Elmer Cuba: “El 10% del presupuesto público se va en exoneraciones”
Elmer Cuba, socio de Macroconsult, se mostró a favor de nivelar progresivamente el Impuesto a la Renta del régimen agrario, de 15% a 30%. También señaló que las universidades privadas no deberían estar exoneradas de IGV.
El Ejecutivo, junto al Congreso de la República, se prepara para revisar las más de 180 exoneraciones tributarias que están vigentes en el Perú y que este año ascenderán aproximadamente a S/.11,661 millones. A juicio del economista y socio de Macroconsult, Elmer Cuba, en el Perú “hay mucho pan que rebanar” en lo que respecta a qué beneficios tributarios deberían mantenerse y cuáles no están cumpliendo los objetivos para los que fueron creados.
“El 10% del presupuesto público se va en exoneraciones. No es algo menor, es algo importante. Con esto podríamos aumentar los salarios, aumentar la inversión pública sin déficit fiscal“, señaló el también miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), tras indicar que los más de S/.11,000 que se van en beneficios tributarios responden principalmente al Impuesto General a las Ventas (IGV). “El IGV es la gran exoneración tributaria del país, seguido de renta a personas naturales y jurídicas”, agregó.
El economista criticó que sólo se analice los beneficios tributarioscuando están a punto de expirar, como lo que sucede en el caso del régimen especial agrario, que vencerá el 2021 si no se aprueba la ampliación de diez años que aprobó la Comisión Agraria del Congreso. Coincidió con él Roberto Urrunaga, economista docente de la Universidad del Pacífico, quien sostuvo que los incentivos deben revisarse periódicamente. Cuba instó a que se evalúe la efectividad de los gastos tributarios, pese a que identificó que existe mucha opacidad en los datos.
“Los investigadores deben enfocarse a responder las siguientes preguntas: ¿El gasto tributario cumple con los objetivos propuestos en la ley que lo crea? ¿los beneficios generados son mayores que la recaudación perdida? ¿Se puede diseñar algún programa de gasto presupuestario que genere los mismos (o mayores) impactos?”, señaló en la presentación del informe que elaboró junto a Eduardo Jiménez y que contó con el apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), “Gastos tributarios: balance y agenda“, a pedido del colectivo Ciudadanos al Día.
MARGEN PARA ELIMINAR
De acuerdo a datos de la Sunat, los principales beneficios tributariosestán en los sectores de intermediación financiera, educación y agropecuario, que este año le costarán al Estado cerca de S/.2,054 millones, S/.1,925 millones y S/.1,236 millones, respectivamente. En los dos primeros casos, el gasto tributario responde principalmente al IGV, mientras en el caso del sector agropecuario se explica por el Impuesto a la Renta (IR) a personas jurídicas (empresas), dado que en el régimen especial agrario la tasa por IR asciende a 15%, frente al 30% del régimen general.
A juicio del economista, se debería nivelar progresivamente el IR al que se acogen las empresas del régimen especial agrario. “Si gano lo mismo que otro sector, debo pagar el 30% de lo que gano. Hoy si gano US$30 millones en el agro, pago menos que lo que pagan los que ganan US$30 millones vendiendo galletas”, explicó en conversación con SEMANAeconómica. Frente a la iniciativa del gobierno de expandir el régimen agrario especial por 21 años adicionales, indicó que es “un poco grosero”. Agregó que este régimen no debería replicarse en otros sectores, en referencia a la voluntad del gobierno de expandirlo al acuícola y forestal.
Además se debería dejar de exonerar del IGV a la educación privada, principalmente por concepto de pensiones, y en su lugar evaluar si es viable que lo que se pierde por beneficios tributarios sean usados para invertir de forma directa en la educación, por ejemplo en actividad de investigación o en el gasto per cápita por alumno. “En el Perú la educación privada no paga IGV, sea universitaria, sea escolar, sea un instinto, sea una clase de karate. Entonces la pregunta es ¿todas las familias peruanas deberían estar exoneradas? En realidad una buena parte de la gente sí podría pagar el IGV”, anotó Cuba, no sin antes señalar que debería ser el Minedu el que analice qué familias deberían pagar este impuesto.
De otro lado, sugirió que se examine el beneficio del drawback (restitución arancelaria para exportadores), que a su juicio ya no tiene sentido porque los aranceles promedios del Perú están muy cerca a cero. También se debería revisar la inafectación de IR a las Compensaciones por Tiempo de Servicio (CTS), que genera un impacto de S/. 1,190 millones; y la exoneración del IGV a la Amazonía. Sobre éste último, sugirió que se considere si se han alcanzado los objetivos de desarrollo si se pueden desarrollar programas de gasto para compensar a las beneficiadas, en caso se eliminara las exoneraciones.
Sobre la exoneración del IGV a la intermediación financiera, el estudio señala que se ha generalizado en todo el mundo la inafectación del sistema financiero debido a las recomendaciones del FMI. “La idea del Fondo es que los impuestos dificultan la intermediación financiera. Sin embargo, en nuestro país no se ha evaluado si realmente la inafectación a este sector ha cumplido con ese objetivo”, dijo. Así, expresó que sería importante evaluar el impacto que ha tenido el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) sobre la intermediación.
En el estudio también se identifica la inafectación de IGV a los juegos de azar y apuestas tales como las loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos, que genera un impacto de S/.438 millones. “Toda estrategia de racionalizar y eliminar gastos tributarios deberá considerar la existencia de grupos de poder que se resistirán al cambio. Por ello, se deben hacer al inicio de un gobierno o cuando la coalición en el Congreso lo permite”, manifestó Cuba. Este sector fue mencionado por el exministro David Tuesta como uno a los que se les podría aplicar un alza de ISC.
De otro lado, Urrunaga afirmó que los beneficios tributariosgeneran “incentivos perversos a la elusión tributaria“. “¿Cuántas exoneraciones nacen de lobbys? Basta que haya una exoneración a favor de algo para que surja la pregunta ¿por qué no a los demás? Con el régimen agrario se habla del régimen forestal y acuícola, pero ¿dónde está la demostración de que estos beneficios superan a los que generan destinar recursos directamente’”, se preguntó.