Congreso: mañana se debate proyecto que limitaría la participación de la inversión privada en los puertos del país
El Ministerio de Justicia concluyó que el proyecto de ley no es jurídicamente viable, pues vulnera principios como la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, la libre competencia y la libertad de contratar.
Este martes 21 de mayo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso debatirá un proyecto de ley que podría cambiar las reglas de juego en la administración de los puertos del país.
Se trata del Proyecto de Ley N.° 9778/2024-CR, que propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para limitar la participación privada en la administración de terminales portuarios a un máximo de 40 %, permitiendo su participación solo bajo ciertas modalidades y plazos.
El proyecto fue presentado por la congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) el pasado 13 de diciembre de 2024. La iniciativa propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para prohibir que los terminales portuarios de titularidad estatal sean administrados en su totalidad por empresas privadas.
En cambio, se permitirían asociaciones público-privadas, pero con un límite máximo de 40% de participación privada y por 10 años, prorrogables una sola vez.
Según el predictamen aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, esta medida se sustenta en la importancia estratégica de los puertos para la soberanía nacional y la seguridad del comercio exterior.
El documento señala que el Estado debe recuperar el control directo de los puertos para garantizar su adecuada gestión y modernización, evitando que intereses privados puedan condicionar su funcionamiento.
¿Cuál es la postura de Ositrán y el Ministerio de Justicia?
Durante la evaluación del predictamen, Ositrán advirtió que la propuesta contraviene principios constitucionales, al limitar la participación del sector privado en la administración portuaria y reducir los plazos de concesión sin sustento técnico. Señaló, además, que este cambio afectaría la competitividad y las reglas claras que deben regir en el sector portuario.
Por su parte, el Ministerio de Justicia concluyó que el proyecto de ley no es jurídicamente viable, pues vulnera principios como la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, la libre competencia y la libertad de contratar. Además, cuestionó la creación de una Unidad de Fiscalización y Control en los puertos, por carecer de sustento legal.
@Rpp
