“Va a ser complicado manejar el Consejo Nacional de Competitividad”

ENTREVISTA César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo de la CCL.

El economista también discrepó de que el Plan Nacional de Competitividad se haya postergado por cinco o seis meses más. Considera que es un momento propicio para una reforma tributaria.

Una crítica común a la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) es que se trata de buenas intenciones y generalidades. ¿Cómo aterrizar esta política? Lo positivo de la presentación de la PNCP es que, al menos, en teoría, se está priorizando este tema. Faltó decir que se trata de una política de Estado, con lo cual se garantizaría su continuidad. Lo más preocupante es que se ha postergado a cinco o seis meses más el Plan Nacional de Competitividad. Hay un Consejo Nacional de Competitividad, que ya ha sido creado (lo preside el ministro de Economía y que también integra la CCL), pero aún no ha sido convocado; además es un consejo que va a ser complicado manejarlo.

¿Por qué? Porque está integrado por muchas instituciones y personas: muchos ministros, el grueso de los gremios empresariales y los de trabajadores, representantes de gobernadores y alcaldes, entre otros. El consejo es un grupo amplio y heterogéneo y la pregunta es cómo se le va a meter diente al tema de la PNCP y, lo más importante, cómo la vamos a aterrizar.

¿Y cuál sería su propuesta para aterrizar la PNCP? Aumentar la productividad es clave, pero el tema hay que mirarlo frente a la realidad nacional. Hay que mirar dos temas gruesos: la productividad empresarial y la productividad laboral, y además están el tema de la infraestructura, que está muy ligado a la inversión, y el del ambiente de negocios.

¿Cuáles serían las medidas para mejorar la productividad empresarial? La productividad empresarial (promedio) es baja porque hay amplios sectores, como las micro y pequeñas empresas (mypes, que son el 99% del total) que tienen una productividad bajísima y son informales (88%), mientras que en otros sectores, como el minero, es bastante alta. Además, la legislación laboral y tributaria actual no fomenta el crecimiento de las micro y pequeñas empresas y, por el contrario, sí fomenta la división de medianas empresas para aprovecharse de los beneficios que otorga.

¿Qué medidas se requieren? Tenemos que cambiar totalmente el criterio de cómo estamos legislando, lo que implica hacer reformas para profundizar lo que ya se hizo (a inicios de los 90). Por ejemplo, necesariamente hay que mirar de manera integral la política tributaria.

¿Qué aspectos centrales debería contener esta política? Hay que tomar medidas que impulsen a las pequeñas y micro empresas a invertir, innovar, a que busquen crecer y elevar su productividad.

¿Podría poner un ejemplo de esas medidas tributarias? Está toda la legislación tributaria orientada a las pequeñas y micro empresas que debe revisarse porque no está funcionando.

¿Se refiere a revisar los regímenes especiales RUS, RER y el Mype Tributario? Sí, porque cuanto más discrecional es la política tributaria, no funciona, y es más complejo administrarla y más fácil evadirla. Hay que buscar acercarse a una política tributaria única.

¿Este tipo de medidas es factible que la realice este Gobierno en el tiempo que le resta? Sé que es difícil, pero la coyuntura es propicia para hacerlo.

Pero hay quienes dicen que el presidente Vizcarra estaría priorizando su popularidad. De ser así, eso no ayudaría a las reformas que se requieren… Si se le explican bien al presidente Vizcarra y al propio Congreso las reformas que se requiere hacer y que estas van a favorecer a los micro y pequeños empresarios, entenderían que con ellas ganarían el espaldarazo de este sector y de manera más real.

¿Y qué medidas se necesita para aumentar la productividad laboral? Se necesita una reforma laboral, sin duda, pero también una reforma educativa. Pero, más que eso, una política de capital humano, lo que implica una política de salud y educación modernas y alineadas.

En educación, ¿qué hacer? La reforma educativa ya comenzó, pero necesita un ajuste, hay que revisarla en lo que se refiere al currículo; estamos en la cuarta revolución industrial y se sabe que en 20 años la mitad de trabajos de hoy ya no va a existir.Aparte, se requiere revalorizar la educación técnica, que no se está haciendo.

En la propuesta de reforma laboral se han visto marchas y contramarchas de este Gobierno en cuanto a la flexibilización de este mercado. ¿Qué propuesta concreta haría usted? Nuevamente, acá es crucial cómo se presenta la propuesta, para que llegue un mensaje claro (y no distorsionado) a quienes debe llegar, que son aquellos que trabajan en ese 84% de microempresas informales y que no están representados en sindicatos ni en el CNT.

Entonces, hay que transmitir las políticas laborales que se quieren hacer a interlocutores válidos de los trabajadores informales. ¿Quiénes son estos? No sé, pero hay que identificarlos y llegar a ellos. Eso es lo primero, y explicarles que la política laboral actual va en perjuicio de todos ellos, por lo que debe cambiarse.

El problema es que la reforma misma no está clara. Al menos, si se mira la propuesta del Ejecutivo, ¿cuál es la reforma laboral central que debe hacerse? La reforma laboral central es compleja porque, primero, pasa por revisar la resolución que emitió el Tribunal Constitucional (TC) que reinstaló la estabilidad laboral.

¿Y qué medida se requiere ahí? No sé, no soy experto en el tema, habría que analizar. Asumo que habría que acercarse al TC para explicarle bien el tema, su impacto, y el enorme universo de quiénes serán los beneficiados con la corrección que debe hacerse. Y eso mismo habría que explicárselo al Congreso. Luego está ver la forma de generalizar el régimen laboral que tiene el sector agrario y que ya ha dado buenos resultados.

¿Y qué medidas impulsaría en el campo de la infraestructura? La brecha de infraestructura es enorme y la inversión que se requiere (unos US$ 160,000 millones) también. Y eso no lo puede hacer el sector público solo, debe convocar al sector privado. Lamentablemente, en el tema de la corrupción se ha terminado culpando al esquema de asociaciones público-privadas (APP), cuando ha sido exitoso acá y en otros países y lo que se requiere es potenciarlo.

Pero ya se hicieron varias reformas a este esquema y no se ven avances sustanciales… Diría que ya no es un tema de legislar más sobre este tema, sino de persistir en él, así como en obras por impuestos (OxI). En el caso de las APP, los ministerios tienen que darles prioridad a los proyectos que quieren sacar, aumentar la cartera de estos, porque ProInversión no es el que prioriza las obras. Paralelamente, se necesita mejorar el ambiente de negocios para todas las inversiones; agilizar los trámites.