Política y economía: sí hay impacto
La economía resiste el ruido político cuando éste es transitorio. Pero la persistencia de la tensión política perjudica la confianza empresarial y el crecimiento potencial del país.
El futuro económico del Perú depende de que haya consenso político hoy. Las reformas estructurales necesarias para aumentar el crecimiento potencial del país sólo pueden realizarse si hay cooperación política. En contraste, la elevada tensión política de este año —provocada por hechos como el caso Lava Jato y por enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo— genera incertidumbre y disminuye la confianza empresarial. Ello afecta la inversión privada y en consecuencia reduce el crecimiento en el mediano plazo (SE 1579, SE Destaca).“Si de criaturas asustadizas se trata, el ruido político a los primeros que espanta es a los espíritus animales de los empresarios”, escribió Diego Macera, gerente general del IPE, en SEMANAeconómica (SE 1579, XIII Encuesta de gerentes generales).
El conflicto político también puede llevar al entorpecimiento de la ejecución de la inversión pública, el esperado principal motor del crecimiento durante el próximo año (SE 1588, SE Destaca). Pablo de la Flor, ahora exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, renunció a su cargo en octubre debido a su enfrentamiento con los gobernadores regionales, quienes exigieron su renuncia tras haber sido señalados por De la Flor como los responsables de las demoras en el proceso. “La renuncia inevitablemente va a llevar a demoras en la ejecución del gasto público”, resalta Jaime Reusche, vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s. Además, la decisión política de prohibir la reelección de autoridades subnacionales —ley que regirá por primera vez en las elecciones del 2018— reducirá el incentivo de los gobiernos regionales para ejecutar su todo presupuesto ese año, pues hacerlo ya no implicaría un beneficio político de corto plazo (SE 1570, SE Destaca).
IMPACTO FINANCIERO DE CORTO PLAZO
Un aumento súbito de la tensión política tiene un impacto estadísticamente significativo sobre variables financieras como el riesgo país y la tasa de interés interbancaria que se diluye en aproximadamente cincuenta días, según un estudio de BBVA Research. La división de estudios económicos del BBVA Continentalconstruyó un índice de tensiones políticas (ITP) a partir de una ponderación entre la frecuencia de noticias de carácter político y su tono. Luego simuló un aumento de 10% en el índice para ver cómo reaccionan las variables analizadas.
El impacto se disipa rápidamente. Durante febrero —mes de mayor tensión política en el año debido al escándalo de Lava Jato, según el ITP— el riesgo país promedio fue de 152 puntos, seis puntos más que la media de este año. En marzo bajó a 141 puntos. Del mismo modo, cuando las tensiones aumentaron en abril por las revisiones a la baja del crecimiento del 2017 a causa del Fenómeno El Niño, el riesgo país promedio subió a 149 puntos. El mes siguiente descendió a 141. La tasa de interés interbancaria —que sube cuando los bancos perciben una mayor probabilidad de incumplimiento de pagos— aumentó de 4.2% en marzo a 4.3% en abril. Dos meses después cayó 0.5 puntos porcentuales (pp). Estos indicadores son una confirmación de que las tensiones tienen un efecto en el muy corto plazo.
Los impactos financieros se diluyen rápidamente o no se materializan debido a la capacidad de las autoridades económicas para interceder y mitigar el ruido político, explicó Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, a esta revista a mediados de año. Esto es notorio en el caso del tipo de cambio: si bien la tensión política podría provocar una salida de capitales extranjeros del país y un aumento inesperado en el tipo de cambio, el BCR suele intervenir para evitar la volatilidad cambiaria. En febrero, mes en el que el ITP alcanzó su máximo valor, el tipo de cambio cayó 2% respecto del mes anterior, ya que el BCR intervino en el mercado cambiario y compró US$194 millones entre el 1 y el 21 de febrero. Así, mitigó el nerviosismo financiero generado por la tensión política de entonces.
En el corto plazo, los inversionistas extranjeros no reaccionan al ruido político del mismo modo que los locales. “Los extranjeros no se meten al detalle cuando hay un escándalo político. Valoran más la continuidad de las políticas macroeconómicas. Ellos ven la calificación crediticia y el track record del país, no los apellidos de las autoridades”, explica Reusche. En el largo plazo, si la política impide reformas estructurales para sostener la estabilidad macro —como reformar el sistema previsional—, sí se podría gatillar una salida de capitales.
