Principio de desencanto de la marina mercante con el Gobierno
Delegar puede ser sinónimo tanto de administrar eficientemente como de correr riesgos peligrosamente. En el por agua, el Gobierno entendió que iba por la primera acepción. Los empresarios y sindicatos ya sienten que están bien entrados en la segunda.
Ni los armadores ni los gremios fluviales ven un escenario en Puertos y Vías Navegables, o en el propio gobierno, del de marina mercante que se quiere. “Los funcionarios sólo son confiables cuando defienden el interés de todos y cuando cumplen su palabra”, deslizó un desencantado Julio González Insfrán, secretario del Centro de Patrones y Fluviales, que, no obstante, defiende abiertamente el proyecto de Macri.
Nada cambió en la situación de la marina mercante a pesar de que conceptos como “promoción de la hidrovía” y “reducción de costos logísticos” son regularmente usados en discursos oficiales. Desde la cartera a cargo del área no se siente el pulso. Y hasta parecen haber movidas contrarias al desarrollo de la navegación fluvial nacional.
En primer lugar, porque están propiciando que los waivers -una excepción a la ley de cabotaje (que establece que entre dos puertos argentinos el transporte debe hacerse en buques de bandera nacional) que permite el charteo y navegación de buques y tripulaciones de terceras banderas- se transformen en una regla ordinaria y regular. Lo escandaloso es que sean las empresas del Estado (como Cammesa e YPF) las que propicien esta situación, emitiendo licitaciones que el sistema armatorial argentino no puede cumplir (contratos de tres meses, cuando se estilan que sean de por lo menos un año, o la obligación de contar con buques de doble casco, prácticamente un unicornio en aguas nacionales). De esta manera, “no queda otra” que la excepción a la ley de cabotaje y que buques de terceras banderas, y tripulantes extranjeros, naveguen los ríos argentinos para abastecer de combustible a centrales argentinas.
“La convocatoria quedó desierta”, dijo González Insfrán respecto de una de las últimas licitaciones que lanzó el Gobierno para el transporte de combustible. Y fue así porque los requisitos eran imposibles de cumplir. Y si los armadores argentinos no logran contratos de largo plazo no hay forma de que puedan traer un barco y cumplir con esa licitación por lo menos a través del decreto 1010/04 (que les permite chartear a casco desnudo un buque extranjero y tripularlo con argentinos).
La presión fiscal, la inequidad en el precio del combustible, la imposibilidad de importar flota para “arrancar”, son reclamos viejos. Hay malestar porque no hay visos de cumplir con las promesas de campaña.
(Por Emiliano Galli; La Nación)
25/03/16
