Puerto de Marcona: la disputa que derivó en la suspensión del contrato de concesión del tercer puerto más grande del país
El conflicto por la titularidad de los terrenos sobre los que debe construirse el terminal portuario de San Juan de Marcona mantiene suspendida, desde hace más de tres meses, la concesión del que será el tercer puerto más grande del país. El impasse ya retrasa inversiones y podría derivar en la caducidad del contrato, con riesgos legales y económicos para el Estado.
Por Edward Abarca
Foto : Difusion
Una disputa por los derechos sobre los terrenos donde se construirá el futuro terminal portuario de San Juan de Marcona mantiene suspendido, desde hace más de tres meses, el contrato de concesión del que será el tercer puerto más grande del país y una de las vías de salida más importantes para la exportación de minerales peruanos. El conflicto ha generado una controversia legal entre ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidades que sostienen que los predios en disputa son de titularidad del Estado, y Shougang Hierro Perú, empresa que afirma que dichos terrenos se superponen con áreas sobre las que esta posee derechos superficiales derivados de su concesión minera en Marcona. Como consecuencia de ello, el concesionario aún no recibe los predios necesarios para elaborar y obtener la aprobación de su expediente técnico. Y de prolongarse la demora, que ya ha retrasado el cronograma de inversiones, podría activar una causal de caducidad prevista en el contrato, además de exponer al Estado.
Historia de una controversia
El pasado 31 de marzo, ProInversión y la Autoridad Portuaria Nacional suscribieron el contrato de concesión del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona con la Sociedad Concesionaria San Juan Port S.A., vinculada a la china Jinzhao Mining. De acuerdo con el contrato, el inicio del plazo de la concesión requiere la entrega de los terrenos para que el concesionario tome posesión de ellos y pueda iniciar la elaboración de su expediente técnico. Sin embargo, el 16 de abril, durante el acto de entrega, personal de Shougang bloqueó el acceso al área de la concesión, impidiendo que ProInversión y el MTC concreten el traspaso.
Dicho impasse tuvo una consecuencia inmediata: la suspensión del contrato de concesión. El mismo 16 de abril, la sociedad concesionaria solicitó formalmente la referida suspensión, pedido que fue aceptado por ProInversión, en su calidad de concedente. “Se ha emitido la Resolución de la Dirección Especial de Proyectos que determina dicha suspensión, la cual fue comunicada al concesionario, en mérito a su solicitud, y a Ositran”, confirmó la agencia a SEMANAeconómica mediante una comunicación oficial.
El origen de la disputa radica en la naturaleza de los derechos que las partes en conflicto invocan sobre una misma área. De un lado, ProInversión alega que los terrenos sobre los que se desarrollará el terminal portuario son de titularidad del Estado desde 1948, antes del otorgamiento de las concesiones mineras en Marcona. Dichos predios fueron transferidos por el Ministerio de Defensa al MTC mediante un decreto supremo y, hoy, están inscritos en los Registros Públicos a nombre de esta última institución.
Años más tarde, en 1953, iniciaron las operaciones de Marcona Mining Company, empresa nacionalizada en 1975 bajo la denominación de Hierro Perú S.A. En 1992, Shougang adquirió la compañía durante su proceso de privatización, asumiendo los activos y pasivos; entre ellos, las concesiones mineras de Marcona. Es precisamente sobre dos de esas concesiones donde hoy se origina la controversia, ya que estas se solapan con parte del área destinada al puerto. “Se superponen en 44 hectáreas de las 78 hectáreas”, reveló ProInversión a esta revista.
Aunque Shougang sostiene que la aplicación del decreto supremo invocado por el Estado “atenta contra la concesión entregada” a esta mediante contrato ley, ProInversión asegura que inicialmente la minera formó parte del consorcio que presentó la iniciativa privada para desarrollar el nuevo terminal portuario. “Dentro de la documentación presentada, se identificó un documento denominado ‘Constancia de consentimiento’, mediante el cual Shougang manifestaba su voluntad de que se desarrolle el proyecto portuario dentro del área designada, pese a que esta se superponía con sus concesiones mineras”, señala la agencia.
Al ser consultada sobre este aparente cambio de postura, Shougang no emitió comentarios hasta el cierre de esta edición, a pesar de las reiteradas solicitudes de esta revista.
Sin buen puerto
Tras la fallida entrega de los terrenos, ProInversión y el MTC instalaron una mesa de diálogo con Shougang y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para intentar destrabar la controversia, sin éxito hasta la fecha. En ese marco, el MTC solicitó al Minem un pronunciamiento sobre el alcance de la concesión minera de Marcona. “En la mesa [de trabajo], el Minem ha sido muy claro y enfático en señalar que los derechos derivados de una concesión minera no prevalecen sobre derechos preexistentes, como los vinculados a los puertos”, sostiene la directora general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, Gabriela Lara. Dicha dirección solicitó al Minem un informe técnico para sustentar formalmente esa posición. Consultado sobre la emisión de dicho informe, el Minem declinó participar de este artículo, aludiendo que “el tema está actualmente en controversia”.
Ahora, el próximo cambio de gobierno y la inminente rotación de funcionarios en las entidades públicas que participan en la mesa de diálogo amenazan con prolongar aún más la suspensión de la concesión. Lo que eleva el riesgo de que se configure una causal de caducidad y pedidos de indemnización al Estado peruano; riesgo que, según ProInversión, por ahora es bajo. “En los contratos de concesión normalmente existen cláusulas de caducidad por incumplimiento que pueden activarse si, por ejemplo, la suspensión se mantiene durante un periodo prolongado. Esto evita que el concesionario permanezca indefinidamente con un contrato suspendido”, explica el socio de Damma Legal Advisors, Juan José Cárdenas. Si bien el contrato no establece un plazo máximo de suspensión, sí contempla la caducidad por el incumplimiento injustificado en la entrega del área de la concesión dentro del plazo contractual.
Pese a las infructuosas conversaciones, ProInversión considera que, si la suspensión se levanta durante julio, la construcción del Terminal Portuario de Marcona podría empezar en el 1T27. “El concesionario ya registra un importante avance en la elaboración de sus estudios”, argumenta la agencia que, sin embargo, evitó fijar un plazo límite para alcanzar un acuerdo con Shougang. De mantenerse la negativa de la empresa a permitir el ingreso a los terrenos, ProInversión asegura que hará “uso de todas las medidas legales que el marco normativo permita”. “El Estado peruano está dispuesto a hacer prevalecer sus derechos bajo ese escenario”, advierte la agencia.
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