‘‘La tasa del IGV debe bajarse porque es una especie de droga”
ENTREVISTA Pablo Secada, economista director del Instituto Peruano de Economía (IPE).
—Considera que los ingresos por el IGV ‘les cae’ a los gobiernos sin hacer nada y es la fuente de boom de gasto público de mala o pésima calidad. El quid del asunto, dice, está en la calidad del gasto.
¿El IPE tiene un estimado del impacto neto de las medidas tributarias que está planteando PPK para el inicio de su Gobierno? No, lo estimaremos cuando las medidas hayan sido planteadas formalmente. Entre esas medidas tributarias está la rebaja del IGV.
¿Qué impacto tendrá en la recaudación? Para evaluar el impacto hay que considerar la política fiscal en su conjunto y también otras políticas públicas que van a tener un efecto positivo en la calidad del gasto público. Además, la deuda pública neta está en 6.6% del PBI (al cierre del 2015) y la deuda bruta era un 23.3% del PBI, es decir, ambas son de las más bajas del mundo. Y en el reporte de inflación del BCR la deuda pública bruta subía a 28% y la neta a 15.5%, en el 2018.
¿Qué pasa con la calidad del gasto público? Mira, fuera de la política fiscal, la calidad del gasto público se determina por la política de infraestructura; y en los últimos años hemos tenido una política de infraestructura que da pena, grandes proyectos de inversión que tienen muchas adendas. Están los casos, por ejemplo, del gasoducto del sur (GSP), o la linea 2 del Metro de Lima, al cual el contralor acaba de hacer una serie de observaciones a la política de infraestructura, que no le competen (ver vinculada).
Usted dice que todo eso está ligado al impacto de las medidas tributarias que plantea PPK, ¿cómo así? Claro, si haces una reforma del programa de concesiones de infraestructura, y a la vez cambios en la política fiscal, entre ellas la regla estructural, estamos entrando al marco en el que se debe discutir la reducción del IGV.
¿Cuál sería el impacto concreto de esa rebaja? Lo que quiero decir es que si este Gobierno modifica la regla fiscal estructural, y la nueva norma funciona, y si se pone mucho énfasis en la calidad del gasto público, la razón por la que bajas el IGV no es que vas a formalizar, es otra.
¿Cuál? Que la recaudación va a subir si se baja el IGV; entonces el efecto neto de la rebaja no es un punto del PBI, como están diciendo, sino 0.4% a lo más, porque al aumentar el consumo (por la rebaja) aumenta la recaudación. Es decir, estamos hablando de un impacto de 0.3% y esto no es nada, más que se compensa con las mejoras de calidad en el gasto; por ejemplo, que un ministro ejecute más rápido y mejor inversiones de un pliego grande. Otro ejemplo, mirando para adelante: si se diseña mejor el proyecto de la línea 3 del Metro, con el ahorro que se lograría en ello ya se cubre la rebaja del IGV. Además, hay otras medidas tributarias que van a atraer ingresos adicionales. Además, el IGV debe bajarse por otra razón, porque es una especie de droga.
¿Cómo es eso? El IGV es un ingreso que les cae a los gobiernos central, regional y local sin hacer nada. Y es la fuente de boom de gasto público de mala, de pésima calidad que hemos visto en el país en los más de veinte últimos años. Entonces, hay que concentrarse en la calidad del gasto. Y si diseñas bien las APP, el gasto en infraestructura va a ser mejor; si evalúas meritocráticamente a los funcionarios públicos, el gasto en sueldos va a ser mejor, etc. En el tema de las APP, el anterior ministro de Economía advirtió sobre el cofinanciamiento del Estado, que se podría poner en riesgo las finanzas públicas. ¿Qué opina? Yo discrepo con esa posición. Lo que debe hacerse es diseñar bien el programa de APP (y no solo ver el tema de las contingencias), con asesores internacionales de prestigio. Si vienen los mejores asesores de ingeniería, financiero, legal, para estimar la demanda de las carreteras, qué me voy a preocupar de las contingencias porque van a venir 10 postores y cinco van a pujar por ganar el proyecto y el mejor ganará. Si hay que cofinanciar por el equivalente a 1% del PBI, hay que hacerlo.
