Se paraliza proyecto Hidrovía Amazónica
Procedimiento. Consorcio señala que no podrá cumplir con presentar estudios ecotoxicológicos, los cuales eran un requisito obligatorio.
La Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informó que el consorcio Cohidro desistió formalmente de seguir con la evaluación ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica mediante una carta dirigida a Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
Estos estaban a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con lo que desde el contrato dicha institución asumió un compromiso que debió ser responsabilidad del concesionario.
De acuerdo a lo expresado en la carta, el MTC convocó el concurso para elaborar dichos estudios recién el 27 de noviembre último, por lo que no se podría contar con este requisito listo para el 8 de enero próximo, fecha límite que el consorcio tenía para resolver las observaciones que tenía el EIA del proyecto a su cargo.
Al respecto, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR, señaló que «los estudios ecotoxicológicos permitirían identificar cómo responder al hecho de que durante la elaboración del EIA del proyecto se encontraron sustancias potencialmente tóxicas y agentes cancerígenos como el arsénico en niveles por encima de lo seguro para el ecosistema, en más del 50% de muestras de sedimentos recogidas para la línea de base del EIA”.
«Estos sedimentos hubieran sido removidos del fondo durante el dragado de los ríos, entrando nuevamente en contacto con el agua. Los estudios ecotoxicológicos eran claves para indicar el curso de acción a seguir para evitar daños a la salud de los pueblos indígenas que usan el agua de los ríos, así como a los ecosistemas amazónicos”, agregó.
Organizaciones indígenas como Aidesep, Orpio, Corpi y Orau, así como diversas organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación Civil DAR y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), venían alertando sobre esta situación, así como sobre diversos vacíos técnicos del EIA y la falta de cumplimiento de acuerdos de la consulta previa realizada el 2015.