Reglamento ordenará el sistema de APP, pero no dinamizará el sector infraestructura

INFRAESTRUCTURA
El reglamento del DL 1362 da orden y permite reducir costos y ahorrar tiempo al sector infraestructura, pero no estimulará el ingreso de nuevos proyectos.

El reglamento del Decreto Legislativo (DL) 1362, publicado la semana pasada, es una oportunidad de reducción de costos y plazos para el sector infraestructura, pues ordena el marco normativo de las Asociaciones Público Privadas (APP) y crea mecanismos para mejorar la coordinación entre las instituciones públicas. Sin embargo, acelerar la ejecución de proyectos demorados —la nueva normativa se aplicaría a iniciativas estatales por US$2,183 millones, y privadas por US$845 millones, según estimados de SEMANAeconómica— dependerá de la capacidad de los ministerios, que son los titulares de los proyectos, y de ProInversión, que enfrenta problemas operativos. En el corto plazo, no habrá una dinamización en el ingreso de nuevos proyectos de APP.

Las iniciativas privadas a las que se les podrán aplicar el DL 1362 y su reglamento son aquellas declaradas de interés después septiembre del 2017. Su aplicación cambiará caso por caso, según la fase en la que esté cada proyecto. Dos ejemplos que destacan (ver gráfico) son las plantas de tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca y el puerto de San Juan de Marcona: ambos suman US$845 millones. Otro proyecto de iniciativa privada es el Anillo Vial Periférico, cuya adjudicación no ocurrirá en el corto plazo. Esa obra demandará una inversión estimada de US$2,000 millones y también se ejecutará bajo el DL 1362 y su reglamento. La aplicación del DL 1362 a iniciativas del Estado e iniciativas privadas no significa “retrotraer los procedimientos en trámite”, de acuerdo con el reglamento.

En los próximos 90 días, ProInversión revisará los proyectos para determinar cuáles están trabados en la misma fase en los últimos seis meses. Esta situación será comunicada a los ministerios para que subsanen en 30 días calendario. De no hacerlo, los proyectos será retirados de la cartera de ProInversión. “La nueva normativa  no hará que entren nuevos proyectos [al portafolio]. Los que ya se están dando continuarán y se adaptarán a este nuevo marco. Algunos que están trabados se agilizarán y se cumplirán con sus plazos“, dijo Carlos Salazar, director del Área de Financiación de Infraestructura y proyectos de PwC.

José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, destacó que el reglamento fije medidas que incentiven a los ministerios responder las solicitudes de ProInversión. Dichas entidades deberán reembolsar a ProInversión los gastos generados por los proyectos demorados. Además, estos retrasos ampliaban los costos y los plazos para el sector. “Hasta hace poco, Proinversión tenía una cartera bastante grande de proyectos y muchos de ellos estaban paralizados bastante tiempo. Con esa medida, si el ministerio no mueve el proyecto o no tiene interés su vigencia caducará”, aseguró. En opinión de José Antonio Honda, socio del Estudio Olaechea, el reglamento pudo haber introducido mecanismos disuasivos más eficaces que sancionen a los funcionarios.

A su turno, Gabriel Daly, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), subrayó que el reglamento es más ordenado y brinda mayor claridad, por lo que permitirá ahorrar tiempo, pero su impacto depende de otros factores. Uno de ellos está en la capacidad operativa de los actores del sistema de APP.  El DL 1362 y su reglamento le dan mayores responsabilidades a los ministerios como unidades formuladoras de proyectos y buscan fortalecer sus capacidades.

“No va a impactar por sí solo, sino a medida que los sectores se vayan incorporando a los procesos de promoción”, comentó Daly a SEMANAeconómica. “Hay un trabajo que hacer en el tema de capacidades, de atender a los sectores que son más débiles”, añadió. En julio del próximo año, el MEF aprobaría el nuevo Plan Nacional de Infraestructura para mostrarle al sector privado cuáles son las prioridades del Estado parar cerrar la brecha de infraestructura.

Por ejemplo, destaca la implementación de órganos especializados para la gestión de proyectos. Los ministerios, gobiernos regionales o municipalidades con una cartera de proyectos cuya inversión supere los S/1.2 millones podrán crear un órgano especializado para implementar los proyectos a su cargo y contratar personal especializado. “El tema de las APP no era visto por personas capacitadas y esto provocaba que las coordinaciones entre el ministerio y ProInversión sean muy lentas“, sostuvo Carlos Salazar, de PwC. “Permitir que se puedan dotar de equipos especializados a los ministerios será mucho más favorable para cuando inicie conversaciones con el privado de forma más clara”, complementó Salazar.

El DL 1362 y su reglamento le han quitado competencias a Proinversión. Como se recuerda, entre el 2015 y el 2018 el marco normativo de las APP ha cambiado en tres ocasiones. A pesar de eso, la dificultades operativas de Proinversión limitaron su capacidad para ampliar la cartera de proyectos y lograr la adjudicación de aquellos que estaban pendientes. Para Javier Illescas, exdirector ejecutivo de Proinversión, la institución “tiene una debilidad operativa muy grande”. El problema no es regulatorio, sino gerencial. En este contexto, el desafío de Proinversión será adaptarse a la nueva legislación. En un evento de Credicorp Capital, Alberto Ñecco, actual directori ejecutivo de Proinversión, reconoció que las normas no son el único ni principal problema que impiden dinamizar el sector infraestructura. “Es un combinación de tener el marco jurídico que te permita hacer las cosas y alguien que las quiera hacer”, remarcó.

Miguel Ronceros, abogado socio del PPU, destacó que el reglamento otorga predictibilidad. En esa misma línea opinó Michelle Aramburú, asociada del estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi y Pérez, pero matizó y advirtió que debe observarse del grado de implementación real para evaluar si los problemas del sistema de APP se solucionarán al punto de atraer mayor inversión.

Otro factor que condiciona las inversiones son los cuestionamientos políticos al sector infraestructura tras el estallido de Lava Jato. “El impacto depende mucho del ambiente político. No se están moviendo los proyectos de ProInversión, se están otorgando proyectos medianos y pequeños”, advirtió José Luis Bonifaz. A su turno, Carlos Salazar añadió: “Estamos en una coyuntura en la que los funcionarios públicos están con temor de tomar decisiones”.