¿Cree usted que el Gobierno actual va a rediseñar las APP? Yo creo que sí, que ya vino la gente que piensa así y que ya hablaron para hacerlo. El punto es que el diseño de los proyectos bajo APP y el proceso de concesión bajo esta modalidad sean competitivos. Si me aseguro que haya planes nacionales de infraestructura, asesores integrales para esos proyectos, empaqueto proyectos, en lugar de cientos de obritas, no es necesario poner techos al cofinanciamiento. El tema es que no va a ser fácil porque te bajas el establishment.
¿Podría ampliar esto último? ProInversión, por ejemplo, no requiere los cientos de funcionarios que tiene, ninguno ha trabajado en un banco, ni fondo de inversión importante, o en una empresa internacional de asesoría de concesiones. Algo similar ocurre en ministerios como Salud, donde han formulado muchas APP que han sido evaluadas por una oficina de este ministerio, por ello las APP se demoran. Te vas a tener que bajar a los ministerios, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que están haciendo APP, y a todos los que están haciendo negocio con ello. Es una reforma bien complicada de hacer.
¿Cree que hay respaldo para hacer esta reforma? Sí, hablo constantemente con los fondos de inversión. Me refiero al respaldo político del Congreso… No se requieren muchas leyes, sino normas propias del Ejecutivo. Además puede ganar el apoyo popular si los proyectos benefician a los ciudadanos.
¿Se tendrían que rediseñar todos los proyectos de inversión? Yo creo que sí, yo no haría nada que ha sido diseñado mal.
Mira, la comisión de una transacción de deuda (fee) en el mercado internacional vale 1% y una transacción de equity 2%. Si haces un tren que cuesta US$ 3,000 millones, a esas tarifas debiste gastar US$ 30 millones en estudios y se han gastado US$ 3 mlls. o US$ 7 mlls., eso da una idea de la calidad de los proyectos. Además hay supervisores de proyectos con quienes los financistas no quieren ni tratar; y ni qué decir de contratos de concesión rechazados por postores porque estaban mal hechos. Eso mismo pasa con las concesiones.
Pero asumiendo que el Gobierno actual hiciera estos cambios, va a tomar tiempo y retrasaría más los proyectos de inversión… No, porque no toma mucho tiempo. Un plan nacional de infraestructura bien hecho toma un año, pero la concesión de la Carretera Central la puedo a comenzar a trabajar ma- ñana mismo, en un año la estoy convocando y un año después la asigno y arrancan las obras. Después, destrabar los US$ 25,000 millones en proyectos de infraestructura paralizados, se hace en un año.
Entonces, con todas estas modificaciones y mejoras, el costo de las medidas tributarias se puede asumir… Mira, la inversión pública en infraestructura es 6% del PBI (ahora un poco menos), en cofinanciamiento de concesiones debe haber uno o dos puntos porcentuales más al año. Entonces tienes entre 7% y 8% del PBI, y el 0.4% del PBI (a lo más) que te estaría costando la rebaja del IGV, te lo ahorras, de lejos, con mejoras de calidad en ese gasto de inversión pública.
¿Y qué opinas de las reformas del Impuesto a la Renta (IR) que está planteando PPK para las pymes y para las grandes empresas? En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con revertir la rebaja del IR y del aumento del IR a los dividendos que inició el Gobierno pasado. Creo que eso lo deberían dejar porque, en general, las empresas peruanas están enfrentando un entorno de crecimiento mayor, sin saber acceder todavía al mercado de capitales -salvo las grandes empresas-, por lo que me parece bien que tengan un incentivo para capitalizarse patrimonialmente para crecer. Eso está bien.
