ProInversión: ¿Qué propone el Ejecutivo para su fortalecimiento en las facultades legislativas?

La posibilidad de que ProInversión acompañe en la ejecución contractual de los proyectos de infraestructura podría generar duplicidad de funciones si no se regula explícitamente el nivel de acompañamiento y la vinculación de sus opiniones.

La posibilidad de que Proinversión intervenga en los proyectos de Asociación Público Privada (APP) más allá de la fase de adjudicación podría ser un arma de doble filo. El proyecto de ley que el Ejecutivo le envió al Congreso para solicitar que le delegue facultades propone otorgar a Proinversión la capacidad de opinar sobre “aspectos de ejecución contractual o frente a controversias”. “Se pierde con un ProInversión que solamente llega hasta la adjudicación y lo transfiere a los sectores donde no se tiene capacidades para el manejo de APP”, reconoce Alberto Ñecco, exviceministro de Transportes.

Hoy, existen instancias durante la ejecución del contrato donde se reinterpretan sus cláusulas sin que exista un entendimiento de la lógica ni del contexto en el que fue firmado. “ProInversión podría ayudar que la relación con los concesionarios sea más fluida y los proyectos caminen, como ocurre con el mecanismo de obras por impuestos”, agrega Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal.

Sin embargo, algunas fuentes no esperan que la opinión de ProInversión, pese a ser la entidad con mayor conocimiento del proyecto, evite los crecientes arbitrajes ni que se diluya el temor de los funcionarios a firmar acuerdos mediante trato directo. “Frente a los mecanismos que ya existen, como el amigable componedor, no sé qué potencia adicional pueda tener ProInversión. Parece redundante incluirlo”, advierte Javier Illescas, exdirector ejecutivo de la agencia estatal.

El riesgo de una duplicidad de funciones con los ministerios y los reguladores también sería alto si no se regulan explícitamente las facultades de Proinversión, su nivel de acompañamiento y qué tan vinculantes son sus opiniones, explica Ronald Fernández Dávila, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. «La idea puede ser buena, pero el arte está en la implementación», remarca Illescas.

En línea con ello, otros especialistas advierten que hoy los ministerios están implementando los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), oficinas cuyo fin es que una sola entidad tome las decisiones en la gestión de los proyectos de APP. “Meter a ProInversión [en la ejecución] suena contradictorio. Ahí no es donde se necesita de un ProInversión más fuerte. El fortalecimiento debe pasar por darle el liderazgo y la capacidad de decisión en la estructuración y transacción del proyecto. Ese es su core business”, advierte Camilo Carrillo, associate partner de EY Perú.

Además, ProInversión se constituiría en “sujeto activo” para los procesos de expropiación de terrenos y liberación de interferencias. “La idea puede ser correcta, pero trasladar la función de los ministerio a ProInversión sin modificar los procedimientos y el enfoque no va a tener un resultado distinto”, advierte Ñecco.

Además, esta labor requerirá de presupuesto para una unidad específica encargada de estos procesos para generar el know how que, hoy, no tiene ProInversión. “En los ministerios el conocimiento se pierde por la rotación de funcionarios, en cambio en ProInversión se mantiene el personal”, agrega Fernández Dávila.

SEMANAeconómica contactó a ProInversión para la elaboración de este artículo, pero al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.