Gobierno reduce espacio fiscal con medidas para frenar el alza de los precios de combustibles

La medidas anunciadas por el gobierno costarán cerca de S/4,000 millones, monto que podría aumentar en caso se prorroguen en lo que resta del año.

Las medidas para frenar el alza de los precios de los combustibles reducirán el espacio fiscal del gobierno, en un contexto de mayores presiones de gasto. Las medidas costarán cerca de S/4,000 millones en el 2022, según cálculos de Videnza Consultores (ver gráfico).

Durante la última semana el gobierno decidió no prorrogar más allá del 30 de junio la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel y a las gasolinas de 84 y 90 octanos. No obstante, amplió hasta el 30 de setiembre la inclusión del diésel, combustibles de bajo octanaje y del GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC). Asimismo, se aumentó la compensación para el diésel, de S/2.5 a S/4.99 por galón.

El Ejecutivo también ha planteado incrementar de 53% a 70% la devolución del ISC a los transportistas entre 2023 y 2025. En la misma línea, se ha dispuesto la devolución de 40% de los gastos por peajes a empresas de transportes con hasta 50 buses, así como mayores recursos para el programa de conversión de vehículos de GLP a gas natural vehicular (GNV).

El FEPC ha implicado un gasto de S/1,800 millones en lo que va del año, que se elevaría a S/3,000 millones si se extiende por dos meses, como plantea el gobierno, calculó Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza Consultores. 

Sin embargo, este mecanismo podría ampliarse más allá de setiembre, elevando su costo fiscal. “En tanto el combustible esté arriba de US$100 [por barril] va a ser bien difícil que se pueda retirar el FEPC”, advirtió Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat. Actualmente el precio del petróleo se ubica en US$110 por barril. Arias añadió que solo se debería usar el FEPC como mecanismo para moderar el alza de precios, pues el fondo sí permite estabilizar el traspaso de alzas de precios internacionales a precios domésticos. “Usar dos o tres instrumentos para el mismo objetivo como se está haciendo no me parece lo más adecuado”, comentó. 

Por otro lado, el incremento de la devolución del ISC al combustible implicaría una pérdida de S/600 millones en ingresos fiscales, mientras que la devolución parcial de peajes —en principio por cuatro meses— y el incremento al presupuesto para el programa de conversión a GNV costarán S/200 millones cada uno, añadió Castilla.

Si bien el incremento extraordinario de la recaudación producto de los altos precios de metales podría absorber estas mayores presiones de gasto este año, el MEF se estaría quedando con un menor margen de maniobra fiscal, comenta el exministro. A las medidas mencionadas, se suman bonos alimentarios o la compra de fertilizantes. Además, de cara al 2023, la caída en la cotización del cobre reducirá los ingresos y ampliará el déficit. “Los ingresos extraordinarios se pueden dilapidar en este tipo de medidas y esto sí va a restringir el espacio [fiscal]” comentó Castilla. Las medidas más peligrosas para el fisco en el corto y mediano plazo son la ley que faculta el pago de bonificación a docentes públicos por la preparación de clases —cuyo costo asciende a S/42,000 millones —, así como la devolución del Fonavi. “Es una contingencia real. Entre las dos medidas son más o menos ocho puntos del PBI”, advirtió Castilla.

Fuente : Semana Economica