¿Y las otras medidas para formalizar a las pymes? Las medidas de simplificación tributaria para las pymes me parecen muy bien, pero yo no tendría tres regímenes (RER, RUS y RUC); el Gobierno debe ir un paso más allá, eliminar esos tres regímenes y dejar uno solo (RUC o DNI), en el que no hay posibilidad de factura o boleta, sino solo factura, que sea electrónica que se pueda transar. Después, el Gobierno debe hacer su política pública: de este universo de empresas, a las más chiquitas le da un subsidio mayor, a las medianas, un subsidio un poco menor, y a las que están arriba (grandes) nada. El problema real es que tienes que enfrentar a la Sunat, que está mal.
¿Cómo así? La Sunat ahora está cobrando un porcentaje (1.5%) de la recaudación total, que se reparte en bonos. La recaudación total no depende de la Sunat, sino de la Sunat y de los precios de los minerales. Entonces, si quieren que siga cobrando ese porcentaje que lo haga sobre lo que tienen control, es decir, que tengan bonos a partir de cuánto baja la evasión, de cuántos contribuyentes pagan impuestos. Además, a la Sunat tienen que cambiarle el chip: tiene que facilitar el pago de impuestos a los contribuyentes; el pago debe ser descentralizado, por Internet, con un diálogo muy fácil.
¿Y cuánto costarían las reformas que piensa hacer este Gobierno en el IR? No hemos hecho los cálculos porque no sabemos las medidas específicas, pero la recaudación del IR a personas naturales no es mucho, es 1.5% o 2% y la renta de empresas es como 7% (del PBI).
¿Y qué nos dice de la amnistía tributaria que plantea PPK? Lo que quieren es que la amnistía sea no solo para los que están acá y no han pagado sino para los que están afuera y además para que retornen ese dinero que sacaron del país. El punto es que si esta medida se vuelve popular, cada Gobierno nuevo lo va a querer hacer. Y si no es por única vez, la medida crea riesgo moral: no pago, me escondo, y espero porque el próximo Gobierno me va amnistiar. Si se hace, yo ataría esta medida a dos cosas: a mejorar la calidad del gasto público; y a reestructurar la Sunat.
‘‘El contralor está ahuyentando las inversiones en proyectos de infraestructura”
Usted afirma que al contralor no le compete levantar observaciones sobre la infraestructura de un proyecto. ¿Por qué? Su trabajo es ver si la ley se ha cumplido, no que si la tuneladora es la correcta, o si el ancho de las paredes o la profundidad de los túneles (especificados) no son los correctos. El señor (contralor) lo que está haciendo con eso es ahuyentar a los inversionistas, porque ahora un inversionista internacional está diciendo: có- mo un señor de carrera de la Contraloría está excediendo su atribución legal y está haciendo una serie de comentarios. Lo que el Perú quiere es atraer una serie de postores internacionales para los proyectos.
El contralor ha anunciado que va a poner oficinas de la Contraloría en los megaproyectos… Sí, y ha dicho que va a hacer responsables civilmente a los funcionarios de ProInversión y que la acreencia para el Estado (de la línea 2) es de más de US$ 200 millones. Es lógico que ahora esos funcionarios no quieran firmar, y están pendientes varios proyectos: los cierres de la carretera longitudinal de la sierra; línea 3 del tren; el Tren Macho; aeropuerto de Chinchero, entre otros. En todos estos procesos, todo está parado. Entonces, lo que está pasando es un circo. Lo que quiere el Perú son APP (proyectos de inversión bajo asociaciones públicoprivadas), mejor diseñados, por asesores legales integrados elegidos por concurso público internacional, que traigan a postores de todas partes.
¿Por qué cree que el contralor ha tomado esa posición? Yo creo porque el contralor es una persona creada por una Contraloría distorsionada de hace unos años, que actuaba en un contexto en el que muchos robaban. Pero no es su función hacer observaciones a la infraestructura, su función es verificar si se cumplió o no la ley. Es la Procuraduría Anticorrupción del Estado la que debería ser reforzada, pero en las APP no vas a estar persiguiendo fantasmas, lo que quieres es que vengan postores de primer nivel y no como varios megaproyectos ya en marcha en los que hubo al final un solo postor. Entonces, este fracaso del programa de concesiones se tiene que revertir, de manera que se atraigan más postores y las propuestas sean más competitivas.
