Martín Pérez: “La corrupción entre privados también existe y debe ser castigada”

ENTREVISTA. Martín Pérez, presidente del Consejo Privado Anticorrupción, comenta sobre la necesidad de medidas anticorrupción en las empresas y la relación entre privados y el Estado, a raíz del caso Lava Jato.

La corrupción está en la agenda pública. A raíz del caso Lava Jato, la seguridad ciudadana superó a la corrupción y ahora es la principal preocupación de la población, según el INEI. Las consecuencias de Lava Jato en el Perú han supuesto una parálisis en los funcionarios públicos y por ende, en la ejecución de proyectos de inversión.

Las empresas y entidades públicas están respondiendo a la demanda por más transparencia y mecanismos de control interno. Pero el camino aún es largo. Sobre esta coyuntura, SEMANAeconómicaconversó con Martín Pérez, presidente del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), entidad conformada por 17 gremios, incluida la Confiep. De cara al II Foro de Diálogos para el Desarrollo, a realizarse el 25 de agosto, Pérez comentó sobre la importancia de implementar mecanismos de compliance, especialmente en las empresas que contratarán con el Estado durante la reconstrucción este año.

¿Qué medidas han tomado desde el sector privado en la lucha anticorrupción?

A nivel de Confiep, todos los gremios tienen códigos de ética y conducta con dientes. Es algo que hemos tratado de ir avanzando. A nivel de empresas, la ley de responsabilidad de la persona jurídica impone la implementación de medidas de compliance para salvaguardar la defensa de la empresa frente a casos de corrupción.

Hay un numero de empresas grandes listadas en la BVL imbuidas en este proceso. Y hay un grupo de empresas medianas que no lo ven como necesario, y que además consideran que es para quien se relaciona con el Estado. Estos sistemas de compliance son onerosos y complejos. Yo diferenciaría a las empresas que tienen relaciones con el Estado de las empresas que no la tienen.

¿A qué se refiere con conducta con dientes?

Ahora las empresas pueden ser retiradas [de los gremios] y antes no existía la posibilidad. Por ejemplo, me parece que el gremio minero separó a Odebrecht y otros gremios han tomado acciones para separar empresas. Nosotros [CAP] no tenemos relación directa ni con las empresas ni con Odebrecht.

¿Han tomado iniciativas legislativas anticorrupción?

Nosotros impulsamos una ley para que se califique como delito la corrupción entre privados. Es una iniciativa que se llevó a la presidenta de la legislatura anterior del Congreso y no ha avanzado. También existe corrupción entre privados y debe ser castigada. Hoy en día si esto sucede, no está tipificado como delito y creemos que debería estarlo.

¿Los recientes casos de corrupción pondrían en riesgo la reconstrucción?

Lava Jato ha frenado tremendamente las inversiones y las decisiones en el Ejecutivo, ha asustado a funcionarios públicos, pero es algo que se tiene que enfrentar. Se necesita aumentar el compliance, la conciencia de toda la organización sobre la transparencia de los actos de las empresas y los funcionarios del gobierno. Creo que la corrupción no va a afectar la reconstrucción. Hay percepción de que en todos los actos entre el Estado y los privados hay corrupción y va a ser algo que tendremos muy presente en el futuro. Pero no se puede permitir que eso pare las cosas que se tienen que hacer.

¿Cómo decidir qué empresas deben participar?

Mientras la empresa no acepte que es culpable, no lo es hasta que se demuestre lo contrario. Debemos esperar lo que resuelva el Poder Judicial, y mientras más rápido mejor. En otros países se ponen multas muy altas, pero se permite que las empresas sigan viviendo, porque sino se afecta a muchos trabajadores y familias.

¿Las empresas condenadas por corrupción deberían volver a contratar con el Estado?

Creo que las empresas que sean condenadas, si llegan a serlo, deben ser sancionadas, pero debe permitírseles poder participar de los concursos. Que el Estado decida contratar con ellos es otro tema, pero no me parece que legalmente se les impida.

¿Qué empresas podrían encargarse de la reconstrucción?

Trabajar con el Estado es un privilegio y no un derecho y el Estado tiene que contratar a los mejores. Las empresas peruanas están capacitadas para enfrentar la reconstrucción. Es evidente que hoy en día la industria de la construcción tiene un problema de cuestionamiento en algunos de sus actores, [pero] no podemos calificar así a toda la industria.