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Política tributaria: no tropecemos dos veces con la misma piedra

BAJO LA LUPA – Luis Alberto Arias, Economista

SE DEBEN REVERTIR DOS DE LAS MEDIDAS QUE MAYOR PÉRDIDA FISCAL CAUSAN: EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y EL INCREMENTO DE LAS DEDUCCIONES DE 7 A 10 UIT.

En los últimos tres trimestres, la actividad económica se ha desacelerado; así, luego de crecer 4.5% en el tercer trimestre del 2016, el crecimiento del PBI se desaceleró a 3% en el último trimestre del 2016, a 2.1% en el primer trimestre del 2017 y algo menos de 2% en el segundo trimestre del 2017.

Una mirada más aguda nos muestra una economía que crece a dos velocidades a partir del segundo trimestre del 2015; de un lado, los sectores primarios tienen una tasa de crecimiento en promedio de 8.9% –con alta volatilidad– y, de otro lado, los sectores no primarios tienen una tasa de crecimiento promedio de 2.3% – con tendencia a desacelerarse en los dos últimos trimestres inclusive por debajo del 1%–.

Los factores económicos que han provocado esta desaceleración son cuatro, en orden cronológico: a) Un severo ajuste fiscal (recorte de gasto público) aplicado a partir del cuarto trimestre del año 2016. b) Los escándalos de corrupción de Odebrecht que se empiezan a conocer en diciembre del 2016. c) La reforma tributaria que redujo ingresos a partir del primer trimestre del 2017 y que contribuyó a exacerbar el ajuste fi scal. d) El fenómeno de El Niño que se presenta desde mediados de febrero del 2017.

Pese a ello, existe casi un consenso entre los analistas que lo peor ya habría pasado, y que a partir del segundo semestre del año el crecimiento del PBI se recuperaría debido a que finalmente los proyectos de inversión pública empiezan a destrabarse, los mejores términos de intercambio impulsarían una mayor inversión minera y a que factores temporales como el fenómeno de El Niño y los escándalos de corrupción no se repetirían o empezarían a disiparse.

Si bien comparto este consenso, el debate se cierne sobre tres incógnitas: (i) la velocidad de la recuperación; (ii) el nuevo nivel de crecimiento del PBI que podría alcanzarse al final del nuevo ciclo expansivo; y (iii) la sostenibilidad de este ciclo expansivo. Los factores que determinan la respuesta a estas incógnitas son el corto plazo, la capacidad de recuperación de la demanda agregada, de la cual la política fiscal es un componente clave, y en el mediano plazo las mejoras de productividad.

La política fiscal

A partir del último trimestre, el Gobierno aplicó una política fiscal contractiva de recorte del gasto público. Si bien existía la necesidad de evitar que el déficit fiscal continuara creciendo, el recorte del gasto no era la única opción existente. El MEF se equivocó en el uso de los instrumentos y en su dosis. Hizo recaer el peso del ajuste exclusivamente en el gasto público. Existía la opción de aplicar una combinación de un menor gasto con reformas que, a la vez que mejoraran la neutralidad y eficiencia de la política tributaria, mejoraran los ingresos.

Meses después, el MEF desaprovechó las facultades legislativas para proponer este tipo de reformas vía, por ejemplo, la racionalización de exoneraciones. Por el contrario, propuso una reforma tributaria que no formalizó (objetivo anunciado), pero lo que fue peor, afectó negativamente a la recaudación. Hoy se estima un costo permanente de menores ingresos de alrededor de 0.5% del PBI. Esta reforma hizo que el ajuste fiscal fuera más severo y duradero, contribuyendo, por la vía del menor gasto público, a la desaceleración de la economía.

A su vez, la desaceleración de la economía junto con la inadecuada reforma tributaria han afectado seriamente a los ingresos. Al inicio de gestión, la presión tributaria (del Gobierno central) era de 14% del PBI. El Gobierno se fi jó como meta aumentarla a 17% en los próximos 5 años. Al término del primer año ha descendido a 13% del PBI o algo menos. Las esperanzas se cifran en los ingresos que traerían las amnistías tributarias, una aplicable a las mypes, que vence en junio, y otra de mayor alcance consistente en incentivar la repatriación de capitales no declarados, que vence en diciembre.

Así, en el 2017 el déficit fiscal a junio ya bordea nuevamente el 3% del PBI luego de haber disminuido a 2.6% del PBI en el 2016. El crecimiento del déficit se debe exclusivamente a la caída de los ingresos, ya que los gastos no han aumentado en el primer semestre, por el contrario, la inversión pública ha disminuido. Es decir, el ajuste fiscal fracasó en sus intentos de reducir sostenidamente el déficit, y su fracaso se debe al fracaso de la reforma tributaria, que no formalizó ni tampoco recaudó.

Las perspectivas

El MEF, con un nuevo ministro a la cabeza, es hoy consciente que una presión tributaria de 13% del PBI es poco lo que puede hacer para mejorar la infraestructura y los servicios de educación, salud y seguridad ciudadana. Esperar que la recuperación económica, por si sola, incremente los ingresos de manera suficiente sería errado. Es verdad que en el 2108 hay un mayor espacio para gastar debido a que la meta de déficit se ha ampliado a 3.5% del PBI, pero a partir del 2019 será necesario retomar la senda de reducción del déficit fiscal. No hacerlo equivaldría a aumentar la deuda por encima del 30% del PBI o gastar los ahorros de manera más acelerada.

 

Frente a ello se requieren nuevas medidas tributarias o corregir la última reforma. Me inclino por hacer ambas cosas: buscar el consenso político para racionalizar las exoneraciones y revertir dos de las medidas que mayor pérdida fiscal causan: el Régimen Mype Tributario y el incremento de las deducciones de 7 a 10 UIT. Recurrir al aumento de tasas, tales como la del pago anticipado del IGV (detracciones), sería volver a errar. Las detracciones se agotaron como instrumento de reducción de la evasión, encarecen los costos de cumplimiento y restan liquidez a las empresas, particularmente a las mypes. No tropecemos dos veces con la misma piedra.

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