Exoneraciones tributarias en evaluación: ¿qué beneficios eliminar y qué mantener?
El Ejecutivo tendrá que evaluar, caso por caso, si se han alcanzado los objetivos para los que estos beneficios tributarios fueron creados o si se tendrá que implementar mecanismos alternativos.
Tal como estaba previsto, el Ejecutivo, en su pedido de delegación de facultades legislativas, incluyó la racionalización de beneficios tributarios “prorrogando o eliminando las exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios vigentes sujetos a plazo, previa evaluación de la necesidad de su permanencia; así como implementar mecanismos alternativos a estos”. Según especialistas, el gobierno deberá hacer una evaluación —caso por caso— para determinar si estos beneficios han cumplido con sus objetivos.
En el proyecto de ley, el gobierno precisa que actualmente los beneficios tributarios ascienden a S/.16,498 millones, cifra que equivale al 2.2% del PBI. De estos, las exoneraciones e inafectaciones suman S/.13,866 millones y representan el 84% del total. El 16% restante incluye créditos, deducciones, devoluciones, diferimientos (aplazamientos de pagos) y tasas diferenciadas.
“Desde hace muy buen tiempo, los organismos internacionales han manifestado que las exoneraciones son elementos que generan focos de evasión de manera natural porque llevar el mecanismo de control a ese nivel es muy complicado para la administración tributaria”, señala Tania Quispe, exjefa de Sunat. Actualmente, un subgrupo de trabajo de la Comisión de Economía del Congreso evalúa qué beneficios serán ratificados, dado que la ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias vence el 31 de diciembre del 2018.
Para Rocío Liu, socia del estudio Miranda & Amado, los beneficios tributarios que tienen objetivos sociales, de asistencia o ligados a fines constitucionalmente protegidos como educación y cultura sí se habrían cumplido. En el caso de los beneficios tributarios que tienen por finalidad promover una determinada actividad o zona, el análisis debe hacerse caso por caso. “Los beneficios tributarios en la actividad agraria sí han servido para el crecimiento y desarrollo de esta actividad”, señaló. En efecto, el gobierno, en el mismo proyecto de ley de facultades legislativas, propone ampliar la vigencia de la Ley de promoción del sector agrario —régimen tributario y laboral especial— hasta el 2042 e incluir los sectores forestal y acuícola.
En cuanto a los beneficios tributarios otorgados al sector educación, el Estado peruano tiene un interés especial de que este sector no tribute para que la educación mejore. Sin embargo, el premier César Villanueva ha anunciado que serán revisadas las exoneraciones de las universidades privadas. David de la Torre, socio de EY, explica que los centros educativos tienen una inafectación establecida en la Constitución, entonces se requeriría un cambio constitucional si se quieren hacer una modificación en este sentido.
“El Ministerio de Educación tiene que decir si la calidad de la educación ha mejorado o no. Sunat no tiene capacidad de decir eso, no maneja esa data”, indica Ramón Gálvez, socio del Gálvez, Risso, Zegarra y Asociados.
Respecto a la evaluación del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, especialistas coinciden en que su eliminación desincentivaría la inversión, pues se trata de una medida de promoción que se da a nivel mundial para promover la inversión privada y está alineada con el objetivo de generar un clima de confianza para el inversionista extranjero en particular. “No creo que valga la pena revisarla porque cumple con su objetivo y no genera una diferencia en la recaudación como si sucede con las exoneraciones regionales”, sostiene Gino Menchola, socio de PwC.
“De eliminarse la recuperación anticipada, el costo financiero generado por el IGV pagado sería trasladado principalmente al Estado, a través de condiciones contractuales menos favorables”, coincide Vanessa Watanabe, consejera del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
LA EXPERIENCIA DE SAN MARTÍN
En la solicitud del voto de confianza, el premier César Villanuevaindicó que una de las propuestas del gobierno sería “sustituir gradualmente las exoneraciones tributarias por una asignación directa destinada a fondos de las mismas regiones”, de manera que los recursos sean usados para infraestructura, producción y conectividad.
Como se recuerda, en el 2005, el gobierno regional de San Martín renunció a los beneficios tributarios del régimen de la Amazonía y creo un fideicomiso administrado por Cofide a favor del mismo gobierno regional. De acuerdo a Menchola, de PwC, la experiencia de San Martín es positiva: en comparación con otras regiones, ha tenido un desarrollo económico mayor; hay más obras de infraestructura, agua, desagüe, luz e irrigación promovida por el gobierno regional, que han sido bien recibida por la población y han marcado una diferencia. “En la medida que tengamos una administradora adecuada y un gobierno regional que la acompañe de manera eficiente, esto va a funcionar muy bien y vamos a tener experiencias como las que tuvo San Martin replicadas a lo largo del territorio nacional”, detalló.
