UIF pone en la mira a sociedades anónimas cerradas por sospecha de lavado de dinero
NECESIDAD DE MAYOR TRANSPARENCIA
Transferencias de acciones de estas empresas no se inscriben en Registros Públicos, lo que dificulta saber quiénes son sus dueños. Se crean “firmas fachada” para lavar dinero ilícito.
“En la lucha contra el lavado de dinero lo que interesa es descubrir quién es el dueño de todo”, afirmó Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS. Una de las dificultades que enfrenta la UIF para llevar a cabo esa tarea tiene que ver con el propio marco legal de nuestro país.
La ley vigente favorece la falta de transparencia en la identidad de los accionistas de algunas empresas, lo que impide conocer al beneficiario final de estas, indicó Espinosa. “Desde el año 1967 están prohibidas las acciones al portador; sin embargo, si hoy alguien quiere saber quiénes son los propietarios de una persona jurídica (empresa) específica se encuentra con un problema cuando se trata de una sociedad anónima cerrada (SAC)”, declaró durante el VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, organizado por Asbanc.
Y es que no existe obligación para que las transferencias de las acciones de una SAC se inscriban en los Registros Públicos. Tan solo es necesario registrarlas en un libro llamado Matrícula de Acciones, que es llevado por las propias empresas, refirió el funcionario.
Así, se hace difícil conocer quiénes son los accionistas actuales de estas compañías. “Esa es una limitación que hay que trabajar para que la información de por lo menos los accionistas mayoritarios sea publicada una vez al año, o con cierta periodicidad, para saber quiénes las están operando”, sugirió. Aunque hay otros problema. Puede ocurrir que una sociedad anónima peruana sea propietaria de una empresa creada en las llamadas jurisdicciones offshore, lo que también complica saber quién es el verdadero dueño de la misma, señaló. “Las personas jurídicas son solamente vehículos para que las personas naturales hagan negocio y, fi nalmente, se vuelvan propietarios de algo. Lo que interesa es quién está detrás de esas inversiones y los esquemas como los de Panamá Papers son formas de evitar que las autoridades puedan descubrirlos ”, enfatizó.
“Fachada”
Estos temas de opacidad, que dificultan la detección del lavado de dinero, son relevantes dado el uso de “empresas fachada” para fines ilícitos en el país. En los últimos 12 meses, solo los montos involucrados en los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) de la UIF, vinculados a esta modalidad de blanqueamiento de fondos, sumaron US$ 239 millones. “Este tipo de estructuras pone un velo a la identidad de las personas”, advirtió. Por ejemplo, son usadas para pagar coimas a funcionarios. El dinero no va a la cuenta bancaria del corrupto sino a una firma que sí está a su nombre y que solo fue creada para manejar esos fondos ilícitos.
