en el Perú hay dos tipos de contratos: de licencia y de servicios. De servicios casi no hay ninguno, la mayoría son de licencia. El contrato de licencia establece que el propietario de la molécula es el licenciatario, previo pago de una regalía. Entonces los hidrocarburos son del Perú in situ, bajo tierra, pero cuando salen en el contrato de licencia ya son del licenciatario. Eso es un gravísimo error y debe modificarse.
¿Bajo qué términos se puede modificar eso sin perjuicio de los contratos suscritos?
Planteamos que estos contratos pasen a ser contratos de servicios. En ese sentido, todos los actuales propietarios de los diferentes lotes se quedan explotando los mismo lotes y el precio es el mismo que se puede haber pactado en los contratos anteriores que son precios debidamente negociados. Pero el Perú debe decidir sobre el destino de la molécula, sobre nuestra matriz energética, sobre si queremos que el gas del Lote 58, del Lote 88 vaya a Arequipa, Moquegua, Cusco, vaya para la petroquímica, para el gas natural vehicular y el consumo industrial de esas ciudades.
El Perú hoy no es autónomo en este tipo de decisiones.
Esa decisión debe ser del Perú, no de las empresas privadas. No hablamos de un cambio en los precios, estamos hablando de decidir sobre el destino de la molécula y esto vale también para el plan de masificación de gas. Planteamos que en el Perú haya un plan energético de mediano y largo plazo, que sea vinculante para todos los actores del sector. Ese Plan, que existe en todos los países del mundo, aquí no existe porque va contra la Ley 26221. Eso debe terminar.
