Cómo operaba el ‘club de la construcción’: la tesis de la fiscalía
Más de una docena de ejecutivos habría participado en reuniones en hoteles y restaurantes para acordar cómo ‘turnarse’ la adjudicación de obras viales licitadas por el MTC.
El Poder Judicial declaró fundado el pedido de un equipo especial de fiscales para iniciar un operativo de allanamiento y la detención de seis ejecutivos vinculados a 30 empresas —nacionales y extranjeras— que conformarían un presunto ‘club de la construcción’.
[Ver: Club de constructoras: Rodolfo Prialé y los 14 integrantes que identificó la fiscalía]
Hasta el momento, sólo se ha detenido a Carlos García Alcázar, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala, quien presuntamente fungía de operador en el MTC para otorgar obras a los miembros del ‘club’.
El supuesto club fue advertido por primera vez por una investigación de El Comercio publicada en julio del 2017. Entonces, se mencionó que un colaborador eficaz venía brindando información a la fiscalía sobre cómo diversas empresas peruanas y brasileñas se habrían coludido para ganar diversas buenas pro de Provías Nacional, una entidad del MTC encargada de la concesión y obras públicas viales, principalmente en regiones.
La investigación reservada ha tomado nueve meses para llegar a este punto, según un comunicado de la fiscalía. SEMANAeconómicaaccedió a la orden de allanamiento y detención del Poder Judicial, emitida el 10 de enero de este año, en la cual se detalla el nivel de indicios que maneja la fiscalía sobre el ‘club de la construcción’.
BIENVENIDO AL CLUB
El colaborador eficaz 06-2017, un funcionario de Odebrecht, señaló que conoció el denominado “club” alrededor del segundo semestre del 2012. La fiscalía, sin embargo, ha solicitado el levantamiento de las comunicaciones de algunos ejecutivos involucrados entre el 2011 y el 2014. Según el colaborador de Odebrecht, en el 2012 la empresa buscaba oportunidades de proyectos en el sur del país. Entonces, mantenía contacto con representantes de empresas como:
- Cosapi, representada por Marco Aranda, quien fue gerente de marketing de la empresa entre el 2010 y el 2015, según su LinkedIn.
- Constructora Málaga, representada por Félix Málaga, actual gerente general de la empresa, según registros de la Sunat.
- Graña y Montero, representada por Nicolay Castillo, entonces VP de Desarrollo de Negocios entre el 2008 y 2015, también según su LinkedIn.
El colaborador eficaz describió que el club operaba de la siguiente forma:
“Existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras representadas por un lobista, para distribuirse el otorgamiento de la buena pro de diversas carreteras en Provías Nacional, con la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.
Según el funcionario de Odebrecht, en las reuniones a las que asistió con algunos representantes de las empresas peruanas y extranjeras, manifestó su interés en algunos proyectos de Provías Nacional al sur del país que iban a ser licitados. El comentario de los ejecutivos ahí reunidos fue que dichas licitaciones “estaban vinculadas a la coordinación de un grupo de empresas peruanas y extranjeras denominado ‘el club’“.
Los lugares de reunión del ‘club’ se habrían llevado a cabo en el Swissotel, el restaurante Balthazar y en las oficinas de Capeco, todos éstos ubicados en San Isidro.
LA ESTRUCTURA DEL CLUB
De las 30 empresas que mencionadas por el colaborador eficaz, resaltan nombres conocidos en el sector construcción peruano: Cosapi, G&M, Obrainsa, ICCGSA, JJC, Málaga, Johesa, San Martín, Upacá, Construcción y Administración S.A. (CASA), todas peruanas, e Hidalgo e Hidalgo (H&H), de Ecuador*.
La estructura del club sería la siguiente, según el testimonio del funcionario de Odebrecht:
- Representantes de las empresas privadas
- Un lobista, Rodolfo Prialé de la Peña, quien representaba a las empresas privadas antes un nexo en el MTC
- El nexo en el MTC, Carlos García Alcázar, quien viabilizaba los acuerdos del club
Las empresas que se beneficiaban de la buena pro obtenida debían pagar al lobista una comisión de 2.92% del valor referencial de la obra. La forma de pago, asegura el colaborador eficaz, era “acordado entre cada empresa ganadora” directamente con el lobista.
Cada empresa del club tenía un “coordinador” que actuaba también por otras empresas, quienes entregaban la prelación —orden de prioridad— para la toma de obras en las licitaciones de Provías. En el periodo en el que el colaborador eficaz trabajó en Odebrecht, éste identificó a los siguientes coordinadores: Ricardo de Flor, coordinador de Andrade Gutiérrez y de Odebrecht (Brasil), José Heighs de Johesa (Perú), Norma Zeppilli de Mota Engil (Portugal), y Rafael Granados de ICCGSA (Perú).
La fiscalía ha logrado corroborar los consumos que diversos ejecutivos realizaron, a nombre de sus empresas, en los locales mencionados por el colaborador eficaz: Swissotel y Restaurante Balthazar en distintas fechas entre el 2012 y 2014.
Asimismo, la investigación fiscal incluye también una lista de más 20 obras adjudicadas entre el 2011 y el 204 a las empresas de este supuesto club. Cinco obras fueron estudiadas al detalle a fin de señalar las coincidencias de las licitaciones con las fechas de consumo y alojamiento en el Swissotel de diversos ejecutivos de las empresas mencionadas, que se vincularían a las reuniones del ‘club’.
SEMANAeconómica se comunicó con Obrainsa, Mota Engil, Cosapi y San Martín Contratistas Generales, pero declinaron comentar sobre los ejecutivos mencionados. También se contactó a la oficina de la Constructora Málaga repetidas veces, pero ninguna de sus áreas contestó las llamadas. Graña y Montero, Cosapi, Málaga y San Martín Contratistas Generales confirmaron en comunicados que la fiscalía allanó sus oficinas.
El artículo original no especificaba que H&H era de Ecuador. Actualmente, H&H y CASA conforman la empresa COPAM, concesionaria del puerto de Yurimaguas.
