Normas para impulsar proyectos de infraestructura aún son parciales
La normas aprobadas por el gobierno dan facilidades para acelerar la ejecución de proyectos dan facilidades en el marco de la crisis por el Covid-19, pero aún son insuficientes, sostiene Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
El Covid-19 comprueba que el crecimiento económico del Perú no fue acompañado por el desarrollo de infraestructura en salud. Hoy solo 16 de los 50 hospitales adjudicados para construirse entre el 2010 y el 2019 están operativos. Del resto, 16 están paralizados o en reinicio de convocatoria. El gobierno ya dio algunas medidas para fomentar la reactivación de proyectos de infraestructura. Sin embargo, aún hay espacio para dar más impulso a la inversión si la meta es elevar la capacidad de ejecución a mediano y largo plazo.
El Estado reaccionó parcialmente emitiendo dos decretos legislativos para acelerar la ejecución de proyectos tras la emergencia. Ambos prorrogan por un año la vigencia de los títulos habilitantes vencidos (permisos y autorizaciones otorgados por el Estado), amplían hasta junio del 2021 la exoneración de las licencias de habilitación urbana y de edificación a los ministerios y gobiernos regionales –antes solo era para el Plan Nacional de Infraestructura (PNIC)– y permiten mayor flexibilidad a todo nivel de gobierno para liberar interferencias de las obras.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) propone no solo hacer permanente la exoneración de las licencias de habilitación urbana y de edificación, sino incluir otros permisos como la conformidad de obra y la declaración de fábrica. Además, persiste aún la imposibilidad de que los proyectos que no son del PNIC o de reconstrucción se beneficien de la flexibilidad para contratar al expropiar y liberar interferencias. Solucionar esto impactaría sobre aproximadamente el 75% del monto de proyectos en ejecución.
Además, no deben descuidarse medidas inmediatas que garanticen liquidez para la continuidad de los servicios públicos. Para permitir que aeropuertos, carreteras y puertos sigan operando de forma adecuada, el CPC propone diferir –no eximir– las retribuciones contractuales al Estado y los aportes por regulación de los concesionarios hasta el 2021.
Finalmente, es la oportunidad para realizar cambios estructurales. Para las APP es indispensable dejar la metodología del Invierte.pe –enfocada en costos unitarios y no en niveles de servicio–, acortar los procesos de adjudicación y precisar las competencias de las entidades vinculadas. Según un análisis del CPC, el 75% de las opiniones de los reguladores está fuera de su especialidad y el 83% de opiniones de la Contraloría versa sobre aspectos ingenieriles que no son de su competencia. Con estos cambios, se podría adjudicar rápidamente US$5,500 millones en los próximos dos años (cartera de corto plazo) y ahorrar al menos tres años en los procesos de adjudicación de la cartera APP de mediano plazo, calculada en US$3,200 millones.
