“El sistema de arbitrajes no ha fallado, necesita ajustes”
CADE 2019. Mecanismos de resolución de conflictos que van más allá del juicio o el arbitraje pueden contribuir a la formalidad en el empresariado, explica Rosa Bueno de Lercari, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la CCL.
Toda economía de mercado requiere una resolución célere de los conflicto entre los agentes económicos para no incrementar los costos del proceso. En el Perú el arbitraje es el camino más utilizado por los privados en lugar del Poder Judicial. Rosa Buena de Lercari, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, propone fortalecer el sistema con mayor transparencia y darle a las mipymes herramientas más eficientes para resolver sus diferencias, como arbitrajes populares o conciliaciones.
¿Cómo un sistema que falla al resolver conflictos entre privados puede limitar la profundización del modelo económico?
Sin alternativas de solución de conflictos adecuadas, y mientras las disputas comerciales no tengan solución y sean demoradas, el modelo no va a caminar adecuadamente. El Poder Judicial (PJ) recibe un millón y medio de casos nuevos al año y no tiene la capacidad para procesarlos todos. Pese a esta realidad, el Perú sí es un país eficiente en la solución de controversias respecto al cumplimiento de los contratos, según el ranking Doing Business. Hace 25 años se fortaleció la Ley de Arbitraje, que se ha usado insistentemente y ha permitido tener un desempeño adecuado en la resolución de controversias. La reforma del PJ no puede seguir postergándose, pero hay herramientas alternativas que han sido utilizadas con eficiencia, que están dando tiempos adecuados para resolver conflictos y la eficiencia que necesitan los empresarios.
¿Qué otras alternativas se pueden utilizar, además de recurrir al PJ o al arbitraje?
La mediación y la conciliación, que pueden ser más eficientes en conflictos más pequeños. Probablemente un conflicto entre empresas pequeñas en que las cuantías son muy pequeñas no necesita un arbitraje muy sofisticado con tres árbitros. Podrían acudir a arbitrajes acelerados o recurrir al arbitraje popular, figura que maneja el Ministerio de Justicia. Probablemente las pequeñas y medianas empresas necesiten trabajar más en conciliación y mediación, porque necesitan mantener intactas las relaciones con sus proveedores. Entrar a un PJ, en el que uno gana o pierde—lo mismo pasa con el arbitraje—podría no ser la solución para mantener sus relaciones a largo plazo.
¿En qué otros casos se usarían esas alternativas?
He visto muchos contratos de proveedores con negocios pequeños que ponen una cláusula arbitral con tres árbitros. Esta cláusula probablemente no sea la adecuada, porque genera un costo mayor que un arbitraje acelerado con un solo árbitro y que soluciona el conflicto, no en ocho o nueve meses, sino en cuatro. Probablemente no conozcan que existen estos mecanismos y por eso utilizan la cláusula modelo, que no es adecuada para ellos. O hay casos en los que el conflicto se puede solucionar mucho mejor con una conciliación. Como ambas partes entregan algo y ganan algo, la satisfacción por la resolución es mayor.
¿Cómo un sistema ineficiente para resolver conflictos puede propiciar la informalidad?
Si algunos empresarios informales deciden solucionar un problema con una municipalidad o con un ministerio, o se les ponen trabas que no pueden superar, deciden hacerlo sin acercarse a esas instituciones. Si adicionalmente les están pidiendo cosas inadecuadas y no encuentran la solución de sus conflictos a nivel judicial, las alternativas [como el arbitraje o la conciliación] podrían darle la posibilidad de mantenerse insertados dentro de la legalidad. Cuando el Estado pone requisitos para acceder a la legalidad, que pueden ser requisitos como barreras burocráticas, o temas laborales o de la Sunat, o el mismo acceso a la justicia no es adecuado, las alternativas de solución de conflictos podrían dar la posibilidad de que las partes puedan insertarse en la legalidad.
¿Por qué el empresario informal no recurre a esos mecanismos?
La primera propuesta está referida a falta de información. Si estoy haciendo un negocio con una pequeña o mediana empresa que no me cumple, tendría que ir al Poder Judicial. ¿Pero qué solución voy a conseguir si va a demorar entre cinco o seis años para poder darme una sentencia definitiva? Si les presentamos sistemas alternativos que les van a dar solución, van a acudir a ellos porque a veces ya ni siquiera llevan sus conflictos a una solución en el PJ. Simplemente incumplen a sus proveedores e incumplen las normas laborales o tributarias. Es más eficiente no cumplir, no tienen los incentivos necesarios para hacerlo porque no tienen la solución adecuada a sus conflictos.
¿Qué más propondrán en su presentación en esta edición de CADE?
Proponemos un trabajo más intenso en lo que es el uso de tecnología. A nivel del PJ ya hay algunos distritos judiciales que utilizan los procedimientos en línea y existen instituciones arbitrales que tienen este mecanismo. Hay que seguir transparentando el mercado, informar a las partes cómo están funcionando, quiénes participan y promocionar la calidad de los árbitros o de los jueces. El Faro de Transparencia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima permite que las partes que quieran elegir árbitros tengan la información para tomar una decisión adecuada, para evitar conflictos de interés y saber cuáles son los desempeños de los árbitros antes de utilizarlos para sus controversias.
El arbitraje fue afectado por Lava Jato. ¿Llevan alguna propuesta en esa línea?
Una tercera línea de trabajo—y creo que es la más importante— es la autorregulación de las instituciones que se encargan de administrar estos mecanismos privados de administración de justicia, de modo que tengan altos estándares de integridad. La idea es tener un código de buenas prácticas que incluya a todos los tipos de arbitraje. Es explicarle al mercado cómo debe funcionar y qué estándares de ética deben exigir las partes que llevan sus controversias. Pese a que se han detectado fallas en el sistema, eso no significa que el sistema haya fallado, sino que necesita algunos ajustes, sobre todo en los arbitrajes en los que participa el Estado, que requieren de determinadas garantías y supervisión de los procesos que no necesariamente se ven en el arbitraje ad hoc, que es el que más usa el Estado.
¿Cómo se van autorregular? ¿Es una acción que tomarán todos los centros de arbitraje?
Ésa es la propuesta, que todos los centros de arbitraje se junten en una plataforma para utilizar estándares similares en cuanto a aplicación de buenas prácticas: tener listas de árbitros depuradas, sistemas de información que se pongan a disposición de todos. Algunos centros han avanzado más que otros. Como no se ha avanzado de manera igual y no todos están en la misma línea, la idea es juntarse para estandarizar estas propuestas autorregulatorias: políticas de cumplimiento anticorrupción, códigos de buenas prácticas y una adecuada gobernanza. Si nos juntamos todos los centros de arbitraje o de conciliación serios y llevamos una propuesta de homologación de buenas prácticas, sería un aporte importante para la mejora de estos servicios.
