Arbitrajes: proyectos de ley afectarían transparencia en procesos
Dos proyectos de ley presentados por Fuerza Popular podrían debilitar seriamente el funcionamiento de los mecanismos de arbitraje.
El Pleno del Congreso tiene pendiente debatir dos proyectos de ley, presentados este año por Fuerza Popular, sobre el funcionamiento del arbitraje. Estas iniciativas legislativas debilitarían el marco legal del arbitraje y facilitarían la corrupción en las contrataciones con el Estado. También supondrían una traba al ingreso del Perú a la OCDE al ir contra las prácticas recomendadas para incentivar la inversión extranjera directa, de acuerdo con fuentes consultadas por SEMANAeconómica.
Al ser apoyados por la bancada mayoritaria, es altamente probable que los proyectos de ley obtengan los votos necesarios para ser aprobados y promulgados. Uno de ellos, el PL 1206-2016/CR, ya fue aprobado en mayo por el Pleno del Congreso, está pendiente de resolver su observación por el Ejecutivo. El otro, el PL 1088-2016/CR, está aun en la Comisión de Justicia, pero ya viene generando preocupación en el sector.
CAMBIOS EN ARBITRAJE
Existen dos formas de arbitraje: ante una institución arbitral (por ejemplo, Cámara de Comercio de Lima y AmCham) y ante árbitros ad hoc nombrados directamente por las partes en controversia.
Entre el 2012 y 2013, el 68% de arbitrajes fue ad hoc de acuerdo a la Contraloría. Al destaparse el caso Lava Jato, se observó que las empresas involucradas solían nombrar recurrentemente a los mismos árbitros, lo que cuestionaba la parcialidad de estos. En este contexto, el Ejecutivo emitió en enero de este año el Decreto Legislativo n° 1341 que obligaba que los arbitrajes relativos a contrataciones públicas fueran institucionales. El primer proyecto comentado —PL 1206-2016/CR— busca derogarlo.
Los arbitrajes institucionales permiten un mayor control del proceso, especialmente cuando son conducidas por entidades reconocidas en el entorno empresarial. Además, facilitan una mejor revisión posterior, en tanto la documentación es conservada. Por otro lado, suelen tener mecanismos para filtrar la selección de los árbitros, asegurando mayor imparcialidad en el proceso.
Contra estos mecanismos se dirige el segundo proyecto de ley comentado (1088-2016/CR), que busca impedir a las instituciones arbitrales controlar el nombramiento de árbitros salvo que las partes expresamente acuerden permitirlo. Ello lleva a que el arbitraje institucional pase a hacerse más parecido al ad hoc, perdiendo parte de las ventajas que actualmente tiene. Esto lo haría perder sentido, indica Ana María Arrarte, socia del estudio Echecopar.
CONSECUENCIAS
Al ser el arbitraje ad hoc la regla general, el Estado podrá seguir enfrentando muchos de éstos si el Congreso llega a derogar el decreto que hace de los arbitrajes institucionales una obligación. Ante esta posibilidad, una solución sería incluir en los contratos estatales cláusulas estandarizadas que establezcan arbitrajes institucionales.
De aprobarse el segundo proyecto, en el que se elimina mecanismos para seleccionar árbitros imparciales, las empresas podrían negarse a que los centros de arbitraje controlen los nombramientos.
Estas modificaciones normativas van en contra de las recomendaciones de la OCDE para ofrecer estabilidad a las empresas, dificultando el ingreso del Perú a esta organización. Se produciría además, de acuerdo al Global Arbitration Review, el posible retiro de varias instituciones arbitrales internacionales. Como indica la International Chamber of Commerce, éstas consideran indispensable tener cierto control sobre el nombramiento de árbitros en los arbitrajes a su cargo.
Finalmente, estas propuestas legislativas limitarían la captación de nuevas inversiones internacionales directas. Como indica Ana María Arrarte, socia del estudio Echecopar, éstas necesitan estabilidad y seguridad jurídica, y un sistema de resolución de controversias eficiente es indispensable para ello.
