¿Apostando la economía peruana?
Olvidando las viejas y sanas reglas que el fujimorismo puso en la ley, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular se ha convertido en cómplice del gobierno en una aventura
La ministra de Economía, Claudia Cooper, le echó la culpa al Congreso. Advirtió que se está perdiendo la “solidez fiscal”. Se refería a la austeridad de las políticas fiscales que ha caracterizado al Perú en el mundo desde el gobierno de Alberto Fujimori, más de veinte años atrás.
El peligro acecha nuevamente. Se debe, según la ministra de Economía, a que el Congreso, donde Fuerza Popular tiene mayoría absoluta -y por lo tanto la responsabilidad total y final de lo que ocurra-, insiste en lo que la titular del MEF llamó “medidas inadecuadas”.
¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la homologación de pensiones militares y policiales que, por justa que sea, es impagable hoy. Pero también los pedidos individuales de los parlamentarios de Fuerza Popular al gobierno, de incrementos y ampliaciones adicionales al Presupuesto 2018 que podrían llegar, al parecer, a la friolera de dos mil millones de soles. Esto, mientras con la otra mano se abre forados, además, a la recaudación tributaria proponiendo nuevas y creativas exoneraciones tributarias. Y hay más iniciativas. He allí la aprobación en la comisión de Trabajo –con votos de FP- de la negociación colectiva para los empleados estatales, que debe pasar al Pleno.
Uno está obligado a preguntarse qué queda en Fuerza Popular de las políticas fiscales del fujimorismo. La respuesta, al parecer, es poco o nada.
También el gobierno es cómplice, sin embargo. El Ministerio de Economía de este gobierno ha caído en varios momentos en las tentaciones de la cigarra cantante en lugar de la afanosa austeridad de la hormiga. “En el Congreso hemos tenido discrepancias fuertes, pero en lo fundamental estamos de acuerdo”, agrega la ministra Cooper, no obstante su advertencia anterior.
El resultado era de esperarse. El presupuesto 2018 se cierra de cualquier manera luego de tres días de malabares en que cada uno jala para su lado una sábana que no alcanza. Cerrado el plazo, sin embargo, aparecen los caballazos. La ministra confiesa privadamente que la homologación de pensiones para los militares y policías ha quedado fuera.
El caso de las pensiones militares y policiales es emblemático. El aumento fue dispuesto en diciembre del 2012 durante el gobierno de Humala. El gobierno observó la ley. La semana pasada el Congreso insistió en la ley, y terminó promulgándola. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? Dejarla fuera del Presupuesto 2018. ¿Qué otra cosa cabe?
El presidente del Banco Central de Reserva abrió la CADE en esta oportunidad lanzando una diplomática bengala de alarma: “hay cierta despreocupación –dijo- con respecto a las consecuencias que puedan tener acciones que, individualmente, no pesan tanto, pero juntas pueden ser una mochila pesada para la estabilidad macroeconómica futura”.
De la manera más disimulada posible, esta era una crítica directa del BCR al Congreso por las disimuladas iniciativas de gasto antes señaladas que no son solo imprudentes, sino además inconstitucionales.
Pero la crítica era también al Ministerio de Economía, por su debilidad para pararse frente al Congreso y decir no.
“Da la impresión de que el MEF ha perdido peso desde hace algunos años”, dijo Velarde. “Antes, una opinión del MEF pesaba más en el Congreso”, añadió. “El MEF no ha perdido peso”, protestó la ministra Cooper en respuesta al BCR. Pero admitió que el efecto de las “medidas inadecuadas” del Congreso nos pasarán la factura en tres o cuatro años.
La observación de Velarde no refleja sino lo que es pan de todos los días. La mayoría absoluta de Fuerza Popular en el Congreso se da el lujo de no tomar en cuenta las opiniones del MEF. La ministra Cooper no tiene más poder que el gobierno como tal y éste en el Congreso no tiene ningún poder.
O sea, el gran bonetón: el BCR culpa al MEF, el MEF al Congreso, el Congreso a la mayoría parlamentaria. Fuerza Popular tiene 71 cabezas, ninguna da la cara.
¿En qué están de acuerdo, entonces, el gobierno y la mayoría parlamentaria? En correr el riesgo de elevar el techo del déficit fiscal. Según la ley de Fujimori vigente hasta hace poco, el déficit fiscal no debe sobrepasar el uno por ciento del PBI. En complicidad con el gobierno, sin embargo, Fuerza Popular ha incurrido en elevar ese tope para permitirse un déficit fiscal de 3 por ciento del PBI.
El déficit fiscal se halla hoy en 2.9 por ciento del PBI. Considerando la inversión en la reconstrucción que está a todo galope, el déficit fiscal probablemente terminará el año en 3.2 por ciento del PBI. Y el tándem gobierno–oposición ya autorizó un déficit fiscal de apertura de 3.5 por ciento del PBI para el 2018. Como se comprenderá, la promesa de reducirlo a uno por ciento para el año 2021 es ya algo virtualmente irrealizable.
En cuanto al ingreso, no ha habido reforma tributaria. Por lo tanto la recaudación no mejorará. Así las cosas, queda endeudarse para financiar el déficit fiscal. Pero la deuda del Perú ya está en más de 27 por ciento del PBI y no puede sobrepasar el 30 sin consecuencias para el riesgo país y el grado de inversión.
Para que la deuda no aumente, entonces, gobierno y oposición echarán mano de los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que debería servir solo para hacer frente a un desastre natural u otro tipo de emergencia.
En suma, gobierno y oposición están apostando a que la recaudación fiscal se recupere gracias al aumento de los precios de los minerales que exportamos. Y también a que la repatriación de capitales acabe el año en mil millones de dólares cuando hasta el momento hay menos de 40, el 4 por ciento de la meta de mil millones, meta que originalmente era de seis mil millones.
Ayer, EE.UU. aprobó la reforma tributaria de Donald Trump. Los capitales invertidos en empresas allá pagarán en adelante 20 por ciento de impuesto a la renta. En el Perú pagan 35 por ciento. ¿A dónde preferirá el capital invertir? Los capitales no solo no van a venir, sino que los que están acá van a levantar vuelo con dirección a EE.UU.
La apuesta del gobierno y la oposición, entonces, es digna de una timba de casino. La complicidad en la que la oposición incurre en lugar de denunciar este peligro no la habrían avalado las viejas y sanas reglas que Alberto Fujimori colocó como cimientos sobre los cuales construir el futuro de los peruanos.