ALTA INCERTIDUMBRE, BAJO CRECIMIENTO
La tensión política elevada y persistente genera un ambiente de incertidumbre que disminuye la confianza de los agentes e impacta negativamente a sus planes de inversión. El índice de tensiones políticas y la confianza empresarial tienen una correlación negativa por lo que se mueven de manera inversamente proporcional.
La falta de confianza de los agentes en un determinado mes se traduce en menor inversión y menores contrataciones en el siguiente, lo que tiene un impacto en el empleo y en la capacidad adquisitiva de las personas y, por lo tanto en el consumo y en la economía real. “La inestabilidad política desalienta y hay menos predisposición a contratar o a invertir”, comentó José Carlos Requena, analista del think tank político 50+1.
El índice de expectativas de la economía a tres meses alcanzó su punto más bajo en 14 meses en marzo de este año, exactamente un mes después del punto más alto de tensiones políticas según el ITP. En junio, el porcentaje de empresarios con intención de aumentar sus proyectos de inversión en el año llegó a su mínimo en 17 meses, según el SAE de APOYO Consultoría. En dicho mes, el porcentaje de empresarios con planes de reducir su personal fue el más alto desde el 2015. A nivel agregado, la inversión privada en el primer trimestre del 2017 fue 0.6 pp menor que en el último trimestre del 2016. Las tensiones políticas aumentaron 65% entre ambos períodos.
Hoy la economía es más sensible a la falta de confianza que en el pasado, por lo que el costo de la tensión política es mayor. “Hemos llegado a un punto en el que cada punto de crecimiento cuesta más esfuerzo, por lo que se tiene que crecer de la mano del sector privado, que es el que más multiplicador da [al crecimiento económico]. Si se afecta la confianza empresarial, se afecta la inversión privada, como vimos en los últimos años del gobierno de Ollanta Humala”, añade Reusche.
A FALTA DE CONSENSO, FUTURO ESTANCADO
El consenso político es necesario para implementar las reformas estructurales necesarias para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Según el FMI, la tasa máxima a la que la economía peruana puede crecer sin generar inflación —o PBI potencial— es de 3.8% del 2018 en adelante. Las reformas aumentarían esta tasa a 4.5%.
El PBI potencial viene en caída en los últimos años: en el 2012 era 6.5%, 2.7 pps más que en el 2017. La caída responde al debilitamiento de los soportes de crecimiento en los últimos años: la inversión bruta fija cayó a 22% del PBI, 4 pp menos que el promedio entre el 2008 y el 2013. La menor inversión debilitó la creación de empleo formal: el desempleo subió de 5.6% a 6.8% entre el 2013 y el 2017. La caída de la inversión, y el consecuente aumento del empleo informal, reducen la productividad y estancan el PBI potencial (SE 1572, Economía y Finanzas).
Para ejecutar reformas es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo. Esa concordia política tendría un impacto en la economía. Un ejemplo es la reforma laboral, que permitiría incrementar la productividad. El 58% la población considera que los empresarios invertirían más si las condiciones para el despido fueran más flexibles (SE 1594, Legal y Política). Estas medidas son impopulares —suponen un recorte de beneficios laborales— y no son viables en una coyuntura de bajo crecimiento económico como la del 2017, según Jorge Toyama, socio del estudio Miranda & Amado.
Que la política y la economía no fluyan por cuerdas separadas permitiría también una reforma tributaria. Ello ayudaría a que se mantenga la deuda pública por debajo del 30% del PBI, y a alcanzar un déficit fiscal de 1% del PBI en el 2021, luego de que se eleve hasta 3.5% en el 2018 debido a los gastos vinculados a la reconstrucción. Las agencias calificadoras de riesgo siguen ambos indicadores de cerca; de ellos depende la calificación crediticia del país (SE 1578, Economía y Finanzas).
El mayor crecimiento esperado en el 2018 supone una oportunidad para proponer estas reformas.
Las tres agencias principales siguen al factor político de cerca. “Una mejora en las instituciones políticas, menor corrupción y menor informalidad serían los factores que generarían una mejora en el rating crediticio”, según un reporte de agosto de Moody’s en el que se ratificó la calificación A3 del Perú. Fitch Ratings, por su lado, señaló que las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo son el principal factor de riesgo a una reclasificación, pues podrían provocar demoras administrativas que retrasen la inversión pública y la privada, lo que paralizaría el crecimiento “El fracaso de implementar reformas en los próximos dos años contribuiría a una menor confianza del inversionista, bajos prospectos de crecimiento y mayor vulnerabilidad de las finanzas públicas a shocks externos. La erosión de la institucionalidad peruana llevaría a una menor clasificación”, señaló Livia Honsel, analista de S&P, en un reporte.
