INTERNACIONALES

Montecon demanda por US$15 millones a la ANP de Uruguay

Tras revocársele permiso para instalar tomas eléctricas para contenedores refrigerados

Montecon avanza con acciones contra la Administración Nacional de Puertos (ANP) en diferentes ámbitos. Ya tiene una denuncia contra la autoridad portuaria ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y realiza una demanda judicial por daños y perjuicios contra la ANP por más de US$ 15 millones.

Existe un antiguo reclamo de Montecon (empresa que opera en las áreas públicas del terminal de Montevideo) a la ANP por una negativa de la administración para la adquisición y utilización de grúas pórtico.

Esas máquinas son únicamente utilizadas por Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad de la multinacional belga Katoen Natie con participación minoritaria de la ANP y única especializa en contenedores). Pero desde 2002 Montecon reclama poder utilizar esas grúas en los espacios públicos.

Las diferencias sobre ese tema incluyeron instancias judiciales con un resultado negativo para Montecon en 2013.

Pero, el mes pasado, la compañía arremetió nuevamente contra la administración y presentó una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) aduciendo que no se le permite competir en igualdad de condiciones dentro del puerto de Montevideo.

La utilización de grúas pórtico es uno de los principales motivos de enfrentamiento entre Montecon y TCP, que prácticamente se dividen la operativa de movimiento de contenedores en el terminal de Montevideo.

Demanda

El otro conflicto estalló por la instalación de pasarelas para tomas eléctricas para contenedores refrigerados en áreas públicas portuarias. En julio del año pasado, la gerencia general de la ANP autorizó a Montecon a construir esas pasarelas.

Sin embargo, en diciembre, la presidencia de la ANP revocó la resolución previa de autorización, luego de una queja presentada días antes por TCP. En ese petitorio se indicó que al permitir a Montecon instalar las pasarelas se lo estaba beneficiando directamente. Y por eso, pedía que la autorización quedara sin efecto.

Montecon argumentó que ya había invertido cerca de US$1 millón en las obras que comenzó luego de la autorización de la gerencia general de la ANP.

Luego de la revocación, el directorio de la ANP decidió llamar a una licitación para la instalación de tomas eléctricas, con el fin de brindar servicio a contenedores refrigerados. Entonces Montecon presentó una demanda contra la ANP por los perjuicios causados con la revocación.

Según señaló el El País, la cifra asciende a US$ 15,7 millones, entre inversión realizada, gastos, pérdida de facturación y otros reclamos.

El miércoles 16 de marzo se realizará una audiencia de conciliación entre las partes. Por la ANP están citados a comparecer Díaz, el removido gerente general, Néstor Fernández y dos funcionarios de áreas y divisiones de la ANP.

La revocación

La resolución de presidencia de la ANP dejó sin efecto la resolución que autorizaba la instalación de las tomas para contenedores refrigerados y se recorrió el camino de la licitación que el miércoles tuvo como elegida a la empresa Dervalix, dedicada a la logística portuaria. Pero esa decisión de la presidencia de la ANP es la que motivó a Montecon a presentarse en la Justicia y demandar al organismo por daños y perjuicios.

La ANP ha dado algunas señales sobre la instalación de grúas pórtico en los espacios públicos del puerto de Montevideo. El presidente de ANP, Alberto Díaz señaló el año pasado que la línea de acción del organismo en los últimos años es que tener una grúa que queda asociada a un muelle no puede darse como permiso y tiene que darse como concesión. “Y, en esta gestión, no estamos pensando en concesionar muelles. Entonces hay que agudizar el ingenio para ver cómo mejoramos la productividad sin que pase todo a las manos privadas”, había señalado el presidente de la ANP. Sin embargo, la decisión de tener esas grúas especiales en los muelles públicos se sigue dilatando.

Fuente: El País, Uruguay

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