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Ejecutivo observó cambios al DU 003: Norma no garantiza pago de reparación civil

La modificación del decreto por parte del Congreso dificulta la venta de activos y pone en riesgo inversiones por S/.4,579 millones. El gobierno pide precisiones, pero no eliminar modificatoria.

El Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República que modifica el Decreto de Urgencia 003 y amplía sus efectos a las socias de Odebrecht. A través de un oficio enviado al presidente del Congreso, Luis Galarreta, el Ejecutivo aseguró que la autógrafa no garantiza el pago de la reparación civilya que impide la venta de activos y genera la ruptura de la cadena de pagos.

El Ejecutivo señaló que la autógrafa de ley, aprobada el pasado 9 de noviembre, inviabiliza la venta de los proyectos vinculados a las personas o empresas que han confesado su culpabilidad o han sido sentenciados por corrupción. “Con ello, la autógrafa de ley promueve que las personas comprendidas [en el DU 003] mantengan y preserven sus contratos con el Estado y, por ende, no se pueda garantizar la reparación civil. Sin venta de activos, se disminuye considerablemente la posibilidad de incorporar recursos al fideicomiso para garantizar el pago de la reparación“, se lee en el oficio.

[Lea aquí el oficio de la observación del DU 003 por parte del gobierno]

El nuevo DU 003 también genera riesgos en el desarrollo de inversiones, debido a la posible paralización o cancelación de proyectos que comprometen inversiones por S/.4,579 millones, cifra que representa el 13% del monto destinado para la inversión pública(gastos de capital) del 2017. “La autógrafa de ley genera un impacto directo de los proyectos de inversión en ejecución. Las medidas propuestas generan riesgo de insolvencia sobre las personas jurídicas”, argumenta el Ejecutivo.

El decreto dificulta la venta de activos —como la de la central hidroeléctrica Chaglla y el proyecto Olmos—, ya que el potencial comprador seguirá sujeto a las medidas establecidas en el DU 003, como lo son la retención de pagos, retención del precio de venta de activos y suspensión de transferencias al exterior.

Se indica que si bien los artículos 4 y 6 promueven la venta de los activos, el numeral iv) del artículo 2 convierte en inviable el proceso de venta. Este numeral señala que el DU 003 se aplicará a las empresas que alguna vez hayan conformado consorcios con Odebrecht con participaciones a partir del 5% en obras con contratos vigentes con el Estado, a través de obras públicas o asociaciones público privadas (APP).

Así, el Ejecutivo reconoce que la modificación del Congreso para ampliar el DU 003 a las socias de las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido dichos delitos contiene vicios de inconstitucionalidad y es desproporcional. Sin embargo, no recomienda su derogación, sino “mitigar” los impactos negativos al restringir el impacto a las socias actuales de, por ahora, Odebrecht:

El resto de cambios también son, en su mayoría, precisiones para viabilizar la aplicación del DU 003 modificado, pero sin que éste vuelva a su versión original, en el que sólo se aplica a las empresas que hayan confesado delitos de corrupción o hayan sido sentenciadas por ellos.

PRINCIPALES CAMBIOS

El pago de la reparación

La autógrafa de ley señala que el procurador público determinará la cifra estimada de reparación civil con base en la información que proporcione, a manera de asistencia técnica, ProInversión y el MEF. Al respecto, el Ejecutivo observó que “el MEF no tiene competencia ni expertise para determinar montos por reparación civil”. En esa línea, propone que sea sólo el Procurador el encargado de determinar dicho monto.

Sobre la aprobación de venta de activos de las empresas comprendidas, que requiere el aval del Minjus, el nuevo DU 003 impone como condición previa que el potencial adquiriente deposite el monto de las deudas exigibles que mantengan las empresas involucradas en actos de corrupción (deudas laborales, de proveedores y tributarias). “Se traslada al potencial adquiriente un riesgo que va más allá del objeto de la trasferencia”, asegura el Ejecutivo. Así, la autógrafa no solo inviabiliza la venta, sino que quiebra la cadena de pagos al omitir que el precio de venta ya recoge las cuentas por pagar (laborales. tributarias y de proveedores).

Por esa razón, el Ejecutivo propone que el valor de venta de los proyectos, que están a manos de empresas como Odebrecht y Graña y Montero, excluya las deudas financieras contraídas por las personas comprendidas y las deudas asumidas por los accionistas. Además propone que las personas comprendidas creen en un plazo máximo de 90 días hábiles un fideicomiso de garantía cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado para cautelar los pagos de la reparación civil. El plazo de 90 días se cuenta a partir de la estimación del monto de reparación.

Sobre la retención de pagos en las obras que las empresas hayan concesionado o contratado con entidades públicas, como la Línea 1 del Metro de Lima, la propuesta del Ejecutivo es que las entidades del Estado retengan sobre cada pago que realicen las empresas, conforme al contrato, un monto equivalente al 10% del pago respectivo, después de impuestos. “De esta manera, se genera predictibilidad y disminuye la discrecionalidad de las entidades al momento de determinar las retenciones, cautelando el futuro cobro de la reparación”, afirmó.

Rechazan nuevos requerimientos

A través del oficio que lleva la firma del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el gobierno rechazó que se establezcan requisitos adicionales relacionados al procedimiento de adquisición de activosen el nuevo DU 003, como acreditar el depósito de la cifra estimada pendiente de pago por deudas laborales, de proveedores y tributarias, y acreditar el depósito del monto remanente. Esto “desincentiva la incorporación de nuevos inversionistas, promoviendo que las personas comprendidas mantengan sus contratos con el Estado”, indicó.

El Ejecutivo también recomendó incorporar un “mecanismo de restricción” para que las empresas comprendidas en la comisión de actos de corrupción no puedan adquirir los bienes en venta, luego de cumplido el pago de la reparación civil“. Además, propuso que la llamada “anotación preventiva” —que permite identificar los bienes y derechos de las empresas sujetas al DU—, implique que las empresas entreguen información que permita identificar dichos activos y, de no hacerlo, que estén sujetas a sanciones.

“La anotación preventiva se mantiene hasta que se efectúe el pago total del monto de la reparación civil a favor del Estado y se haya cumplido con las obligaciones establecidas en el numeral 6.1 del artículo 6 [retención de fondos en un fideicomiso], o hasta que se haya emitido una sentencia absolutoria consentida o ejecutoriada a favor de los sujetos comprendidos”, sostiene el Ejecutivo. Adicionalmente, recalca que el DU 003 tendrá carácter preventivo, extraordinario y no sustituirá a los remedios y mecanismos de tutela judicial y extrajudicial.

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